Los tiempos de diálogo, negociación y paciencia en el sector eléctrico parecen haber llegado a su fin. Luego de las marchas y contramarchas entre Edenor y el Gobierno, Transener, la mayor transportadora de energía del país y una empresa neurálgica del sistema, solicitó la aplicación de una medida cautelar contra el Estado para que le reembolse $100,29 millones adeudados incumplimientos de acuerdos firmados con el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio de Vido. De acuerdo con la empresa, esa deuda pone en peligro la calidad de prestación del servicio público.

El pedido, al que accedió El Cronista, fue presentado a fines de marzo ante la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, y se suma a una escalada de peleas entre empresas, el Enre, el ente que regula al sector, y el Gobierno debido al desfinanciamiento del sistema.

Transba, una transportadora de menor porte que actúa en la órbita dela provinciade Buenos Aires, dio un paso similar.

La decisión de Transener es curiosa por diversos motivos. No sólo porque establece por escrito reclamos ante el Gobierno, algo que suele crispar el ánimo de los funcionarios kirchneristas como pocas otras cosas, sino también por la composición accionaria de la empresa. Sucede que la eléctrica pertenece en un 25% a Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin, quien también planteó reclamos por Edenor, otra de sus controladas; en una porción similar al tándem Electroingeniería (una empresa afín al kirchnerismo)/Enarsa (estatal) y un 20% a la Anses. El resto está en Bolsa.

Todos están al tanto de la decisión. Los directores están obligados a hacer todo lo posible para resguardar los derechos de la empresa, justificaron en una de las compañías.

Entre los argumentos que esgrime el texto presentado ante la Cámara, Mariano Palacios, el apoderado de la empresa, recuerda que la empresa firmó con el Gobierno en mayo de 2005 el Acta Acuerdo para la renegociación del contrato, que a su vez contemplaba una renegociación tarifaria, y la aplicación de mecanismos de ajuste de acuerdo con la evolución de costos, que no fueron cumplidos entre 2005 y 2010.

Para normalizar esa situación, en diciembre de 2010 se firmó el acuerdo instrumental, que también fue incumplido por la Secretaría de Energía, a cargo de Daniel Cameron.

Por todo eso, Transener inició la presente acción contra el Estado Nacional para que se condene a la demandada a remitir a Cammesa (la administradora del mercado) los fondos necesarios para el cumplimiento de los compromisos asumidos”.
La eléctrica sostiene que el no pago de los fondos en cuestión “configura una clara afectación de los derechos de propiedad” y afecta “la prestación del servicio público”.

Entre sus argumentos, además, carga contra el Enre, el ente regulador del sector, a cargo de Mario de Casas, que a su vez acusó en las últimas semanas a Pampa Energía de realizar operaciones ilegales. Sostiene que sus “claros incumplimientos” provocaron serias dificultades económicas y financieras y graves inconvenientes para afrontar los costos operativos y de las inversiones propias del servicio público