Ante la falta de fondos, las distribuidoras demoran los pagos de la energía que venden a los usuarios. Y el Gobierno frenó subas que había concedido a los productores en 2010.
(El Cronista Comercial) – El sector eléctrico, que el kirchnerismo mantuvo a flote en base a remiendos legales, inyecciones de fondos a través de subsidios y parches específicos según la necesidad de cada eslabón de la cadena, entró en una etapa de delicadeza extrema. Al menos así lo entienden algunos de sus principales actores, entre los que se encuentran tanto acreedores como deudores del propio Estado.
Los números oficiales, que el Gobierno intenta por todos los medios no mostrar, ponen en blanco sobre negro esa situación. De acuerdo con información de Cammesa al viernes 16 de marzo, los saldos con dificultad de cobro de las distribuidoras «prestan el servicio final al cliente, como Edenor y Edesur» con ese organismo era de casi $ 134 millones. Esa cifra es 42% mayor a los $ 94,25 millones que sus planillas registraban el pasado miércoles 7; es decir, nueve días antes. Si se toma en cuenta toda la deuda de las empresas (no sólo la parte considerada más sensible) el número es mucho mayor: araña los $ 250 millones.
El crecimiento exponencial de la deuda de las distribuidoras con Cammesa tiene, para los ejecutivos del sector eléctrico, una explicación simple: el constante incremento de costos, tanto salariales como de mantenimiento, dejó casi sin margen de acción financiera a las compañías, que en muchos casos no reciben aumentos tarifarios o son menores en comparación con el incremento de erogaciones. «Ante la falta de caja, prefieren no pagar la energía que venden y financiarse de esa manera», explicó un ejecutivo.
Es la última pieza de una ingeniería de vicios. Cammesa es la empresa administradora del mercado eléctrico creada durante la privatización del sistema, en los ’90. Si bien es un organismo pentacefálico (participan las cuatro asociaciones que representan a proveedores de servicios y consumidores, así como al Estado), durante el kirchnerismo se convirtió en una mano ejecutiva del Gobierno. Se encarga, entre otras cosas, de recibir los pagos de las distribuidoras (le cobran a los usuarios finales) y girarle los fondos a los transportistas y, en especial, a los generadores (como Central Puerto, Dock Sud, Costanera, Yacyretá), que se llevan la parte más gruesa de la factura eléctrica. Así, la falta de pago de las distribuidoras desfinancia a Cammesa y complica la cadena aguas arriba.
Más de una decena de empresas decidió discontinuar sus obligaciones. Entre los nombres que más llaman la atención figuran Epec, la distribuidora de Córdoba; EPE, de Santa Fe; Emsa (Misiones); Edelar (La Rioja) y Edelap, la empresa encargada de prestar el servicio en La Plata, que solicitó un plan de pagos. Hasta el momento continúan pagando en fecha Edenor y Edesur, del área metropolitana y las dos principales compañías del sector, pero en sus entornos aseguran que son presa de la misma tendencia. «Frente a la escasez de caja, las empresas tenemos tres patas sobre las cuales ajustar: las inversiones, los salarios y los pagos de la energía a Cammesa», explicó un ejecutivo del sector.
Los problemas de caja del Gobierno no sólo llevaron a la progresiva quita de subsidios a empresas y hogares porteños y bonaerenses, sino también a un recorte en los ingresos de los generadores de electricidad. En noviembre de 2010 firmaron un acuerdo hasta 2011. Allí aceptaban postergar algunos reclamos y hacer inversiones a cambio de un aumento en su remuneración. El Gobierno les llevó de $ 12 a $ 30 el precio del megawatt (Mw) por la potencia (es el premio a la disponibilidad de generación). También comenzó a pagar adicionales de operación y mantenimiento, que cobraron regularmente hasta las elecciones del año pasado.
El secretario de Energía, Daniel Cameron, les había informado que extendería el acuerdo. Pero en los primeros días de enero dio por suspendida cualquier prórroga. Así, los generadores vieron caer en un 60% sus ingresos por potencia.
Todo eso despertó una gresca entre empresarios y funcionarios. Los primeros no aprobaron la programación estacional de invierno de Cammesa por primera vez en 20 años. Pero Cameron dio la orden de continuar con las operaciones.
