(Clarín) – La administradora del negocio eléctrico nacional arrastra una incobrabilidad del 25%.
Las cuentas del mercado eléctrico se tiñen cada más de rojo a medida que avanza la rebelión de las distribuidoras provinciales que, en algunos casos no pueden y en otros no quieren seguir pagando la totalidad de las facturas de la energía que reciben del sistema interconectado nacional.
La CAMMESA –la compañía administradora del negocio eléctrico que controla el Gobierno– alcanzó un registro récord de incobrabilidad parcial y total de las empresas provinciales que llega al 25% . Sobre una facturación mensual que promedia los $ 800 millones, la CAMMESA arrastra un nivel de morosidad corriente de $205 millones.
A las 14 distribuidoras eléctricas que no están abonando toda la energía que consumen, se agregó en la última semana Edesal, la operadora privada de la provincia de San Luis. Esa empresa consiguió un amparo de la justicia federal para no pagar el último aumento y el cargo adicional en el precio de la energía mayorista que la CAMMESA le venía aplicando desde fines de 2011.
Al igual que las eléctricas estatales de Santa Fe y Córdoba y varias cooperativas bonaerenses, la distribuidora puntana había sido “castigada” por la Nación con el cobro de un precio diferencial sin subsidio de la energía por haber aumentado las tarifas a sus clientes residenciales a principios de este año.
Pese a que esta “penalidad” esta siendo facturada desde enero, ninguna empresa sancionada la ha pagado hasta ahora. Las cooperativas bonaerenses directamente desconocen las facturas . Y tanto la distribuidora cordobesa (EPEC), como la santafesina (EPE) obtuvieron amparos de la Justicia que les permiten eludir las facturas adicionales que ha remitido la CAMMESA en el último semestre y que totalizan casi $ 216 millones.
La principal deudora del mercado eléctrico es la distribuidora mendocina EDEMSA, que controla el grupo Vila-Manzano. Debe $52,3 millones y solicitó un nuevo plan de financiación para pagar las deudas que no había cumplido. En el segundo puesto aparece la operadora estatal de Corrientes, con una deuda de $ 37,9 millones. A continuación, la reestatizada eléctrica de Catamarca con una factura impaga de $ 29 millones, seguida por la distribuidora estatal de Misiones, con una deuda de $ 27,4 millones. Entre las morosas también se encuentra la eléctrica estatal de Santa Cruz, con una deuda de $ 4,1 millones por la energía tomada del sistema en los últimos dos meses. Ante el reclamo de pago, la provincia respondió que “por la difícil actualidad económica no pueden precisar fecha de pago alguna”.
Un caso especial se plantea con Edesur, la segunda distribuidora eléctrica más grande del país. A mediados de junio, la compañía que maneja el grupo italiano ENEL informó a la CAMMESA que dejaba de pagar unos $ 31,3 millones porque el gobierno porteño de Mauricio Macri no le había cancelado la totalidad de las facturas emitidas sin los subsidios vigentes hasta fines de 2011.
Según el argumento de Edesur, la decisión porteña de no reconocer las nuevas tarifas sin subsidios por la energía suministrada al alumbrado, plazas y entes públicos le generó un agujero financiero que la empresa no puede afrontar.
De esta manera, Edesur pretende trasladarle el problema a la CAMMESA y que el tema se enmarque en la disputa Nación-Ciudad.
La última reunión de directorio de la CAMMESA pasó a un cuarto intermedio hasta esta semana, cuando deberá expedirse.
Si rechaza las razones esgrimidas por Edesur, la distribuidora se convertirá en una de las principales morosas del sistema y comenzarán a correrle intereses por los atrasos y las eventuales sanciones de cortes suministro si la deuda se prolonga durante varios meses. Pero si acepta el planteo de Edesur y le permite pagar una factura menor, entonces todas las distribuidoras eléctricas pedirán el mismo tratamiento para no hacerse cargo de las facturas que no pueden cobrar.
