Servicios públicos se escribe en rojo, por lo menos en la Argentina. Desde que los contratos que los regían se despedazaron hace poco más de 10 años, el universo de «las privatizadas», como se llamó en los 90, se convirtió en un mundo que no se puede sostener. Quebrantos, concursos preventivos, subsidios, desplome de las acciones en la bolsa, estatizaciones, déficit, activos que están a precios de saldo, prestaciones cada vez más deficientes, inversiones mínimas que sirven para mantener lo que está en pie, falta de financiamiento, improvisación regulatoria. Y la lista podría seguir.
El mundo de los servicios públicos está arrasado. La política que impuso el Gobierno llegó a un punto que torna insostenibles las actividades reguladas. Allí ya no se gana dinero con los flujos de ingresos y egresos tradicionales. La simple ecuación de recaudación por tarifas y gastos por explotación deja la cuenta en rojo. Las empresas pierden, sus acciones valen cada vez menos y los servicios que prestan se deterioran.
Electricidad, gas, peajes -con algunas excepciones- y transporte son los sectores más complicados. Pero también está el mundo del agua, que hace rato dejó de ser negocio y pasó a manos estatales en casi todo el país. Y por supuesto se puede contar la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, que desde que entraron a la órbita estatal, en 2008, se convirtieron en una aspiradora de fondos que se lleva dos millones de dólares por día para mantener la operación. O el Correo Argentino, primera estatización del
Servicios públicos se escribe en rojo, por lo menos en la Argentina. Desde que los contratos que los regían se despedazaron hace poco más de 10 años, el universo de «las privatizadas», como se llamó en los 90, se convirtió en un mundo que no se puede sostener. Quebrantos, concursos preventivos, subsidios, desplome de las acciones en la bolsa, estatizaciones, déficit, activos que están a precios de saldo, prestaciones cada vez más deficientes, inversiones mínimas que sirven para mantener lo que está en pie, falta de financiamiento, improvisación regulatoria. Y la lista podría seguir.
El mundo de los servicios públicos está arrasado. La política que impuso el Gobierno llegó a un punto que torna insostenibles las actividades reguladas. Allí ya no se gana dinero con los flujos de ingresos y egresos tradicionales. La simple ecuación de recaudación por tarifas y gastos por explotación deja la cuenta en rojo. Las empresas pierden, sus acciones valen cada vez menos y los servicios que prestan se deterioran.
Electricidad, gas, peajes -con algunas excepciones- y transporte son los sectores más complicados. Pero también está el sector del agua, que hace rato dejó de ser negocio y pasó a manos estatales en casi todo el país. Y por supuesto se puede contar la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, que desde que entraron a la órbita estatal, en 2008, se convirtieron en una aspiradora de fondos que se lleva dos millones de dólares por día para mantener la operación. O el Correo Argentino, primera estatización del kirchnerismo. Habrá que ver qué pasa con la estrella del momento, YPF. Hasta ahora no necesitaba subsidios y ganaba dinero. El tiempo dirá si la ecuación se invierte o no.
Durante 2012, la situación se agravó. En lo que va del año, las acciones de las empresas eléctricas Central Puerto, Edenor, Endesa Costanera, Pampa Energía y Transener, todas cotizantes en la Bolsa porteña, cayeron en promedio 41,2%. Y si se toman en cuenta los últimos 12 meses, la baja llega a 50,3 por ciento.
Derrumbe bursátil
¿A qué se debe este derrumbe? Marcelo Olguín, economista jefe del grupo SBS, dice que la pequeña luz de esperanza de que finalmente se adecue el esquema tarifario y regulatorio se esfumó. «Se especulaba con que pasado el año electoral podía haber una negociación con las eléctricas. Finalmente, no pasó nada. Las compañías se han dado cuenta de que no están en la agenda de los temas del Gobierno. Se ha llegado a un momento en el que todas las negociaciones que se mantenían para modificar las tarifas se congelaron. Se llegó a un punto límite. Las empresas necesitan ingresos y no tienen solución a la vista. Y el mercado lo sintió. Están en un momento de difícil viabilidad», explicó.
Las más golpeadas son las distribuidoras. Las acciones de Edenor, por caso, ya perdieron un 50,4% en los primeros cinco meses del año, y si el horizonte se remonta a 12 meses para atrás, el quebranto llega al 60,7 por ciento. A eso se suma que este viernes, la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s bajó su calificación de CCC+ a CCC -también redujo a B- la nota de Transener- y lo justificó al decir que se prevé que continúe el pobre desempeño financiero de la compañía en la segunda mitad del año, por «los actuales altos riesgos políticos y regulatorios y la falta de ajustes de tarifas».
Edesur está igual. Las pérdidas ya no sólo se reflejan en los balances, sino que ya se trasluce en la caja. Los gastos operativos superan lo que se recauda por tarifas. La cifra no es oficial, pero una fuente cercana al mundo eléctrico confió que el quebranto mensual en cada una es de entre 40 y 50 millones de pesos.¿Cómo se sostiene la operación? Mes tras mes las distribuidoras golpean la puerta de los despachos del Gobierno y la solución es rescatar viejas acreencias que Edenor y Edesur tenían con el Estado y que éste nunca canceló.Parte del sueldo de los empleados se pagó con una vieja deuda que el Ministerio de Planificación Federal contrajo con las distribuidoras a cambio de que éstas dieran electricidad a las villas. Pero este crédito se agotó, y nadie sabe de dónde saldrá el dinero el mes que viene. Mientras, Augusto Costa, un colaborador del viceministro de Economía, Axel Kicillof, escucha las penas del sector. Nadie sabe qué pasará, pero todos aguardan una solución a la encrucijada.¿Soluciones? «Tarifas o subsidios», contestó un ejecutivo del sector. Podrá haber una estatización más.
Aunque claro está, el Gobierno se quedaría sin culpables para endilgar los problemas que seguramente vendrán después de años de quebrantos. Y como si fuera poco, se quedará con un sector que no tiene dinero.Fulvio Conti, CEO de la italiana Enel, habló de los problemas que vive la empresa en la Argentina. «Estamos viviendo un momento de dificultad con las tarifas. Confiamos en que el gobierno argentino verá la necesidad de aumentarlas para incrementar las inversiones en el país», sostuvo el ejecutivo.De esta manera, se debaten dos de las distribuidoras más grandes de América latina. La pregunta que surge es la siguiente: ¿hasta cuándo estas compañías pueden seguir operando en rojo? Nadie tiene la respuesta, aunque algunos hablan de plazos mucho más exiguos de lo que los usuarios creen.En lo que transcurrió de 2012, Central Puerto perdió 31,5% del valor de sus acciones; Endesa Costanera, 35,8%; Pampa Energía, 45,1%, y Transener, 41,8 por ciento. En esta empresa, la única transportadora eléctrica del país, hay varios problemas. El 25% está en manos del Estado (a través de Enarsa) y otra porción similar la tiene Electroingeniería, mientras que el 50% restante está en manos del grupo empresario que lidera Marcelo Mindlin. La empresa tiene varios problemas de flujos de fondo, ya que las tarifas no alcanzan. Ahora la empresa vale menos y aquel halo de estrella del panel se desvaneció. Transener ya no es una joya de la corona.
Un informe de investigación de Barclays Capital da cuenta de cuáles son las percepciones de los inversores. «La administración probablemente quiere más mando del sector de electricidad y gas […] Algún tipo de intervención en las empresas de distribución de electricidad y otros segmentos de la cadena de producción de electricidad no debe ser descartada», concluye.En el sector del gas, la situación no está mejor. Las acciones se desploman. Camuzzi Gas Pampeana, Distribuidora Gas Cuyana, Gas Natural Fenosa, Metrogas, Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) mostraron pérdidas en el valor de sus acciones del 15,2% en lo que va de 2012 y del 25,7% si se toman los últimos 12 meses. En este período, Metrogas perdió un 56,8%, y TGN anotó un rojo del 62,8 por ciento.
Concurso y verdades
Esta última empresa solicitó hace días el concurso preventivo, que el juzgado comercial de primera instancia le rechazó. Y en los considerandos de la resolución se puede leer lo que nunca estas empresas se animan a decir en público, pero que deben relatar a la Justicia como argumentos de la solicitud. «Explica [TGN] a lo largo del escrito inicial que ciertas medidas adoptadas por el Estado Nacional y por el Enargas desde el año 2002 han provocado la ruptura de la ecuación económico-financiera de la licencia que le fuera otorgada por el decreto 2457/92 para operar en forma exclusiva los dos gasoductos existentes en las regiones norte y centro del país», dice el juez que relata la empresa.En otro punto del escrito judicial, TGN dice que «hasta enero de 2002, la transportadora era una empresa financieramente sana, que sólo necesitaba para poder cumplir normal y regularmente sus obligaciones que se respetaran las reglas del juego establecidas». Denuncia que los reclamos administrativos y judiciales que presentó por el congelamiento de las tarifas y la falta de renegociación de los términos de la licencia no han arrojado, hasta el momento, resultados concretos.
Santiago Urbiztondo, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana (FIEL), dice que la política regulatoria aplicada desde 2003 por el gobierno nacional, tomando en sus manos la situación insostenible y de emergencia del año 2002, ha tenido como efecto llevar alternativamente a dos tipos de situaciones. «Se llegó a un esquema de empresas de servicios públicos privadas sin subsidios y con grandes problemas financieros [sin incentivos ni condiciones de invertir de manera significativa], y a empresas de servicios públicos privadas o [ahora] públicas que dependen de subsidios para su subsistencia», dice.Los ejemplos en el primer caso incluyen a las transportistas y distribuidoras de gas natural y de electricidad (en el ámbito nacional), y los del segundo, a los generadores eléctricos, los ferrocarriles de pasajeros, AySA, Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino.
«Puede que exista una tercera categoría donde se cuenten a las empresas privadas viables que no reciben subsidios, donde tal vez habría que incluir a las telefónicas y a Aeropuertos Argentina 2000, pero son excepciones que en parte contienen situaciones como subsidios encubiertos, quitan espacio a sus competidores en segmentos competitivos, o se trata de sectores con fuerte participación de usuarios extranjeros o de mayor poder adquisitivo, como el caso de la infraestructura aeroportuaria», finaliza Urbiztondo.Y la enumeración de sectores complicados podría seguir. El mundo vial está en quiebra. Con la excepción de Concesionarios del Oeste (que explota el Acceso Oeste) y Autopistas del Sol, que lograron recuperar los ingresos a partir de aumentos en los aranceles de peaje, los corredores viales están con anotaciones rojas en sus números finales.
El último esquema privatizador de las rutas nacionales impuso un esquema distinto. Los concesionarios son constructoras que hacen proyectos en la traza y a cambio mantienen la ruta (cortan el pasto y pintan). No hay negocio en el peaje y sí en la obra pública. Pero con los pagos atrasados y las obras congeladas, no hay negocio en ningún lado.Poco ha quedado en pie del esquema de los años 90. El kirchnerismo siempre quiso borrar aquella década. Con el mundo de los servicios públicos, lo ha logrado. Sólo que la máquina del tiempo lleva el recuerdo un poco más atrás, a los 80, cuando los déficits de las empresas públicas eran insostenibles, y las prestaciones, deficientes y caras.
