La ruptura en la cadena de pagos del sector eléctrico acaba de disparar la primera amenaza formal del Gobierno contra Edenor, la mayor empresa distribuidora del país, que atiende a 2,7 millones de clientes en la Capital y el Gran Buenos Aires.

El miércoles pasado, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) le envió una carta a la empresa en la que amenaza con «tomar las medidas de carácter administrativo y sancionatorio a que haya lugar» en caso de que no salde en diez días (es decir, a principios de la semana próxima) el pago de su deuda con Cammesa , la compañía administradora del mercado eléctrico. El organismo, que en los papeles es una empresa mixta pero en la práctica está intervenida por el Gobierno, se encarga de cobrar la energía a las distribuidoras, como Edenor y Edesur, y de pagarles a las firmas que la generan.

En caso de no «regularizar su situación de pagos con Cammesa y acreditarlo documentadamente ante este ENRE», continúa la nota, a la que tuvo acceso LA NACION, el ente amenazó a Edenor con aplicarle algunas de las sanciones que contempla su contrato de concesión. El abanico de posibilidades es amplio: va desde la aplicación de multas hasta la eventual quita de la concesión.

En el entorno de la empresa leyeron la medida como un paso administrativo obligado del ENRE. En el mercado, la mirada fue distinta. Diversas fuentes apuntaron que si bien Cammesa presionó a varias distribuidoras que dejaron de pagarle en los últimos meses, e incluso el ENRE designó a un veedor en Edesur cuando comenzó a realizar desembolsos parciales, hasta ahora nunca le había dado un plazo tan corto a una compañía para saldar sus compromisos.

La nota del ente, además, carga específicamente contra quienes gerencian la empresa, que pertenece a Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, y cuyo presidente es Ricardo Torres. Les recuerda que las sanciones contra la compañía son «sin perjuicio de otras responsabilidades de orden administrativo o judicial que pudieran corresponder a sus directores».

En el cierre, y como un intento de graficar su alcance, el documento señala que «de la situación planteada ya han sido puestos en conocimiento la Secretaría de Energía [a cargo de Daniel Cameron] y el señor presidente de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan de Inversiones Hidrocarburíferas». La última mención se refiere nada menos que al viceministro de Economía, Axel Kicillof, el nuevo hombre fuerte del sector. El funcionario tiene en elaboración un nuevo esquema de remuneración a las empresas, basado en sus costos, en reemplazo del modelo de los años 90, de competencia entre empresas.

Cadena de documentos

La nota del ENRE se hace eco de una notificación que le envió el 12 de este mes José Sanz, vicepresidente de Cammesa, donde le envía la carta que, con firma de Torres, recibió la administradora del mercado tres días antes. Allí explicaba que Edenor «se verá en la necesidad de deducir del pago de su factura mensual por la adquisición de energía un importe igual al 50%» de cada factura para «solventar la prestación del servicio público», según traduce Sanz.

El ENRE es un ente que nació al calor de las reformas de los años 90 bajo un supuesto escudo de autarquía. Hoy está en manos de Mario de Casas, su interventor. El funcionario tiene una historia política particular: llegó a la jefatura del ente regulador como hombre de confianza del ex vicepresidente Julio Cobos, pero tras el voto «no positivo» del mendocino se separó de él y logró ganarse la confianza del ministro de Planificación, Julio De Vido. De mala relación con las empresas del sector, en el mercado lo llaman «el traidor del traidor».

El documento, sin embargo, no lleva su firma. En un despacho público explicaron que su ausencia puede deberse, por ejemplo, a que estaba de viaje. Al pie de la nota figuran los nombres de Enrique Cardesa, uno de sus directores, y de Luis Barletta, el vicepresidente del ente. La crisis del sector cargó de trabajo a este último. Es, por ejemplo, el interventor que designó el ENRE en Edesur cuando ésta decidió hacer pagos parciales de las facturas a Cammesa.

La ruptura de la cadena de pagos en el sector eléctrico genera puntos y contrapuntos recíprocos. Si bien ahora el Gobierno reclama la plata que le deben las empresas a Cammesa, debió sufrir un pedido similar al que ahora le hace a Edenor por parte de las empresas que producen la energía en el país. El 17 de este mes, las compañías generadoras le enviaron un reclamo por escrito a Cammesa para que realice el pago que debía hacer en la primera quincena.

Sostenían que «la totalidad de la cobranza mensual» que reciben se destina al pago de sueldos y a la compra de insumos. De manera que el pago fuera de las fechas previstas «pone en riesgo la operación de las unidades generadoras y, en consecuencia, el suministro de energía eléctrica».

Atucha II, para 2013

El Ministerio de Planificación reiteró que «a mitad del próximo año» la central nuclear de Atucha II estará aportando energía al sistema nacional. De acuerdo con la cartera, ayer comenzó la carga de agua desmineralizada para la prueba de presión de los sistemas del circuito primario del reactor y del moderador, que concluirá a fines de noviembre. En septiembre del año pasado, durante la inauguración de la puesta en marcha de la planta, en la que participó la presidenta Cristina Kirchner, el Gobierno había deslizado que la generadora estaría lista para este año.