El movimiento cooperativo eléctrico está apretado por dos pinzas: una coyuntural y de política económica -el desfinanciamiento por el atraso en las tarifas- y otro estructural -entidades pequeñas que deben asumir altos costos-. Una situación crítica y un gobierno que no parece dar respuestas.

(La Arena). Por Norberto G. Asquini

El movimiento cooperativo eléctrico pampeano vive actualmente una situación crítica. Un presente que reclama soluciones, sobre todo para algunas de las entidades más pequeñas del sistema.

Esta semana hubo dos hechos que muestran ese presente con ciertos nubarrones en su horizonte. Por un lado, la reunión con las autoridades de la Administración Provincial de Energía para pedir por una readecuación de las tarifas eléctricas o la rebaja del precio del servicio, y también por posibles medidas que ayuden a algunas cooperativas comprometidas. Por el otro, 20 entidades, más la Federación que las representa (Fepamco), presentaron recursos ante el gobierno contra la decisión de apropiarse de las columnas de alumbrado fabricadas o compradas e instaladas por las cooperativas. Dos problemáticas distintas, pero que aprietan en un solo sentido.

Desfinanciadas

Aunque hay una multiplicidad de casos en las 28 entidades del movimiento (desde la CPE de Santa Rosa y Corpico de General Pico -las grandes-, pasando por las intermedias y las más chicas), hay una cuestión que condiciona a todas. Las tarifas eléctricas estancadas y los costos que aumentan mes a mes.

Actualmente piden un aumento o la rebaja en el precio mayorista para compensar los incrementos en los salarios luego del acuerdo paritario con el gremio de Luz y Fuerza. En esa negociación se determinó una suma fija para los primeros tres meses de 3.600 pesos y un 10 por ciento de pauta por los primeros meses del año.

Sin embargo, el último incremento de la tarifa eléctrica en la provincia, que lo determina APE, o sea el gobierno provincial, fue en octubre, solamente para cubrir los costos de una negociación salarial anterior. Esta ha sido la metodología desde hace por los menos tres años. Los incrementos sólo cubren aumentos puntuales a los empleados, pero llegan tarde, y no son retroactivos.

No sólo se corre a los salarios desde atrás. Los incrementos también se han notado en los insumos, con una suba -según fuentes del sector- superiores a la inflación.
Esta vez el movimiento cooperativo pidió un aumento de tarifa para comenzar a cobrarlo en mayo o que se rebaje el precio de compra de la energía para cubrir los mayores costos mencionados. En junio hay una nueva discusión salarial con Luz y Fuerza y los sueldos, que representan un promedio del 50 por ciento de lo que se cobra en cada boleta al usuario, volverán a pesar en la recaudación de las entidades.

De esta manera, los niveles de ingresos no llegan a cubrir en un todo los salarios e insumos con aumentos constantes. Esto pone en riesgo al sistema cooperativo, que se está desfinanciando.

Perjudicados

Las más perjudicadas ante este panorama son las cooperativas de menores dimensiones. Aunque también hay problemas no sólo coyunturales, sino también estructurales que pesan en la crítica situación actual. Las entidades más «chicas» tienen menos asociados y varias deben mantener líneas rurales muy extensas y costosas, por lo que implica en mantenimiento a través de sueldos, combustible e insumos.

Distintos referentes del movimiento cooperativo que conocen la situación interna del sector hablaron de las más comprometidas. Por supuesto, hay un marco general que las afecta, pero también hay que analizar distintas realidades y cuestiones internas de cada entidad. La de Villa Mirasol, Rolón o Abramo tienen un presente complicado por su pequeña envergadura. Otras como Quemú Quemú o Winifreda tienen extensas líneas rurales de decenas de kilómetros que cuesta mantener. En la segunda de estas, por ejemplo, se suman a los costos algunos juicios laborales, además de una importante planta de personal.

Realidad diferente

Frente al problema del desfinanciamiento que sufren las cooperativas, desde el gobierno provincial han sido renuentes a los aumentos de tarifas o a bajar los precios de la energía. Esto tiene que ver con sostener en lo provincial una política nacional de no subir las tarifas para mantener los números macros. Por ejemplo, entre los mecanismos para sostener sin cambios las tarifas está la medida de que si los municipios aumentan las tasas, se retira el mismo incremento de subsidios a las boletas de luz de los usuarios.

Pero más allá de acompañar una línea política similar a la aplicada en Nación, la Provincia debería lograr los mecanismos para sostener al movimiento cooperativo eléctrico. La realidad local es muy distinta a la nacional, ya que las entidades pampeanas no son grandes empresas multinacionales.

Avanzadas

Si hay un seguidismo de la gestión provincial a la política nacional en el tema tarifario, también hay una política local hacia las cooperativas eléctricas. El gobierno pampeano parece seguir una línea no favorable a sostener el cooperativismo y a equiparar estas entidades con empresas del sector privado.

La última resolución del Ministerio de Obras Públicas en la que se apropia de las columnas de las cooperativas eléctricas es una clara señal de esto. La decisión se tomó intempestiva e inesperadamente. Y partió de un error de hecho de los funcionarios, convencidos -pero equivocados- de que esas columnas son del Estado provincial.

Consultados diferentes dirigentes cooperativistas, algunos referentes de las entidades intermedias o chicas consideran que las posiciones del gobierno de Oscar Mario Jorge tiene que ver con un enfrentamiento cuasi velado con la CPE y Corpico, las dos grandes. Pero todos coinciden que más allá de las causas de esa mala relación, esas decisiones afectan a todas en su conjunto. Más allá de situaciones particulares con una u otra entidad, en general sus dirigentes entienden que el gobierno no es proclive al movimiento cooperativo eléctrico.

Para las más grandes, medidas como la resolución de las columnas lleva implícito no sólo una avanzada sobre el sector, sino también el abrirle las redes a la competencia de las empresas multinacionales de TV por cable que podrán acceder en forma gratuita a su uso. Y hasta algún dirigente analiza que la falta de aumento de las tarifas llevará a un vaciamiento financiero de las entidades.

Falta de comunicación

Por otro lado, la relación entre el gobierno y el movimiento cooperativo eléctrico no ha sido lo suficientemente fluida. Se reconoce que durante la gestión de Carlos Verna hubo un trato más directo con el Ministerio de Obras Públicas y mayor apertura. Es verdad que con Jorge se puso un subsecretario de cooperativas que es dirigente de la cooperativa de Macachín y ahora en la APE a un titular que conoce de adentro la problemática. Pero falta comunicación y entendimiento con el sector desde la misma cúpula del gobierno. O no hay decisión política para acercarse.

Desde Fepamco se apuesta a revertir esta situación, que es nacida directamente de la concepción que tiene Jorge hacia el cooperativismo. Han presentado ya 28 notas, una por cada cooperativa, para que la Federación sea recibida en audiencia con el mandatario para analizar la problemática del sector. Todavía están esperando.