Por Pablo Fernández Blanco | LA NACION.

Desde hace décadas, el gas natural es la estrella del sector energético argentino. Explica más de un 50% de las necesidades de abastecimiento del país, tiene una participación récord a nivel mundial en su utilización vehicular y aquí cuenta con un altísimo desarrollo tecnológico.

 Pero de la mano del crecimiento del consumo y la caída en la oferta local (menor inversión y menor producción) durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, sumó dos nuevas características: es un recurso que se importa en volúmenes crecientes y a un precio cada vez más caro.

 Así lo demuestran los números oficiales. Según los últimos datos de la Secretaría de Energía, que conduce Daniel Cameron, el año pasado el país importó gas por 4697,8 millones de dólares.

 El número es enorme por donde se lo mire: representa casi un 7% de las compras totales al exterior que hizo el país en 2012, un ítem que moviliza al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a aplicar todo tipo de medidas para frenar el ingreso de productos importados. Y también equivale al 37% del saldo comercial de 2012, el indicador de la macroeconomía que el Gobierno mira para saber de cuántos dólares dispondrá y hasta qué punto debe insistir en el cepo cambiario.

 Las importaciones de gas encierran otro récord para las cuentas públicas: de un año al otro se llevaron un 60 por ciento más de divisas, medidas en dólares.

 Las estadísticas oficiales también revelan el encarecimiento de ese recurso. Debido al incremento de los valores a lo largo de todo 2012, el país pagó un precio un 15 por ciento más alto que el promedio que había desembolsado durante el último año.

Siempre desde la mirada de las cuentas públicas, el incremento en la importación encierra al menos una buena noticia: aunque hubo que erogar más billetes para pagar el gas importado, se redujeron las importaciones de fuel oil, uno de los combustibles sustitutos, pero aún más caro, que se utiliza en las centrales termoeléctricas.

 Es una de las consecuencias de que el país se esté convirtiendo, de a poco, en un importador más experimentado en lo que a combustibles se refiere.

 «La producción de gas el año pasado siguió cayendo alrededor de un 3 por ciento, pero la demanda creció más de un 5 por ciento. Esto amplió la brecha, y por eso hubo que importar más, aun cuando la economía estuvo estancada. Los montos de importación podrían haber sido mayores si se hubieran importado los 80 barcos que estaban previstos (se compraron poco más de 50)», explica Daniel Montamat, ex secretario de Energía y ex presidente de YPF.

 Por su parte, Juan Rosbaco, especialista del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), sostiene: «Es lógico que hayamos importado más. Todavía no se tomó ninguna medida trascendental como para fomentar la explotación gasífera. Vamos a ver qué ocurre con los últimos anuncios con respecto a mejores precios. Aún no se sabe cómo se implementará. Para salir de la situación en la que está el país hay que hacer mucho, y es temprano para que la nacionalización de YPF muestre efectos positivos», señaló el analista.

El ex secretario de Energía Jorge Lapeña tiene una visión más crítica: «La importación energética es cara y se hace mal. Se pagan grandes sobreprecios por falta de previsión estratégica. La Argentina será por largo tiempo un importador energético masivo. El desafío que el Gobierno no entiende es que sólo le queda un camino: convertirse en un importador eficiente», explicó el ex funcionario.

El detalle de la factura

La Argentina recibe gas extranjero por dos vías: desde Bolivia, a través de gasoductos, y desde ultramar, en la forma de gas natural licuado (LNG, de acuerdo con su abreviación en inglés), que llega por barco a los puertos de Bahía Blanca y de Escobar (en ambos casos, la operación está a cargo de YPF y de Enarsa).

 Montamat hace un reconocimiento de la conveniencia de comprarle al país vecino. «Como Bolivia nos dio más gas del esperado, la importación de LNG fue menor a la prevista. Sus precios son más bajos. Si no, el encarecimiento de las importaciones hubiese sido mayor», calcula.

 En 2012, las compras a ese país crecieron un 65 por ciento en volumen. Aunque la Argentina paga unos 11 dólares por millón de BTU (la unidad de medida), es decir, cuatro veces más que el valor que recibe por la misma cantidad una petrolera local, está por debajo de los alrededor de 17 dólares que el Gobierno gasta para comprar el gas licuado en el exterior.

 Ese último ítem es, por mucho, el que más le duele a la balanza energética: en comparación con los números de 2011, las importaciones crecieron el año pasado un 17 por ciento, pero implicaron un desembolso 46% mayor.

 El viceministro de Economía, Axel Kicillof, conoce esas cuentas al dedillo. En varias reuniones que mantuvo con empresarios petroleros a fines del año pasado junto a Moreno, les reclamó que le presentaran al Gobierno proyectos para producir más gas, en desmedro de las iniciativas de búsqueda de petróleo, más rentables. Y desde principios de enero el coordinador del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, inició una rueda de invitaciones a empresarios para firmar un acuerdo por el que el Gobierno ofrece pagar US$ 7,50 el millón de BTU (el triple que el precio promedio actual) a cambio de aumentar la producción..