El juez federal de La Plata, Adolfo Gabino Ziulu, intimó a la empresa Cablevisión a que en el plazo de tres días acredite si se encuentra cumpliendo con una medida cautelar anterior por la cual se le ordenó ajustar su tarifa por abono a la suma autorizada por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, la cual no estaría cumpliendo.

Mediante la intimación, el juez ordenó a la empresa a que acredite si ajustó el valor de su abono domiciliario de $205 a los $130 autorizados por la Secretaría de Comercio, algo que, según denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, no ocurrió.

El 1 de febrero, el juzgado federal número 2, encabezado por Ziulu, había ordenado cumplir fallos de diciembre pasado y ajustar su tarifa, bajo apercibimiento de dar intervención a la Justicia Penal si eso no ocurría.

Con ese criterio, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Boniccato, aseguró a Télam que «si la empresa no ajusta su tarifa, pediremos que pase el caso a la justicia penal. Debemos proteger a los consumidores».

La disputa judicial comenzó el 27 de noviembre del año pasado cuando, en base a un pedido de un conjunto de legisladores y tras acumular miles de quejas, el Defensor del Pueblo de la Provincia interpuso una medida cautelar contra Cablevisión Sociedad Anónima por incumplimiento de las resoluciones de la Secretaría de Comercio, que fijaba el tope para las tarifas del servicio de televisión por cable.

Esa Secretaría había establecido que el monto máximo a cobrar por el servicio de televisión por cable era de $109 para los meses de enero a abril de 2011 y, mediante posteriores resoluciones se prorrogó hasta diciembre de 2012 con el monto actualizado a 123 pesos.

El 14 de diciembre el juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar, lo que implicó que Cablevisión no podía emitir facturas que superaran los montos preestablecidos, pero eso no ocurrió.

La empresa cuyo dueño mayoritario es el Grupo Clarín intentó frenar la medida judicial por medio de diversas presentaciones, pero en las distintas instancias judiciales la respuesta fue la misma: se indicó que la empresa debe adecuar sus tarifas, sin prejuicio de la instancia en la que se encuentre la contienda judicial.

Fue con ese criterio que el juez federal de La Plata intimó a la empresa a acreditar su cumplimiento de la medida cautelar interpuesta por la Defensoría del Pueblo bonaerense.

En el mismo sentido, el defensor del Pueblo, Boniccato, insistió que con que si la empresa no se adecua, llevará el caso a la justicia penal porque se está prestando un servicio público de manera impropia.