Más de cuatro millones de bonaerenses tendrán que pagar casi el triple por el servicio de agua potable a partir del primer día de junio: el gobernador Daniel Scioli dispuso por decreto un drástico aumento, del 180%, en la tarifa que cobra la empresa estatal que provee de agua y cloacas a los habitantes de La Plata y de otras 85 localidades del interior provincial.
El inminente aumento de la tarifa se conoce en momentos en que el gobierno bonaerense pugna por cerrar las cuentas públicas. Scioli impulsa aumentos y reestructuraciones en varios impuestos (inmobiliario rural, ingresos brutos y sellos) y la eliminación de exenciones tributarias a servicios como la telefonía celular y la TV por cable. La Legislatura trataría el mes próximo el proyecto oficial que define esos cambios. La noticia de la suba tarifaria fue confirmada durante la tarde por fuentes de Aguas Bonaerenses SA (ABSA), la prestadora del servicio en buena parte del territorio bonaerense, que es propiedad del Estado provincial en un 90%. Uno de los primeros en reaccionar ante la novedad fue Walter Battistella (UCR), intendente del municipio de Nueve de Julio. Allí (y en distritos vecinos, como Pehuajó), varios estudios científicos realizados en los últimos años determinaron que el nivel de arsénico (una sustancia tóxica) en el agua entregada por ABSA supera los niveles permitidos por la ley. «[El incremento tarifario] me parece una locura -dijo Battistella-. Lo primero que se debería hacer es brindar calidad al servicio y sólo después considerar un aumento.» Consultado por LA NACION, el jefe comunal dijo que ayer mismo entregó a la empresa los resultados de análisis que demuestran que la concentración de arsénico en el agua en ese distrito es demasiado alta. Aunque la suba de la tarifa aún no fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires (un paso necesario para que entre en vigor), voceros de ABSA corroboraron ayer que será del 180% y que entrará en vigor en junio. Los únicos exceptuados serán los beneficiarios de las tarifas «social» y «social-institucional»: jubilados, pensionados, familias de bajos recursos y entidades de bien público, todos usuarios ya registrados en esas categorías. Las fuentes de la empresa prestataria aseguraron que para el 80% de los usuarios el incremento será de sólo 34 pesos por mes. También dijeron que ABSA está «pensando en la universalización del saneamiento para todo el territorio de la provincia». «Mañana vamos a pedirle información a la empresa acerca de los motivos por los que se pide semejante aumento tarifario, si se realizó un estudio para llegar a esa cifra y si se va a llamar a audiencia pública para debatirlo, que es un derecho garantizado por la Constitución nacional», dijo a LA NACION Pedro Bussetti, presidente de la organización Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco).
