El Gobierno ultima detalles para dar a conocer en los próximos días nuevas reglas para los mercados del gas y la electricidad, que tiendan a recomponer los ingresos de las empresas del sector. En el reverso de esas medidas, como es costumbre en el kirchnerismo, habrá un reclamo insistente de inversiones hacia el sector privado.

A fines de la semana pasada, funcionarios de las provincias productoras de hidrocarburos fueron convocados al microcine del Ministerio de Economía para ayer a las 10.30. Es el lugar que habitualmente usan el ministro de Planificación, Julio De Vido; el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, para desempolvar anuncios.

La convocatoria esperanzó a los gobernadores de provincias petroleras, que desde hace meses esperan un incremento en los precios del gas, dado que cobran regalías sobre la base de ese número. Los gobernadores quedaron desilusionados cuando el domingo por la tarde recibieron la llamada de Nelson Lazarte, secretario de Roberto Baratta, coordinador de Planificación y mano derecha de De Vido, para avisarles la suspensión del encuentro. Así lo transmitió un estrecho colaborador de un líder provincial.

El descontento, sin embargo, fue parcial, dado que los gobernadores esperan un anuncio inminente. Es una de las alternativas para dotar de recursos a YPF.

Los equipos técnicos de algunas provincias vienen manteniendo durante las últimas semanas encuentros con integrantes y asesores de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, que lideran Kicillof, Moreno y el secretario de Energía, Daniel Cameron. Este último participó la semana pasada de un seminario de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), en Perú, y debió anticipar su retorno para el encuentro, que finalmente no se concretó.

Técnicos al tanto de las discusiones explicaron que se barajan un puñado de alternativas para aumentar el llamado gas en boca de pozo, es decir, el valor que reciben las petroleras. Una de ellas es llevar el valor de la producción nueva de gas a una banda de entre 6 y 7 dólares el millón de BTU (la unidad de medida). En ambos casos se trata de un valor muy por encima de los US$ 2,5 promedio que recibe un productor neuquino. En principio, sólo recibirían esos precios las empresas que aumenten la producción.

Luz sobre los números

En paralelo, el equipo del viceministro de Economía afina el lápiz para implementar un nuevo esquema de remuneración a las empresas de electricidad, que atraviesan una situación crítica.

Hace aproximadamente tres semanas, Kicillof y su mano derecha en temas eléctricos, Augusto Costa, mantuvieron reuniones con diversos representantes del sector.

Ambos desplegaron algunas ideas que guían las reflexiones con respecto al sector eléctrico. Entre ellas, constituir un fideicomiso en el Banco Nación y con los fondos que allí se acumulen remunerar a las distribuidoras contra la presentación de certificados de obra.No trascendió aún quién se hará cargo de esos adicionales. De acuerdo con las empresas, hay dos alternativas: a través de subsidios, algo que implicaría aportes del Estado, o mediante un ajuste en el monto a pagar por los usuarios.

El propio Kicillof les anticipó a los empresarios eléctricos a fines de agosto que pondría en marcha un sistema de remuneración a base de costos (el denominado cost plus), en reemplazo del esquema sobre la base de la competencia que estaba vigente en los años 90.

Aunque las fuentes consultadas no lo confirmaron, también se especula con que en la misma iniciativa se contemple una solución para el sector de distribución de gas, que también atraviesa una situación complicada. Metrogas, la mayor prestadora de ese servicio en el país, anunció a fines de septiembre a sus proveedores de gas y de transporte que comenzaría a pagar sólo una parte de sus compromisos con ellos debido a la falta de fondos. La empresa, al igual que la mayor parte del sector, no registró ajustes de tarifas durante el kirchnerismo.