V: Hay una sensación de que la aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se reduce al paquete Clarín y su derivación judicial. ¿No se empaña la implementación de la ley con una reducción de ese tipo?

Martín Sabbatella: La ley es mucho más que la adecuación a los límites de tenencia de medios. Es el conjunto de cuestiones que regulan la AFSCA y todos los institutos creados para democratizar la palabra. Para garantizar los objetivos de la ley se necesita fomentar nuevas herramientas comunicacionales y darles anclaje territorial y social. Y a su vez, enfrentar la concentración mediática, en todos los casos.

V.: Pero el propio Gobierno habla más de lo segundo que de lo primero.

M.S.: Es cierto que tiene más difusión pública el debate sobre la adecuación y dentro de eso, indiscutiblemente, el caso Clarín. Hay dos motivos: en primer lugar, porque es el más excedido respecto de los límites a la concentración. Tiene muchísimo más de lo que la ley prevé. Y en segundo lugar, porque dice que no va a cumplirla. Clarín desafía a los poderes del Estado, a la propia ley y a la democracia. Intenta constituir sus poderes corporativos por encima de los del Estado, con un conjunto de maniobras políticas y judiciales dilatorias para sostener el privilegio. Esto nos lleva al debate sobre el rol de las corporaciones, no sólo en cuanto a los medios. Ahora, es absolutamente cierto que hay un montón de aspectos de la ley que se están cumpliendo y nos enorgullecen.

V.: ¿Podría especificar tres logros ya conseguidos con la aplicación de la ley de medios?

M.S.: Primero, es un logro concreto de la democracia tener una ley de medios que, fruto de un debate de más de 26 años, deja atrás una norma oscura de la dictadura militar. Y esa historia militante se encontró con un Gobierno que venía a romper el molde, a correr la frontera de lo posible, y se llegó a esta ley, muy valorada en la región y en el mundo.

V.: ¿Y avances en el plano concreto de la implementación?

M.S.: Hay nuevas emisoras y nuevas productoras de contenidos. Los números son los siguientes. En los servicios de TV ya autorizados, 36 corresponden a gobiernos provinciales, de los cuales doce son analógicos y están en funcionamiento, y 24 digitales, estos últimos asignados en el marco de la nueva ley. Además, fueron asignados 45 canales de TV digital a universidades nacionales y se otorgaron 1.132 frecuencias de FM para municipios, de los cuales 132 comenzaron con el trámite de habilitación. Otros 53 municipios ya cuentan con radios autorizadas. Existen en la actualidad 52 radios FM de universidades y tres de gobiernos provinciales fueron autorizadas (ver gráfico con detalles).

V.: ¿Qué ocurre con la habilitación para que las cooperativas brinden TV por cable, un sector que el Gobierno identifica como muy concentrado?

M.S.: AFSCA puede otorgar licencias para ese tipo de actores. Después hay otro tipo de habilitaciones, como el uso del espacio aéreo o el suelo para el cableado, que corresponde a los municipios. En total, el directorio aprobó la entrega de 45 licencias para cooperativas de servicios que brindan servicios de cable.

V.: ¿Qué lugar ocupa hoy aquel objetivo de garantizar el 33% para el sector sin fines de lucro (art. 89, inc. f) y, vinculado a ello, qué ocurre con el plan técnico que permitiría saber cuántas licencias hay disponibles en cada localidad (art. 88)?

M.S.: Los dos temas son absolutamente necesarios. Hasta la fecha, el directorio aprobó la entrega de ocho licencias sin fines de lucro y dos con lucro en zonas de alta vulnerabilidad o poca densidad poblacional, que tienen que difundir contenidos de carácter social, de acuerdo con el artículo 49. En total, son 196 las radios con perfil comunitario que fueron autorizadas (ver gráfico).

V.: ¿Cuándo estará listo el plan técnico?

M.S.: El mundo no empieza cuando uno llega ni termina cuando uno se va. Hay una historia de gestión que yo valoro y reconozco. Los pasos que se dieron nos permiten dar los que siguen. Necesitamos también mejorar el registro (art. 57). Se había avanzando con un censo (realizado en 2010), que es una herramienta más para corregir, ordenar y aportar al registro. Hoy uno puede venir, solicitar y acceder a esos datos, al censo y al registro. Está claro que ambos están sujetos a verificación.

V.: ¿Estiman tener listo el plan técnico en 2013?

M.S.: Tenemos que tener el plan técnico ordenado para este año. Gabriel (Mariotto) y Santiago (Aragón) avanzaron mucho en regularizar situaciones provisorias que llevaban veinte años, y nosotros sobre la base de eso tenemos posibilidades de seguir avanzando.

V.: Hay un director de la AFSCA, Alejandro Pereyra, representante del Frente Amplio Progresista (FAP), que ha sido impugnado ¿Cuándo se va a resolver esa situación?

M.S.: Ya es un tema del FAP.

V.: ¿No es una impugnación pendiente de resolución?

M.S.: No. La Comisión Bicameral (de Seguimiento de los Servicios de Comunicación Audiovisual, art. 18), que hoy preside Agustín Rossi, dejó de funcionar durante dos años, cuando la oposición tenía la mayoría en el Congreso. No elegir a sus directores en la AFSCA fue una decisión política que se dio al mismo tiempo que el Grupo Clarín decidía no reconocer la ley; por lo tanto yo creo que era el plan de (Héctor) Magnetto llevado adelante por la oposición. Cuando tuvimos nuevamente mayoría (ndr: en diciembre de 2011) se convocó a la Comisión (ndr: en octubre de 2012, cuando asumió Sabbatella), se eligió a la defensora del público (Cynthia Ottaviano, elegida en diciembre). Ahora la oposición nombró a sus directores. Uno asumió (Marcelo Stubrin, por la UCR) y otro fue impugnado (Pereyra, por el FAP), a partir de lo cual se devolvió la designación a la Bicameral. Es el FAP el que deberá nombrar otro representante.

V.: Pero si el FAP insiste, salvo cuestiones muy graves, ¿no está en su derecho? 

M.S.: Son impugnaciones muy claras, una (de la Universidad Nacional de La Plata) por la falsificación de aspectos en el currículum, una denuncia del CELS por haber firmado una resolución que tomó el COMFER en un momento muy difícil de la Argentina (se refiere a las jornadas del 19 y el 20 de diciembre de 2001, cuando Pereyra era funcionario del organismo antes de la renuncia de Fernando de la Rúa), que obligaba a los canales a no emitir determinada información. Otras que tenían que ver con su actuación privada como abogado en algunas acciones litigando contra la AFSCA.

V.: Hermes Binner, que votó a favor de la ley de medios, y otros en el FAP sostienen que la desinversión de los grupos que exceden el límite debería implementarse una vez que venzan las concesiones, porque si no se afectaría el derecho de propiedad, y ello, en algunos casos, sería en 2025. ¿Qué opinión le merece esa postura?

M.S.: Cada uno tiene una opinión y está buenísimo. Lo que pasa es que acá lo que hacemos es cumplir una ley. Si el FAP tiene mayoría en el Congreso, llega a la presidencia y logra una modificación, la AFSCA tendrá que aplicar la ley con las modificaciones.

V.: Por una denuncia de Clarín se abrió un nuevo juicio en Mar del Plata en contra de la aplicación de la ley. ¿Les preocupa la apertura de demandas judiciales en distintos juzgados del país que podrían prolongar la indefinición?

M.S.: Estamos esperando el fallo de la Cámara (Federal Civil y Comercial 1, integrada por Francisco de las Carreras, Susana Najurieta y Ricardo Guarinoni), con poca expectativa en un tribunal que creemos que tiene vínculos concretos con Clarín. La cuestión, que es de gravedad institucional, seguramente llegará a la Corte. Paralelamente aparecen las presentaciones judiciales en distintas sedes, que no son más que la estrategia dilatoria. En Mar del Plata actuaron muy bien el fiscal (Daniel Adler) y el juez (Alfredo López), que han dicho: Muchachos, esto no es así, están abusando de la Justicia, piedra libre a Clarín haciendo trampa una vez más, digo para ponerle una cuota de humor. Y sin embargo, la Cámara de Mar del Plata (integrada por Jorge Ferro y Alejandro Tazza) lo admite. Seguiremos trabajando para evitar que esto siga sucediendo. No puede ser que si a vos te va mal en un lugar, pruebes en otro. Ahora, la verdad es que todo el mundo sabe que la ley es constitucional. Clarín también.

V.: En términos de mejorar las condiciones de acceso a la información, la ley prevé otros mecanismos, como la tarifa social para la televisión por cable (artículo 73). Eso no está impedido por ninguna cautelar pero tampoco se aplica. ¿Por qué?

M.S.: Es un tema en el que hay que avanzar. Lo he hablado también con la defensora del público. En el caso de Cablevisión, hemos tenido una cantidad de resoluciones que no han cumplido, como por ejemplo el orden de la grilla. La relación con los que no quieren cumplir la ley es indiscutiblemente tensa.

V.: ¿Cuál es su relación con el Ministerio de Planificación en cuanto a la política de Televisión Digital Abierta (TDA)?

M.S: Trabajamos en forma conjunta y tengo una profunda valoración de todo lo que hacen en torno a TDA, ARSAT, y también a las políticas de fomento para los contenidos como el BACUA.

V.: ¿Por qué TDA no porta las señales del Grupo Clarín y sí las de otros grupos?

M.S.: Porque Clarín no lo solicitó.

V.: ¿Ustedes lo invitaron?

M.S: Clarín puede pedir sumarse.

V.: ¿Si lo pidiera, subirían, por ejemplo Canal 13?

M.S.: No depende de mí, pero seguramente sí. No está porque no le interesa estar. Si le interesa, lo solicita y sigue los trámites como todo el mundo. Las políticas públicas son para todos.

V.: En la grilla de TDA operan una serie de señales a modo de prueba, como C5N, CN23, 360 TV, que no cuentan con licencias en el sistema analógico de TV abierta. ¿Cuál es su situación respecto de las licencias futuras?

M.S.: Están actuando de modo provisorio. Eso está en análisis en ARSAT (empresa estatal) y en TDA. La aplicación integral de la ley y la adecuación a todo lo que pide la ley -no sólo a la cantidad de licencias- necesita recursos y soporte financiero, y el Estado debe acompañar el proceso. Hemos desarrollado acuerdos con el Banco Nación (para préstamos a organizaciones sin fines de lucro), nos hemos reunido con (la ministra de Industria) Débora Giorgi, entendiendo que esto es una industria cultural.

V.: El otorgamiento de licencias debe hacerse por concurso, de acuerdo con lo que establece la ley. En estos casos fueron asignaciones puntuales.

M.S.: Hay que avanzar con los concursos y muchas cosas que están por hacer. Las pruebas son pruebas y después habrá que hacer los concursos que correspondan. Los vamos a hacer.

V.: Entre los objetivos más importantes del directorio está la evaluación de los planes de desinversión presentados. ¿Se trató ya el caso de los medios comprados por Cristóbal López y sus socios?

M.S.: El directorio todavía no lo trató. Hasta ahora se aprobaron tres planes. Todos los grupos menos Clarín presentaron su plan. Claro que tengo opinión sobre cada uno de los que se presentaron que daré en su momento. Paralelamente a eso hemos iniciado la transferencia de oficio del Grupo Clarín porque fue el único que no se presentó, entonces le corresponde la transferencia de oficio. Esa transferencia comenzó el día que presentamos la notificación en su sede (el 16 de diciembre de 2012), que está suspendida ahora por la Justicia.

V.: Un reparto entre socios y familiares quizás en la letra respete la ley, pero podría ser frustrante para quienes militaron por una desconcentración real. ¿Cuál es su postura?

M.S.: Si me preguntás si la ley permite que la adecuación implique que los socios de un grupo se dividan entre ellos, la respuesta es sí, lo permite. Y eso lo permite la mayoría de las leyes antimonopólicas en el mundo. Como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una ley antimonopólica, lo que dice es que si entre tres socios tienen treinta licencias de aire y el máximo es diez, puede cada socio quedarse con diez licencias. Obviamente no podrá funcionar más como grupo, y deberán ser tres empresas distintas, con tres administraciones distintas, con gerenciamiento e infraestructura diferentes. Por supuesto que la división no podrá ser de mentira, no podrá ser una trampa. Y luego tendrá que haber un control conjunto entre la AFSCA y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que dé cuenta de que no hay trampas.

V.: ¿Qué piensa de la propuesta de Vila (segundo multimedios del país, detrás de Clarín)?

M.S.: Más allá del caso puntual, cualquier plan de adecuación, sea de quien sea, tenga el nombre que tenga, sea más conocido o menos conocido, lo que tiene que hacer es cumplir la ley, que es pareja para todos.

V.: Hay una discusión sobre cómo se entienden las extensiones de cobertura de las licencias de televisión por cable (art. 58). Algunos operadores lograron con una misma licencia cubrir varias localidades, y con eso eludirían o amortiguarían el límite de 24 que impone la norma.

M.S.: Es cierto. Hay que discutirlo y elaborar un sistema que deje más claro qué se entiende por extensiones. Porque si reemplazan de facto las licencias tampoco es correcto. El criterio que establece la ley es que se puede extender una licencia a otra ciudad que tenga menor densidad de población.

V.: ¿Han tenido respuesta, aunque sea informal, de los grupos que ya presentaron planes de adecuación y que la AFSCA prima facie objetó?

M.S.: Hemos conversado con todos los grupos desde que estamos acá. Obviamente hay consultas diariamente y la AFSCA está para eso.

V.: ¿Tienen claro de quién es Canal 9 y si incumple la ley en cuanto a la participación de dueños extranjeros con un límite del 30%?

M.S.: Canal 9 no tiene que adecuarse porque el 70% es de Carlos Lorefice y el 30% es de capitales extranjeros, con lo cual está en el marco de la ley.

V.: ¿Quién es Carlos Lorefice?

M.S.: El titular del 70% de Canal 9. Fuera de este caso, la ley mantiene la excepción para quienes tengan mayor porcentaje extranjero, pero se hayan constituido antes de la Ley de Bienes e Industrias Culturales de 2003 (ndr: por ejemplo, Telefe, de Telefónica de España).

V.: ¿Lo conoce?

M.S.: Sí, claro, se ha presentado aquí, hemos tenido reuniones con él. Es el titular del 70% de Canal 9.

V.: ¿Qué le parece que el único programa político de Canal 7 sea 678, en virtud de que la ley pide pluralismo político en los medios públicos (art. 121)?

M.S.: Primero, tengo un gran entusiasmo por cómo ha crecido y mejorado el sistema público de televisión, que es de calidad y cumple el rol de lo público. Yo creo que 678 es un programa muy bueno que permitió mostrar cosas que no se muestran en otro lado. De ese modo, el Estado garantiza que exista el conjunto de voces y de miradas.

V.: ¿Pero le satisface la programación general del canal en términos de pluralismo?

M.S.: Me parece que es un canal plural, federal. Si uno mira la programación encuentra un solo ciclo político, que es 678, pero el resto del canal demuestra otro tipo de programas y otros ángulos. Uno podría pensar que sería bueno que existieran más programas de debate. En ese sentido es que valoro las mesas de discusión que armó el programa. Además, son invitados dirigentes de la oposición y no quieren ir. Los medios públicos tienen que seguir mejorando. Si les preguntás a Tristán (Bauer, titular de Radio y Televisión Argentina) o a María Seoane (titular de Radio Nacional), seguramente están muy contentos con lo que están haciendo, pero quieren seguir mejorando.

V.: Si el día de mañana gana Mauricio Macri la presidencia y hay un 876 con periodistas que hoy son muy opositores como único programa político, a usted le va a parecer mal.

M.S.: Si gana Macri tendríamos un problema mucho más grave. La Argentina estaría retrocediendo veinte casilleros con las políticas que hicieron que el país volcara.

@sebalacunza y @santiagomarino