Por Ariel Guarco, presidente de Fedecoba
(Identidad Cooperativa, N°73, junio/julio de 2012) – Recientemente se desarrolló en Panamá la II Cumbre Cooperativa de las Américas. Allí, en representación del movimiento cooperativo argentino nucleado en Cooperar, tuvimos oportunidad de referirnos a un tema de difícil abordaje: la compleja relación cooperativas-Estado y la búsqueda de nuevos equilibrios y articulaciones entre ambos.
La relación de las cooperativas con el Estado siempre ha sido complicada. Ahora bien, la necesaria autonomía política debe ir de la mano con una articulación de estrategias fundamentada en sus objetivos comunes. Pero este proceso exige también un replanteo profundo de los vínculos, programas y compromisos de las empresas cooperativas con el Estado.
En general, muchos son los riesgos de una relación desequilibrada con el Estado, por ejemplo:
– Nuevas organizaciones cooperativas, que surgen al calor de las políticas públicas, pero que luego no podrán sostenerse ante cualquier cambio de signo político.
– Desplazamiento de las cooperativas como empresas de servicios, ante el avance del Estado.
– Esterilización de la capacidad de liderazgo y movilización de los recursos locales, por su transformación en apéndices de los poderes públicos.
– Debilitamiento de las iniciativas autogestionarias y por lo tanto de la capacidad de la sociedad para la búsqueda de alternativas dirigidas a la construcción de autonomía y defensa de los intereses de los asociados.
Sin embargo, estos riesgos no deben confundirnos: no existe ninguna posibilidad de afirmar nuestra incidencia en la organización del territorio, en la defensa de los intereses de nuestros asociados, si no es a través de una relación virtuosa con el Estado. De lo contrario careceremos de la escala económica y política adecuada para disputar nuestros espacios frente al poder económico concentrado.
Debe entenderse que la integración no puede ser solo horizontal, es decir entre cooperativas independientemente de su grado, sino que también debe ser vertical, implicando en este sentido alianzas estratégicas con el Estado. Esto no significa ni perder autonomía ni perder identidad, significa, si es que estamos seguros de lo que somos y de lo que representamos como movimiento, ni más ni menos que la posibilidad real y concreta de ser más visibles, de tener mayor escala, de incidir en las políticas públicas que hacen al desarrollo de nuestro país; en fin, de cumplir con la misión que nos delegaron nuestros representados.
Debemos pasar de un Estado indiferente a un Estado Socio de las cooperativas. Para ello es necesario que el Estado nos reconozca como empresas de asociados-usuarios, dentro de los marcos regulatorios de servicios públicos; que no seamos discriminados por no entender nuestra naturaleza, asimilándonos a empresas lucrativas, con intereses monopólicos o contrarios a la de nuestros propios asociados.
Cuando las empresas públicas afirman su presencia, debemos consensuar que ello no puede darse a costa de la presencia cooperativa, la mayor presencia estatal debe tener como resultado una mayor presencia de los intereses representados por las cooperativas. Debemos lograr que el estado entienda que nosotros no somos parte del problema sino que somos parte de la “solución al problema”.
Finalmente, si el estado avanza en políticas activas, procurando orientar estrategias de desarrollo, las cooperativas deben ser partícipes de estos, ya que son las principales organizaciones empresarias con capacidad para distribuir los beneficios del desarrollo, para garantizar ese desarrollo sustentable y socialmente equilibrado.
