En el Congreso existen varias iniciativas sobre este tema. Por ejemplo, el senador socialista Rubén Giustiniani realizó una presentación, que empezó a analizarse durante el año pasado, si bien todavía no prosperó, más allá de reuniones en comisión.

En caso de aprobarse, se obligará a las empresas a someterse a un marco regulatorio que asegure los caracteres de todo servicio público, esto es: generalidad, uniformidad, regularidad, obligatoriedad y continuidad.

Otro legislador que presentó un proyecto para declarar a la telefonía celular (incluyendo Internet) como servicio público fue el diputado Carlos Comi. Propone que «el Estado controle más exhaustivamente a las compañías prestadoras de un servicio hoy deficiente ante la saturación de las redes, por la gran cantidad de aparatos en circulación».

Las asociaciones de consumidores, como la que dirige Héctor Polino, llamada Consumidores Libres, confirmaron que el rubro del que más quejas se reciben de los usuarios por el mal servicio brindado es, precisamente, el de la telefonía celular. «Estos reclamos representan aproximadamente el 50% del total», señalan.

Entre los principales cuestionamientos se encuentran «los cambios de planes sin consulta, cobros indebidos, aumentos de tarifas y trabas burocráticas a la hora de realizar cualquier reclamo dentro de una compañía».

El titular de Consumidores Responsables, Henry Stegmayer, se refirió al tema y dijo que la Secretaría de Comunicaciones debe sancionar una resolución para que las firmas estén obligadas a fraccionar las llamadas por segundo y no por minuto, tal como ocurre actualmente al momento de facturar. «El servicio es una pesadilla y comunicarse es, en algunos casos, una odisea», explicó Stegmayer.

En ese aspecto, remarcó que «la telefonía celular constituye la principal fuente de recursos de las telefónicas porque los precios no están regulados». Y agregó que «no existe tal regulación toda vez que la legislación no la considera un servicio público».

Por último, el titular de Consumidores Responsables aconsejó «realizar un permanente control de las facturas porque las empresas cambian los planes de manera unilateral e inconsulta, generando mayores gastos o cobrando servicios que no prestan».

También sostuvo que «si uno no ha sido fehacientemente notificado de un aumento éste no puede llevarse adelante. Es decir, no alcanza con una solicitada en un diario porque debe ser notificado cada usuario en forma personal».

En tanto, Christian Galindo, responsable de la Red Argentina de Consumidores, denunció que: «Con muy escasos requerimientos suben sus tarifas unilateralmente y siempre en bloque, lo que es muy llamativo».

A su vez, agregó: «Al igual que para los servicios públicos, para modificar tarifas debería exigirse un paso previo por el Congreso y por una audiencia pública».

Por otra parte, Galindo se preguntó: «Si durante el 2012 fue el servicio que más se incrementó, entonces por qué ni bien arranca el año anuncian subas».

En tanto, manifestó su preocupación porque «si no hay un freno a estas prácticas del sector, la conquista de la portabilidad numérica será de escaso resultado práctico».

Se estima que, en la Argentina, existen más de 40 millones de líneas mientras que, desde 2010, más de 500.000 titulares dejaron de usar telefonía fija y sólo se manejan con equipos móviles.

Este mercado está controlado -casi en un 100%- por tres empresas: Movistar, que pertenece a la española Telefónica, Personal, que es de la italoargentina Telecom, y Claro, propiedad de la mexicana Telmex, cuyo máximo accionista es uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim.

Hace unos días, estas compañías anunciaron que iban a aumentar sus tarifas cerca de un 15% a partir de marzo, si bien luego debieron dar marcha atrás con la medida.