Según confió a LA NACION una fuente que tiene acceso al núcleo presidencial, la idea es esperar al cierre de las paritarias para desempolvar el plan que contemplaba la eliminación de los subsidios en los servicios públicos y en el transporte. Como entonces, en el transporte de pasajeros, la propuesta sería sólo mantener un beneficio para los sectores más necesitados, financiando la demanda vía la tarjeta SUBE.

«No será antes de agosto, pero se quiere empezar a corregir los subsidios, que hoy están poniendo en riesgo una de las patas en las que se basaba el modelo, que era un sólido superávit fiscal», admitió la fuente. «En la SUBE se está volviendo a trabajar», agregó.

El Gobierno no quiere hacer cambios antes de que se cierren las negociaciones salariales de los principales gremios, ya que teme que un ajuste de las tarifas pueda ponerle más presión al reclamo de los trabajadores. Ya muchos gremios cerraron su paritaria con una suba salarial de entre cuatro y cinco puntos por debajo de la registrado en 2011. Pero restan en los próximos meses negociaciones clave, como las de camioneros y el sindicato de obreros de la construcción (Uocra), que luego suelen servir de referencia para otros gremios.

«Habiendo obtenido el 54 por ciento de los votos, en diciembre estaba ya la decisión de hacer la sintonía fina este año. Pero la de Once fue una tragedia que realmente cambió el curso de lo que estaba previsto para este año», explicó un funcionario del Gobierno. «Eso y la enfermedad de la Presidenta [Cristina Kirchner], que la obligó a estar fuera del Gobierno varias semanas», confió.

Originalmente, el Gobierno estaba previendo arrancar en marzo con la quita de subsidios en las tarifas al transporte. Así, al menos, lo había anticipado a comienzos de año, cuando anunció que sólo los usuarios que tuvieran la tarjeta SUBE podrían seguir gozando del boleto subsidiado. Sin embargo, el accidente en el Sarmiento lo obligó a cambiar de planes.

«Hoy se entró en un círculo vicioso del cual es difícil salir: no se ajustaron las tarifas porque se quería evitar el impacto sobre la inflación y el consumo. Pero cada vez es más difícil solucionarlo», opinó Maximiliano Castillo, director de la consultora ACM. Los subsidios representan ya más del 4 por ciento del producto bruto interno (PBI) de la Argentina. En 2011, fueron 75.000 millones de pesos, según Castillo, esto es más de lo que se gastó en el año en salarios nacionales.

«[La de los subsidios] es una salida compleja y debería ser gradual, tratando de mitigar los efectos sobre los segmentos más vulnerables, en general circunscriptos a los subsidios al transporte», opina Castillo. «Los beneficiaros de electricidad y gas son personas que por lo menos tienen acceso a electricidad y gas de red, no son los más pobres», opinó.

El reciente traslado del área de transporte de la órbita del ministro de Planificación, Julio De Vido, a la del ministro del Interior, Florencio Randazzo, obedecería en parte también a esta idea de volver a poner en práctica en agosto el plan de sintonía fina. Después de todo, coinciden varias fuentes consultadas, se necesita un nuevo interlocutor para negociar con las empresas de transporte la eliminación del esquema de subsidios que el propio gobierno creó. Recuperar el superávit fiscal no sería el único pilar del modelo, hoy debilitado, que el Gobierno intentaría fortalecer en los próximos meses.

También se discute en Economía y el Banco Central (BCRA) acelerar la devaluación del tipo de cambio una vez finalizadas las paritarias. Sólo así, admiten, se recuperaría la competitividad que hoy se perdió, culpa del avance de la inflación.

Hasta ahora, se había evitado tocar el tipo de cambio -de ahí los férreos controles para la compra de dólares-, por temor a que una devaluación mayor pudiera tener impacto inmediato sobre los precios. Sin embargo, la desaceleración económica de los últimos meses también habría servido para aplacar un poco el ritmo de suba de la inflación.

«Con un tipo de cambio de alrededor de $ 5 a fin de año y un dólar blue [o paralelo] del orden del $ 5,50, incluso se acaba el problema del desdoblamiento cambiario», estimó un economista cercano al Gobierno.

En las últimas semanas, el BCRA ya aceleró el deslizamiento del peso. En lo que va del año convalidó una suba del dólar de 4,49 por ciento, frente a un 2,98 por ciento en igual período del año anterior. Ayer, el dólar oficial cerró a $ 4,51 para la venta en las casas de cambio del microcentro porteño, mientras que el paralelo se operó entre 5,93 y 5,95 pesos.