Una versión cada vez más extendida en el mercado eléctrico comenzó a inquietar en las últimas semanas los ánimos de los empresarios: después de la nacionalización de YPF, el Gobierno analiza alternativas para aumentar su injerencia en el despacho de electricidad.
Desde Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico, explicaron a El Cronista, bajo pedido de anonimato, que el Gobierno tiene la intención de centralizar esa operación en el Estado, justamente, mediante un control total, tanto en el capital accionario como en las decisiones, de esa empresa. La idea germina entre los despachos de Julio de Vido, ministro de Planificación, y de Axel Kicillof, el viceministro de Economía.
En Cammesa apuntaron otro dato: el Gobierno podría anexar la transportadora Transener, una empresa de Pampa Energía, a Cammesa. Es algo que ocurre en otros países, justificaron.
Otras fuentes consultadas, tanto públicas como privadas y pertenecientes a diferentes eslabones de la cadena eléctrica, confirmaron la intención oficial, si bien la ubicaron en un nivel de análisis.
Cammesa es la compañía administradora del mercado eléctrico. En el sector la denominan como un ente pentacefálico, dado que tiene participación del Gobierno, a través de la Secretaría de Energía, y de los principales actores privados del segmento: generadores, como Endesa, AES y Sadesa; transportadores (la principal empresa del segmento es Transener) distribuidores, como Edenor, Edesur, y Edelap, y grandes consumidores, como siderúrgicas y cerealeras, entre muchos otros.
La administradora del mercado es un resabio de los años 90, cuando en el marco de la privatización del sector fue creada para organizar la compraventa de electricidad con participación de todos los agentes del mercado. Fue pensaba para tomar decisiones con consenso relativo. Pero está intervenida desde 2002.
En los hechos, responde completamente a los designios del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio de Vido. Un ejemplo: cuando comenzó a hacerse evidente que la Argentina no contaría con toda la energía que necesitaba para funcionar, a partir de 2007, Cammesa decidió interrumpir la publicación del informe anual de riesgos, que ponía en negro sobre blanco las debilidades del sistema.
Pero aún permanecen algunas hendijas abiertas que permiten traslucir el malestar de los privados, algo que el kirchnerismo prefiero resolver puertas adentro antes que permitir su trascendencia a la arena pública. La muestra más patente de esa situación ocurrió en enero, cuando los agentes privados del sector patearon el tablero dispuesto por el Gobierno.
Cartas
Cada una por su lado, las asociaciones del sector enviaron duras cartas en la que justificaban no aprobar la programación estacional de Cammesa debido a que a su entender no estaban dadas las condiciones para el normal funcionamiento del mercado. Esa autorización, que según los reglamentos de la empresa mixta debe contar con el visto bueno de sus integrantes, es la hoja de ruta del sistema eléctrico. Ante el rechazo de los actores privados, el secretario de Energía, Daniel Cameron, ordenó continuar con la operación del sistema pasando por alto ese punto por primera vez en dos décadas.
La negativa de los empresarios eléctricos se ocasionó en un tema de caja. En noviembre de 2010, los generadores firmaron un acuerdo hasta 2011 en el que aceptaban postergar reclamos y hacer inversiones a cambio de un aumento en su remuneración. El Gobierno les llevó de $ 12 a $ 30 el precio del megawatt (Mw) por la potencia (el premio a la disponibilidad de generación) y comenzó a pagar adicionales que cobraron regularmente hasta las elecciones del año pasado.
Cameron les había informado que extendería el acuerdo. Pero en enero dio por suspendida cualquier prórroga y los generadores vieron caer en un 60% sus ingresos por potencia. Ese fue el origen de la gresca, que podría terminar en una mayor injerencia del Gobierno en el sistema.
