Aunque el 70 por ciento del planeta está cubierto por agua, sólo el 2,5 por ciento es dulce y gran parte de esta última se encuentra congelada en glaciares. Su acceso constituye un paso previo para la concreción de otros derechos, como la salud, y son los Estados los responsables de velar por dichos derechos, con el objetivo de que todas las personas tengan un acceso garantizado de forma “suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible”, según el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU.
En la Argentina, las jurisdicciones provinciales tienen la responsabilidad de la provisión del servicio de agua mediante las redes y además son las que tienen el “dominio” de sus recursos naturales desde la reforma constitucional de 1994. De esta forma coexisten en el país cientos de empresas que prestan el servicio, desde cooperativas locales, como las que predominan en Chubut, hasta grandes empresas como AYSA, que atiende a la Ciudad de Buenos Aires y a diecisiete partidos del conurbano bonaerense, único caso en que el Estado Nacional asume la responsabilidad de la prestación.
Según los datos del último censo, el servicio de agua alcanza al 83,9 por ciento de los hogares, siendo muy heterogénea la cobertura en el interior de las jurisdicciones: provincias como Chubut, tienen una cobertura del 96,4 por ciento, Mendoza del 90,5 y Buenos Aires del 75,1. La falta de cobertura y los problemas de calidad constituyeron argumentos centrales que promovieron la privatización en la década del ’90.
Las privatizaciones promovidas por los organismos internacionales de crédito y distintos agentes económicos involucrados en la industria del agua se sustentaron en el tratamiento del agua como una simple mercancía, bajo la pretensión de que esto protegería el recurso hídrico, aumentaría la eficiencia en el sector, mejoraría la calidad y lograría la universalización del servicio. La inclusión de criterios mercantiles en el sector se evidenció en el aumento de las tarifas, en el corte total del servicio frente a la imposibilidad de pago de los usuarios y en la expansión del servicio en las zonas rentables, en detrimento de las de menores recursos. Las promesas de la gestión privada en el sector no se concretaron.
A partir de la salida de la convertibilidad en el marco de la mayor crisis económica, política y social que vivió nuestro país se produjo la rescisión de numerosos contratos y la creación de nuevas empresas. También se incrementó de forma notable el gasto público en el sector, destinado, fundamentalmente, a expandir las infraestructuras de redes, considerando para ello la puesta en marcha de una serie de programas con financiamiento nacional, entre los que encuentran: el Plan Agua Más Trabajo; Obras de Saneamiento en áreas con Riesgo Sanitario y Préstamos para Obras Menores de Saneamiento.
Tras décadas de deterioro y postergación, la provisión se encuentra atravesada por una serie de desafíos entre los que se destacan: la necesidad de expandir los servicios de agua y cloacas de forma complementaria, especialmente en los territorios más postergados con alta densidad de población; la promoción de sistemas regulatorios que integren los aspectos sociales, económicos y ecológicos, y la promoción de sistemas de macro y micromedición que apunten no sólo a la reducción del consumo doméstico sino que consideren las enormes pérdidas en las redes, y la ampliación y mejora de la operación de las plantas de tratamiento del agua y el incrementó de los niveles de tratamientos secundarios de los efluentes domésticos e industriales.
Atender estos problemas que afectan a la provisión demanda políticas que continúen en el largo plazo, que tiendan a priorizar el uso doméstico por sobre otros usos, de forma integral, y promuevan la solidaridad intergeneracional, ya que el acceso al agua constituye un derecho humano inalienable de la presente y generaciones futuras
* Magíster en Ciencias Sociales, becaria del Conicet en la Universidad Nacional de General Sarmiento.
