El proceso de eliminación de subsidios, iniciado con aparente ímpetu en noviembre de 2011, parece haber quedado suspendido para mejor oportunidad.
La medida alcanzó inicialmente los consumos eléctricos, de agua y de gas en los bancos, financieras, compañías de seguros, juegos de azar, puertos fluviales y aeropuertos, telefonía móvil, hidrocarburos y minería y en las grandes empresas de combustibles, aceites y agroquímicos. Luego se extendió a usuarios residenciales de Puerto Madero, Recoleta, Barrio Parque, Palermo, Lomas de San Isidro y clubes de campo. El programa anunciado no contemplaba ajustes en las tarifas del transporte, en donde a pesar de la extensión de la tarjeta SUBE aún no resulta factible segmentar a los usuarios según su nivel socioeconómico.
Simultáneamente con el inicio del programa se invitó a todos los consumidores a renunciar voluntariamente a los subsidios. La respuesta, como podía esperarse, fue magra. Poco después se envió junto con las facturas un cuestionario orientado a identificar a quienes estuvieran encuadrados en alguna causal que justificara el mantenimiento del subsidio. Ha habido escasa claridad e información sobre los resultados de este relevamiento y sobre los cambios que hubieran podido aplicarse en consecuencia.
Hacia fines del verano, y sin que mediara alguna declaración formal, el programa de supresión de subsidios dejó de avanzar. Según se supo, el Gobierno advirtió un enfriamiento en la economía e interpretó que el aumento de las tarifas de los servicios públicos producía una merma en otros consumos.
Desde entonces, trató de evitar cualquier aumento tarifario generalizado y continúa compensando con subsidios los deslizamientos de costos de algunos prestatarios que no tienen capacidad de financiar mayores pérdidas, por ejemplo los colectivos. El caso de los subterráneos ha sido una excepción. El aumento, que más que duplicó la tarifa, fue decidido por el gobierno de la ciudad luego de haber aceptado la transferencia y antes de haber retrocedido en esa decisión.
Hoy es evidente que los costos de prestación de los servicios están aumentando por encima de la modesta hipótesis de inflación utilizada en la elaboración del presupuesto. Por lo tanto, los subsidios son superiores a los previstos en todos los casos en que se ha desistido de eliminarlos.
El plan inicial era lograr una reducción de subsidios del orden de 20.000 millones de pesos. Esta meta hoy está descartada y se estima lograr, con los ajustes ya decididos e implementados, un ahorro fiscal para este año del orden de 7500 millones de pesos. Esto representaría sólo un 10 por ciento de la partida de 75.000 millones prevista para subsidios en el presupuesto 2012. Pero posiblemente este monto será superado a pesar del programa de supresión de subsidios, lo que pone en evidencia la enorme dificultad de producir ajustes cuando las distorsiones han adquirido una gran dimensión.
Paradójicamente, los aumentos en las facturas de servicios, cuando han ocurrido, no siempre han implicado un mayor ingreso para las empresas prestatarias. En el caso del gas, hay un cargo o impuesto captado íntegramente por el gobierno nacional y que está destinado a solventar la importación de gas licuado. Se trata de un avance tributario que excede las atribuciones del Poder Ejecutivo y cuyo cobro, ante el reclamo de los usuarios, es dejado en suspenso hasta que se defina la constitucionalidad del tributo.
Las dificultades encontradas para recomponer la enorme y destructiva distorsión creada por los congelamientos tarifarios pone en evidencia los efectos nocivos del populismo y del voluntarismo dirigista.
Las aparentes bondades de un modelo que fue cebando situaciones de este tipo en toda la estructura económica y productiva han dado lugar ahora a efectos distorsivos cuya rectificación es inevitablemente dolorosa. Ha llegado el tiempo de encontrar los caminos para corregir con el menor impacto social estas distorsiones. En ello se ponen a prueba la idoneidad y el equilibrio de un gobierno que hasta ahora no los ha demostrado..
