(La Nación) – Los fallos de la Justicia las obligan a dar marcha atrás con las subas y dicen que eso les dificulta cubrir costos.

Por Gabriela Origlia – Seiscientas cooperativas eléctricas prestan servicio a alrededor del 20% de los argentinos, en especial en zonas rurales. Sus tarifas, en promedio, están un 70% por encima de lo que pagan los clientes de otras distribuidoras y, en muchos casos, reclaman incrementos de hasta 40 por ciento.

Como los reclamos de los consumidores en la Justicia no les dejan aumentar las tarifas, advirtieron que estaría en riesgo la calidad del servicio que prestan.

Desde sus consejos de administración aseguran que no darán marcha atrás en sus reclamos más allá del debate y los topes instrumentados por el Gobierno a los incrementos de gas y luz de otras distribuidoras.

En el caso de Buenos Aires -donde hay unas 200 cooperativas que sirven a 240 localidades- Nicolás Ambrosius, presidente de la Asociación de Prestadores Eléctricos bonaerenses (Apeba), advierte que el fallo judicial que frenó el aumento las obliga a retrotraer los ingresos, «pero los gastos, producto de la nueva tarifa fijada a las cooperativas por la compra de energía a las generadoras, se multiplicó por tres, y a su vez el resto de los costos también se multiplicaron».

En esa línea planteó que «de persistir esta situación, en los próximos 30 días se puede producir un deterioro de un servicio que es vital», como la electricidad, a la vez que deja entidades al borde de la quiebra.

Córdoba, Neuquén, La Pampa y Santa Fe están entre los distritos con más cantidad de estas entidades. José Álvarez, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), admite que en el sector conviven realidades «muy distintas» y existen «dificultades» en muchas. En este caso, la regulación tarifaria depende de cada ente provincial.

Desde FACE aseguran que, desde la salida de la Convertibilidad, los costos de prestación del servicio se multiplicaron entre diez y 15 veces, mientras que las tarifas «en ningún caso acompañaron ese desplazamiento». Incluso, con el plan de convergencia que en 2014 instrumentó el kirchnerismo, se congelaron a cambio de fondos para inversiones.

«Hay cooperativas que nunca recibieron un peso y otras que sólo percibieron una parte -describe Álvarez-. Ofrecían recursos para obras, pero los problemas se centraban en la inflación y la suba de gastos corrientes».

Los problemas financieros provocados por esa situación se paliaron con factores como la incursión en la prestación de otros servicios, el aprovechamiento de algunos vericuetos de los contratos de concesión o, directamente, endeudamiento.

Ricardo Airasca, presidente de la comisión de Política Energética de FACE, enfatiza que las cooperativas siempre recibieron los mismos subsidios que las otras distribuidoras, nada extra, aunque sus costos son más altos en relación con la cantidad de clientes y la dispersión geográfica que tienen.

Sobre los reclamos de clientes respecto de que las facturas de las cooperativas incluyen ítems como servicios sociales, aportes a bibliotecas o centros juveniles o ayuda a los bomberos, apunta que algunos son de «adhesión voluntaria» y están incluidos para «aprovechar la estructura; el mismo padrón facilita el multiservicio. Llegamos donde el Estado no llega y donde a los privados no les interesa». Los cooperativistas defienden sus tarifas en función de la «buena calidad de servicio».

Caso a seguir

En Córdoba, tanto la Empresa Provincial de Energía (Epec) como las cooperativas esperan un informe técnico que está elaborando la Universidad Nacional de Río Cuarto respecto de las características que debería tener un fondo compensador. Las entidades indican que de agosto de 2000 a febrero último, Epec aumentó un promedio del 1000% y la energía del mercado eléctrico mayorista subió 900%. Las cooperativas no siguieron esa tendencia. «Estamos expectantes de lo que suceda en Córdoba -explica Airasca-. Podría ser un modelo a seguir. Queremos tener claridad de cómo se seguirá hacia adelante la política nacional».

El ex secretario de Energía Raúl Olocco indica que para un fondo compensador los recursos «los terminarán poniendo otros. Las cooperativas sirvieron y sirven para llegar a donde no hay otros prestadores, pero también es cierto que muchas se desvirtuaron y son negocios. Tienen que aggiornarse». Insiste en que el Estado será el que tenga que poner los ingresos para el fondo compensador, por la que deberán ser controladas en su eficiencia, al igual que deberían serlo las empresas. «No se trata de quejarse y que aparezca más plata, porque nada es gratis», completó.

Pequeños proveedores

Hay más de 600 cooperativas eléctricas en todo el país, que les prestan servicio a un 20% de los clientes

Su tarifa suele ser más cara que la de las empresas distribuidoras, pero sostienen que llegan a lugares donde otras empresas no alcanzan

Por los problemas para aumentar los precios, reclaman la constitución de un fondo compensador que les permita cubrir costos