Sabbatella lo expresó en la madrugada de este miércoles, en una entrevista concedida al periodista Alejandro Fantino en América TV, donde brindó un detallado informe de los alcances de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de cara al 7 de diciembre, plazo fijado por la Corte Suprema para su plena aplicación.

En ese sentido, indicó que el 7 de diciembre «se pone en juego el destino del país; si lo decide el conjunto de la sociedad o las corporaciones», e insistió en que el organismo que preside «es la autoridad de aplicación, no lo que hay que ver, los contenidos, lo que elige la gente o la que discute una ley que se votó y se aprobó en el Congreso» en 2009.

Al referirse al fallo de la Corte que rechazó el pedido del Grupo Clarín de una prórroga a la cautelar que paraliza la aplicación del artículo 161 sobre adecuación de licencias, sostuvo que los magistrados “expresaron que no existen riesgos para la libertad de expresión y por eso ordenó avanzar en su aplicación”.

Agregó que “lo mismo expresó con el fallo del 22 de mayo (cuando anunció el 7 de diciembre como plazo), disponiendo que no había motivos para continuar con la cautelar y que todos los grupos deben presentar su adecuación”.

“La Corte no da lugar a la prolongación de la cautelar; y nosotros estamos absolutamente convencidos de la constitucionalidad de la ley. En cuanto a la cuestión de fondo que plantea el Grupo Clarín, sobre la constitucionalidad, en todo caso es una cuestión patrimonial que se puede definir eventualmente en el futuro”, sostuvo.

A la vez, dejó en claro que la ley “tiene tres años de vigencia tras su sanción el 10 de octubre de 2009, pero además viene a reemplazar una ley de medios de la dictadura que, a lo largo de 26 años, la Coalición para una Comunicación Democrática, gremios y distintos organismos venían luchando y planteando la necesidad de implementarla”.

En ese sentido, recordó que “esos cambios se pedían a través de 21 puntos, y en aquel 2009 estos actores sociales se encontraron con un gobierno que impulsó esta ley y sobre todo el debate en todo el país, hasta conformar esta norma que tuvo más de 100 cambios e incorporaciones, a partir de las propuestas y discusiones”.

Sabbatella resumió que la norma “apunta a la pluralidad y a sumar voces a lo largo de muchos artículos”, mientras que los dos que son objetados –sólo por el Grupo Clarín-, “son el 161 y el 45”.

Con respecto al 45, explicó que “refiere a la multiplicidad de licencias que se puede poseer, es decir no más de 10 señales de aire y 24 licencias de cable en el país, y a su vez el 35 por ciento de mercado”.

En tanto, indicó que el artículo 161 “trata la adecuación, es decir que los titulares de licencias se ajusten y, en definitiva, apunta a garantizar la pluralidad y multiplicidad de voces, porque no puede haber un gigante que se coma el resto”.

Por otra parte, explicó que “existen tres ejes o puntos de la ley referidas a señales de satélite, aire y cable” y en ese sentido añadió que “se pueden poseer señales de aire y de cable pero no en la misma ciudad, mientras que el satélite es exclusivo y no se pueden sumar más”.

Sin embargo, al hablar del apartado de satélites, y tras citar el caso de Direct TV, indicó que llegado el 7 de diciembre “no puede superar el 35% de los hogares totales de Argentina”.

Agregó que “por esa razón el 7 de diciembre no es un invento de la AFSCA o la presidenta, es el límite de la justicia a la cautelar por el cual los más de 20 medios que deben presentar adecuación y deberán vender o transferir –por única vez- la señales excedentes”.

El titular de la AFSCA, agregó que “a partir de la plena aplicación claro que habrá grandes, medianos y pequeños medios, pero no gigantes”.

Por eso, llegada la fecha límite, “si la transferencia no es voluntaria, la deberá realizar la AFSCA en base a un proceso de oficio que incluye abrir registro de oferentes, tasación de licencias y bienes afectados, selección de las licencias que se van a licitar, licitar y adjudicar».

En este sentido, aclaró que «quien se haga cargo de las licencias debe sostener las mismas condiciones de trabajo, el servicio y el cuidado de los bienes».

Al hacer referencia al proceso, detalló que la cotización “está a cargo del tribunal de Tasación de la Nación, en base a un criterio de selección de las licencias excedentes que son elegidas teniendo como parámetro la de menos valor simbólico o económico, y esto lo hace el Estado porque no hubo voluntad del propietario”·

A la vez, indicó que el proceso legal de transferencia “llevará unos 100 días hábiles, y siempre garantizando el funcionamiento de la señal y las fuentes de trabajo”.

Por último, dejó en claro que entre los más de 20 grupos económicos que deben adecuarse, “algunos ya presentaron el plan, otros están en conversaciones y sólo uno se niega a hacerlo”, en referencia al Grupo Clarín.