(Nota de Prensa 067_2020) El Gobierno nacional declaró a los servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como “públicos esenciales y estratégicos en competencia”. Los prestadores cooperativos piden que la reglamentación tenga en cuenta su naturaleza distintiva respecto de las grandes empresas que concentran el mercado. // Artículo publicado en la edición N°112 de Identidad Cooperativa.

La pandemia causada por el coronavirus-COVID19 y su consecuente aislamiento social obligatorio reveló la necesidad e importancia de universalizar la conectividad y asequibilidad a las tecnologías de la información y comunicación. El objetivo es claro: reducir la llamada brecha digital.

En este contexto de emergencia sanitaria mundial, no quedan dudas de que internet se ha transformado en un servicio esencial a partir del cual la población tiene la posibilidad de acceder a derechos fundamentales para su vida digna: trabajo, salud, educación, información, comercio, cultura, esparcimiento. Inclusive para garantizar el normal desenvolvimiento de las instituciones públicas y privadas que conforman el tejido social; o el contacto con los seres queridos en el marco del distanciamiento social.

En esa línea, el Gobierno nacional sancionó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20 que declaró a los servicios de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”, suspendió aumentos de tarifas por lo que resta del año, incorporó a la telefonía móvil como servicio público y restableció potestades regulatorias –derogadas por el Gobierno anterior mediante el DNU N° 267/2015– en materia de precios y prestaciones básicas.

Dentro de los fundamentos del decreto se indica que “la convergencia de tecnologías constituye parte de la naturaleza misma del desarrollo del sector, por lo cual es un deber indelegable del Estado nacional garantizar el acceso y uso de las redes de telecomunicaciones utilizadas en la prestación de los servicios de TIC así como el carácter de servicio público esencial y estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones en competencia, estableciendo no solo las pautas para el tendido y desarrollo de la infraestructura en término de redes de telecomunicaciones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional sino también las condiciones de explotación de aquella, de modo tal que se garantice la función social y el carácter fundamental como parte del derecho humano a la comunicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”.

El rol de las cooperativas

Sin lugar a dudas, universalizar y garantizar el acceso equitativo a este derecho esencial debe contar con la activa participación del sector cooperativo, que representa ni más ni menos que a los propios usuarios/asociados y a las comunidades organizadas a partir de la autogestión.

De allí que resulta vital que las entidades representativas del sector participen de la reglamentación del DNU 690/20. En este sentido, ya hubo un primer acercamiento y diversas organizaciones –entre ellas FEDECOBA- fueron convocadas por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para que pudieran expresar su visión al respecto.

Escuchar “a quienes tienen contacto a diario en las pequeñas y medianas comunidades, alejadas de los grandes centros urbanos, brindando servicios en condiciones muchas veces adversas, sin dudas significará una importante colaboración para lograr los fines previstos en esa norma, considerando además que por esa prestación diferencial estos pequeños prestadores, sin fines de lucro en el caso de cooperativas, deben tener un tratamiento acorde a su naturaleza y distinto a los grandes jugadores del sector, sostuvo, por ejemplo, el presidente de FEDECOBA Ariel Guarco en una nota publicada en el diario Página 12.

Al respecto, la posición del sector quedó expresada en nota remitida al ENACOM de manera conjunta por FEDECOBA, CATEL y COLSECOR en la que señalan los puntos que debería tener en cuenta el organismo al momento de reglamentar la norma. Entre otras cuestiones indicaron que “un clásico problema de las políticas públicas en nuestro país consiste en tratar con la misma vara a actores muy diferentes, que en los hechos redunda en mayores ventajas para los más grandes y concentrados. Para salir del círculo vicioso, es preciso reconocer la incidencia que tienen diferentes prestadores en distintas localidades del territorio y la función social y productiva que cumplen (incluyendo indicadores como empleabilidad, producción de contenidos locales, relación con industrias y con el comercio local, entre otros)”.

Por su parte, el vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, adelantó durante un seminario internacional que el organismo analiza “reglamentaciones diferenciadas de acuerdo al tipo de servicio y al tipo de empresa”. Entre otras cuestiones sostuvo: “No vamos a fijar tarifas. Vamos a autorizar los aumentos de precios que propongan los privados. La única diferencia es que van a tener que justificarlo con los costos y la inversión. Una cosa será para las grandes empresas, otra para las medianas, otra para las chicas y otra para las cooperativas”.

Seminario sobre telecomunicaciones para un desarrollo federal e inclusivo

Desde el inicio de la nueva gestión, el Directorio del INAES identificó a las telecomunicaciones como uno de los ejes centrales necesarios para el desarrollo y fortalecimiento del sector de la economía social y solidaria. Con este objetivo, previo a la sanción del mencionado DNU, la Comisión de TIC del instituto llevó adelante entre julio y agosto un seminario online, bajo el lema «La universalidad de los servicios de telecomunicaciones: resolviendo el presente, planificando el futuro».

De este modo, durante ocho encuentros virtuales referentes y organizaciones del sector TIC y de la economía social (entre las cuales estuvo FEDECOBA en uno de los paneles y Ariel Guarco como presidente de la ACI cerrando el seminario) analizaron junto a las principales autoridades del sector del Estado Nacional, de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones y del ámbito académico, el panorama actual de la universalización de los servicios de comunicaciones y el rol del movimiento asociativo argentino en la prestación de servicios de telefonía, Internet, video cable, TV digital y radiodifusión, reflexionando sobre cómo resolver los problemas del presente y planificar hacia el futuro en el marco de las nuevas tecnologías emergentes.

En este sentido, desde la Comisión de TIC del INAES se manifestaron a favor de aumentar la conectividad y alcanzar la universalidad de los servicios TIC (Fondo del Servicio Universal y FOMECA), y manifestaron la necesidad de profundizar los esfuerzos de inclusión tecnológica, tanto a través del mejoramiento y expansión de la infraestructura (Plan Nacional de Fibra Óptica, fortalecimiento de ARSAT); como así también la importancia de que la Economía Social y Solidaria sea parte en el desarrollo de los nuevos modelos de servicios basados en las tecnologías emergentes como internet de las cosas (IoT), inteligencia artifical (IA), 5G; por lo que los modelos regulatorios a implementar deben tenerla en cuenta, especialmente en la adjudicación de frecuencias de 5ta. generación y siguientes.

Podés encontrar esta nota en la edición N°112 de Identidad Cooperativa