La grave situación que atraviesa la gran mayoría de empresas que suministran electricidad y gas a los argentinos genera todo tipo de temores, alertas y malos presagios.
Es que no se habla de una ciudad, pueblo o provincia, sino que las dificultades se extienden a todo el mapa nacional.
Doblegadas por una política oficial que mantiene las tarifas casi congeladas desde el año 2002, y con la carga sobre sus espaldas de tener que afrontar elevadas subas salariales, una a una, las compañías comenzaron a «blanquear» sus respectivas «angustias financieras».
La muy delicada situación -que no conforma ni a las firmas ni al Ejecutivo- ha derivado en que se haya comenzado a hablar de potenciales nuevas estatizaciones.
Esta vez, no para hacerse de una nueva caja, sino porque no aparecen inversores privados y, de los que permanecen, muchos están on ganas de salirse del negocio.
Para varios expertos el sector energético llegó a un punto límite. Y lo sucedido con la expropiación de YPF a Repsol desalienta la presencia de compañías extranjeras dispuestas a invertir.
1. Caso Edesur
«Cuando se tomó la decisión de sacar a Repsol, los italianos de Enel -que están presentes en Edesur- comenzaron a tomar más en serio la posibilidad de que el Gobierno argentino avance sobre las compañías eléctricas», confiesa en estricto off the record a iProfesional.com un empresario del rubro energético.
Y agrega que «este temor se ha visto acentuado luego de que el Estado, hace muy pocos días, haya decidido poner veedores».
«Una muestra del miedo se observa en lo hecho por Petrobras -el otro gran accionista en Edesur- que ´elegantemente´ decidió poner a la venta su participación en la eléctrica, si bien la maquilló diciendo que necesitan invertir para buscar petróleo en sus mares», señala el empresario.
Edesur está sumamente comprometida.
Hace muy pocos días la firma interrumpió -por primera vez desde la privatización del servicio- un pago a Cammesa, la empresa mixta que administra el mercado y que, entre otras actividades, se ocupa de pagar por la electricidad a las compañías generadoras.
Debía desembolsar $148 millones y lo concreto es que pudo afrontar menos del 10%, apenas unos $12 millones. Además, pidió eludir el pago de otros $180 millones correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre.
¿Cómo respondió el Gobierno? Colocando un veedor, que los italianos tomaron como una suerte de intervención. Además, dejó entrever que dejaría caer a Edesur en cesación de pagos.
Al instante, la posibilidad de la estatización cobró fuerza.
Hasta el momento, el futuro de la firma es una incógnita, ya que sus números van mostrando un rojo cada vez más acentuado.
De acuerdo con sus balances, sólo durante 2011 registró pérdidas por $461 millones (775% más que el año anterior).
2. Caso Edenor
Edenor, la otra gran distribuidora junto con Edesur, con operaciones en Capital Federal y el conurbano bonaerense, sólo en 2011 acumuló pérdidas por $453 millones.
Oscar Lescano, titular del gremio de Luz y Fuerza, aseguró en mayo pasado que la empresa «ya está en default».
En un intento de «salvataje desesperado» el sindicalista pidió que el Estado le dé ayuda financiera a la compañía.
3. Caso Edelap
La firma, que presta servicios en La Plata a unos 330.000 usuarios y cinco partidos aledaños, durante las últimas semanas también incumplió un pago a Cammesa por casi $20 millones.
Hasta no hace mucho tiempo, la compañía estuvo en manos de la norteamericana AES. Pero, tras su retirada, el Ejecutivo nacional transfirió la concesión a la Provincia.
Su titular, Alejandro Macfarlane, renunció a la presidencia de Edenor para dedicarse full time a la conducción de la distribuidora.
«Edelap tiene las tarifas congeladas desde 2001 para la mayoría de sus clientes residenciales», señaló Carolina Ortiz, vocera de la firma, para justificar un alza de apenas 20% en la tarifa autorizada por el gobierno provincial.
4. Caso Metrogas
La compañía más grande del segmento gasífero cuenta con 2,2 millones de clientes en Capital Federal y en el ámbito bonaerense.
Pero su escala no la salva del rojo en sus cuentas. Por el contrario, acumula deudas por u$s250 millones y, según trascendió, cuenta con caja para operar hasta el mes de octubre.
Precisamente su delicada situación alimenta las versiones de un inminente desembarco del Gobierno en la firma.
Al respecto, a través de las acciones que posee el Estado (vía YPF) la administración kirchnerista días atrás avanzó en el nombramiento de dos nuevos directores.
La firma se encuentra intervenida desde mediados de 2010, cuando contabilizaba deudas por unos u$s200 millones, no pudo resistir más y debió presentarse en concurso.
Hace un mes, el 90% de los acreedores aceptaron que les paguen sus acreencias con una quita cercana al 50% en promedio, a través de dos clases de obligaciones negociables (ON) en dólares con vencimiento en 2018.
Más cerca en el tiempo, en este primer trimestre de 2012 perdió $18 millones y, según trascendió, el Banco Nación también aportaría dinero para que YPF y el Estado tomen el control de la compañía.
«Para colmo, el Gobierno (a través de YPF) comparte la mayoría accionaria con British Gas (BG) que, en su momento, presentó una demanda contra el Estado argentino», señala un especialista del sector.
Y agrega: «Una combinación así lógicamente hace suponer que las cosas no llegarán a buen puerto. Es lógico pensar que si el Ejecutivo finalmente la estatiza, también irá a la carga por la parte de BG».
5. Caso Camuzzi
Esta firma en el mes de julio notificó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que estaba atravesando «una situación financiera delicada».
«La falta de ajuste en la tarifa -que no se ha modificado desde el año 1999– sumado al permanente incremento en los costos de explotación, que hasta el momento han sido absorbidos por la Sociedad, han colocado a la compañía en una situación financiera delicada», detalló la propia empresa.
En el primer trimestre de este 2012, sufrió una pérdida operativa de $34 millones, duplicando el rojo de $17 millones que había anotado en el mismo período de 2011.
6. Caso Cammesa
Suman 18 las distribuidoras y compañías eléctricas de toda la Argentina que ya no podrían pagar por la electricidad que toman del sistema.
Esto derivó en que Cammesa acumule una morosidad que roza los $225 millones.
Cabe recordar que esta firma fue creada para organizar la compraventa de electricidad, con participación mixta de todos los agentes del mercado y el Estado.
Como no cobra en tiempo y forma, entonces dispone de menos recursos para pagarle a las generadoras, que son las que entregan su producción al sistema nacional.
Todo esto ocurre en momentos en que, en los escritorios gubernamentales, se discute la posibilidad de tomar el control de la compañía y, eventualmente sumar a Transener, que hoy controla Marcelo Mindlin a través de Pampa Energía.
Caídas en desgracia
¿Cuáles son las empresas que hicieron explícitas las dificultades para afrontar pagos? De casi una veintena, estas son las más relevantes:
A esta nómina hay que agregar las complicaciones que ya comunicaron las prestadoras de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Edelar (La Rioja), Edesal (San Luis) y Edesa (Salta), y distintas cooperativas de pequeñas y medianas localidades.
Ya no hay caja, ¿quién pone la plata?
Al momento de abordar los factores que han llevado a este presente tan oscuro para el panorama energético en Argentina, Alieto Guadagni, ex secretario de Energía de la Nación, resume todo en un «combo» interrelacionado:
- Tarifas prácticamente congeladas.
- Suba permanente de costos.
- Caída en el nivel de inversiones.
«Las empresas ya no pueden ni cubrir los gastos operativos. Vienen enfrentando costos que se multiplicaron por cinco en comparación con lo que recaudan a lo largo de toda una década», comentó el especialista a iProfesional.com.
«¿Cómo viene reaccionando ante esto? Cortando pagos y bajando inversiones. Más opciones a mano no tienen», agrega.
Guadagni advierte que, por estos días, las principales compañías acumulan un déficit de desembolsos del orden de los u$s800 millones.
Según Guadagni, «llegó el momento en el que se les acabó la caja a las distribuidoras y hay que ver quién quiere ahora poner la plata».
Las secuelas del caso YPF
¿Puede darse una oleada de estatizaciones, de complicarse todavía más el escenario? Guadagni marca algunos reparos.
«El problema que enfrenta el Gobierno, si avanza con estatizar, es que son compañías en las que hay que poner plata y no hay ganancia alguna para sacar. Otra alternativa es que se busque un ‘capitalismo de amigos’ a través de empresarios cercanos. Pero son firmas que están muy mal, que nadie quiere tomar», añade.
Para Guadagni, una clara señal de la imposibilidad del Gobierno de hacerse cargo de todas las empresas con déficit se observa claramente «en la decisión de dejar a Edelap bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires, cuando antes era una empresa de carácter federal».
«En cierto sentido, se transfirió un problema a otra jurisdicción», remarca.
Al igual que otros especialistas consultados por iProfesional.com el experto destaca que la abrupta forma -no la cuestión de fondo- en que se procedió con Repsol no hizo más que alejar inversiones.
Y no sólo eso. El problema ahora radica, más que en atraer a nuevos inversores, en que mantengan su interés en seguir los actuales participantes privados del sector.
Para el ex secretario de Energía la posibilidad de que los inversionistas externos se replanteen su permanencia en las eléctricas nacionales es algo que ya está sucediendo.
«El inconveniente lo tiene el Gobierno. Como señalé, acá hay que poner capital. Y si se van quienes hoy controlan estas empresas, al Estado se le hará muy difícil poder administrar a cada eléctrica y asegurar el servicio», afirma.
En la práctica, este horizonte poco propicio ya asoma como peligroso.
Tal como se señalara, Petrobras confirmó su intención de desprenderse de su participación en Edesur. La petrolera brasileña tiene el 48,5% de Distrilec, que controla a la distribuidora, a su vez con el 51,5% de la italiana Enel.
Y esta última, según fuentes europeas, ya hizo sus estimaciones para saber cuánto le saldría salirse del negocio de la distribución de la electricidad en la Argentina (el país representa para Enel sólo el 4,7% del negocio de la firma).
El gas, otro dilema
En el segmento de la distribución de gas el panorama tampoco es alentador.
«También se visualizan problemas en el sector, pero todavía la situación es diferente respecto a lo que sucede con las eléctricas, donde se dio una mayor distorsión en los costos y los contratos son diferentes», afirma Guadagni.
«Igualmente, si también se evalúa estatizar, la consigna es la misma que en el caso de la electricidad: quien ingrese deberá poner plata».
La inevitable pregunta es, entonces, qué sucederá si los inversores privados no aparecen. Y si el Estado podrá manejar todos estos frentes de conflictos a la vez y con menos caja.
Lo peor que puede pasarle a la sociedad -en medio de una economía que se enfría- es tener que pagar ahora la factura de varios años de fiesta consumista, sustentada en un dólar barato y en tarifas congeladas.
