En rigor, la idea de despacho económico tomó fuerza luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando bajo la nacionalización de los sectores eléctricos en Europa se diseñaron mecanismos que permitieran ordenar las máquinas generadoras según sus costos, de un modo creciente, para que el sistema operara minimizando costos. La idea es simple: las máquinas o centrales más eficientes despachan primero y uno se asegura que cualquier nivel de producción de electricidad se logre con el menor costo posible. Es decir que la idea de despacho económico estuvo presente aún con la empresa pública. Más aún, el principio de fijación de precios según el cual el valor de la electricidad se fija de acuerdo con el costo de la última máquina que entra en el despacho se forjó también bajo sólidos principios de planificación estatal en Francia, en Inglaterra y en otros países europeos.
Décadas más tarde y al calor de la privatización y desregulación de los mercados energéticos en el mundo, apareció el diseño de mecanismos de funcionamiento de mercado propiamente dichos, por medio de los cuales la demanda y la oferta interactúan en el mercado eléctrico. Todos esos mecanismos, desde los más simples y regulados hasta los más desregulados o de subastas, han sido concebidos para garantizar principios de eficiencia económica, lo que incluye obviamente lograr un «despacho económico» o de mínimo costo. Es decir que buscan replicar -de modo libre y descentralizado por parte de la demanda y la oferta- la solución de un despacho económico. Estos mecanismos de mercado tuvieron distinta performance y distinta suerte en diferentes experiencias en el mundo. Pero de algún modo todos evolucionaron hacia formas que respetan el principio de despacho económico. De nuevo, el consenso es que la idea de despacho económico es anterior a todos estos mecanismos y puede -y de hecho en la Argentina pudo- sobrevivir si por razones de crisis, mal desempeño o intervencionismo, las reglas de formación de precios se apartan de lo que sería una solución de mercado.
Los vientos que están soplando en la Argentina no auguran nada nuevo, ni tampoco nada bueno, en materia de evolucionismo de la regulación del mercado eléctrico mayorista. Es verdad que todavía no existe ningún lineamiento o plan explicitado que pueda comentarse sobre bases concretas. Si no hay nada anunciado en concreto, ¿por qué opinar ex ante? Por dos razones. La primera es que cuando los anuncios vienen, lo hacen en el formato de hecho consumado y de sordera absoluta provocada por el ruido o explosión del anuncio. Mejor decir algo antes porque después uno va a estar tapado por el aparato de la propaganda. La segunda razón es que antes de la explosión del anuncio ya empiezan a circular trascendidos y comentarios que van apareciendo en los medios que juegan un doble papel de tergiversar las cosas y preparar un caldo de cultivo para tapar una intervención poco pensada y menos aún consultada con los expertos y la sociedad. Una de esas tergiversaciones es atribuirle a la organización actual (de 2012) del mercado eléctrico mayorista argentino algo que definitivamente no es: un esquema de mercado. Lo único que tiene de mercado el MEM es el nombre, porque en todo lo demás ha sido arrasado por una intervención que separó y luego fragmentó los precios que paga la demanda con los valores que recibe la oferta. La segunda tergiversación es que porque existen transacciones contractuales (de corto plazo) bilaterales entre generadores y grandes o medianos usuarios, se dice falazmente que existe una libertad de formación de precios que está librada a esos agentes y fuera de la órbita de la regulación que ahora se dice restablecer. Nada que ver. Las transacciones existirán, pero los precios que paga la demanda y recibe la oferta son fijados por mecanismos que provienen de resoluciones de intervención.
La última y gran tergiversación -y que es el origen de esta nota- es la de querer meter en la misma bolsa al despacho económico y a los mecanismos desregulados de formación de precios. Como se dijo antes, son dos cosas separadas, tanto en lo conceptual como en lo temporal. El problema que se está vislumbrando ahora es que esta seudoregulación de costo-plus que parece querer diseñarse tiene otra deformación, para mí nunca vista antes, que se basa en la intención de querer hacer una discriminación del precio de los insumos (gas natural, combustibles líquidos) que van a pagar las centrales eléctricas. Esta discriminación obedece a fijar precios distintos de esos insumos según que la energía eléctrica que se genere con ellos vaya a un tipo de usuario (residencial pobre, pyme) o a otro (industria, residencial pudiente). Al margen de las razones para este cambio, el problema es que esto sí rompe el despacho económico y puede ser incompatible con las reglas del MEM porque el ordenamiento de los costos de los generadores no viene dado más por un mecanismo de declaración de costos (verificable) de los generadores, sino que depende de precios de los insumos que a su vez dependen de dónde vaya a parar esa energía. Este tipo de discriminación se conoce en economía como «de las peores», porque distorsiona los precios de los insumos que enfrenta cada empresa o generador, y manda a la economía «para atrás» en materia de potencial productivo.
Ya que esto último es algo que no figura en los sistemas eléctricos del mundo, sean de mercado o planificados, ¿por qué se les está dando por inventar semejante complejidad? Después de todo, y dado que el MEM ya funciona hoy como un mercado intervenido y en donde la discriminación de precios de los insumos lo va a mandar para atrás, ¿por qué hacer esta discriminación tan mala? La respuesta a estas preguntas se llama YPF. Esta operación está hecha en el afán de mejorar los precios que recibe YPF, lo cual es un error descomunal de planificación energética. Es como si querer consagrar que YPF fuera un monopolio que vende un insumo homogéneo (gas natural, combustibles líquidos) al MEM y ahora ejerce ese poder verticalmente (hacia la etapa de uso de los insumos) diciendo que ese insumo va a tener un precio distinto dependiendo de para quién se genera esa electricidad. En la jerga de la organización industrial, ésta es una operación de control vertical monopólico en donde para trasladarle ganancias a una empresa del Estado que vende un insumo se arma un zafarrancho microeconómico en el mercado eléctrico mayorista. Es un error conceptual y al mismo tiempo un tiro en el pie. Si antes teníamos varios problemas con el reordenamiento del MEM, ahora vamos camino a algo mucho peor. Entre otras cosas, porque una de las pocas ventajas que tiene una verdadera (no trucha, como la que se vislumbra) regulación de costo-plus es que puede lograr bajar (porque permite trasladar costos) el costo del capital o de financiamiento. Pero aquí, en medio de este zafarrancho, va a ocurrir exactamente lo contrario.
(*) Economista Jefe de FIEL.
