Como tímido contrapeso de la intervención en el mercado petrolero , declarada el último viernes de julio a través del decreto 1277, el Gobierno comenzó la semana pasada a dar algunas señales a favor de quienes aumenten la producción de gas mediante nuevas inversiones.

A través de la resolución 3456 de la Secretaría de Energía, que conduce Daniel Cameron, dispuso que Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico, les pague US$ 5,20 por millón de BTU (la unidad de medida) a las petroleras que vendan gas para usinas térmicas y registren aumentos en su producción. Ese número implica casi 26% más que los 4,10 dólares que recibían hasta ahora las empresas con actividad local.

La resolución data del último día de mayo, pero fue implementada durante julio y comenzó a ser comunicada a los empresarios en los últimos días. «Hay que empezar a dar precios más competitivos que favorezcan la inversión en la búsqueda de reservas», justificaron en la Secretaría de Energía.

En tiempos de creciente injerencia oficial en el mercado petrolero, el aumento fue leído por los hombres de negocios como una medida «a favor de la inversión». El premio extra que recibirán las compañías -las mayores productoras de gas nuevo son la francesa Total y la norteamericana Apache, aunque hay más en la lista- no implicará, al menos de manera directa, un aumento en las tarifas de los usuarios residenciales, dado que será cubierto parcialmente por el Estado y engrosará los subsidios al sector eléctrico, que se canalizan a través de Cammesa.

Ese organismo respondió durante años al ministro de Planificación, Julio De Vido, que en el último mes cedió protagonismo a Juan Manuel Abud y Paula Español, dos funcionarios del viceministro de Economía, Axel Kicillof. Es el mayor destinatario de las subvenciones estatales, por encima de otras cajas gigantescas, como Enarsa y Aerolíneas Argentinas. Hasta abril, de acuerdo con la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), había utilizado $ 4649,8 millones, un 21% de los giros previstos por el Gobierno para este año.

La medida tiene una connotación política para los empresarios: mientras Kicillof disipa la inversión, De Vido intenta mejorar sus condiciones.

El esquema que planteó el kirchnerismo para el mercado eléctrico ocasionó múltiples distorsiones durante la última década. De acuerdo con las empresas que generan electricidad, hoy el precio que reciben no cubre su costo de producción. Es por eso que el Gobierno se hace cargo de una parte de los combustibles con los que se produce la energía.

Aunque pagará más por una porción del gas, espera complementar esa erogación con una mejora en la balanza comercial energética, uno de los ítems de la economía sobre los cuales más recala la presidenta Cristina Kirchner. El año pasado, las importaciones del sector treparon 110%, hasta los US$ 9397 millones. Cristina recordó ese número con molestia durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, en marzo, y fue uno de los argumentos que esgrimió para nacionalizar el 51% de las acciones de Repsol en YPF. Una parte importante de esa cifra se debe a la importación de gas natural licuado (el Gobierno llegó a pagar hasta 18 dólares el millón de BTU), es decir, 3,5 veces más que el nuevo precio), gas de Bolivia, fueloil y gasoil para quemar en usinas térmicas.

Con precios por debajo de las referencias internacionales, la producción local cayó durante la gestión K. Por caso, en 2011, según números oficiales, descendió un 6% con respecto a 2009..