Por: Aldo Norberto Bonaveri –  La economía argentina está distorsionada, el festival de subsidios y la falta de inversiones en áreas estratégicas, hacen que las variables que la componen estén encubiertas, producto de ello la sociedad pierde la noción de los valores reales.

El Estado nacional tiene dificultades crecientes y, el enfriamiento de la economía está repercutiendo negativamente en varias provincias argentinas; especialmente en las más grandes, que no presentaron crecimiento durante 2012. La desoptimización de los números está generando problemas que se trasladan a diferentes actores, empero tanto el Gobierno central como los provinciales, poco hacen por restringir el gasto público, persistiendo en cuantiosas erogaciones superfluas (propaganda oficial, festivales gratuitos, etc.)

 Acuciadas por su situación financiera en tal contexto, las administraciones de las provincias de Buenos Aires y Córdoba vienen incurriendo en arbitrariedades para con las cooperativas de servicios públicos. En ambos casos, preocupantemente se registran retrasos prolongados en pagar las facturas de consumos de energía y otros servicios de organismos provinciales.

 En la provincia de Córdoba la mora se produce fundamentalmente en los establecimientos dependientes del Ministerio de Educación, a la fecha ya son cinco meses adeudados, no existiendo certeza de cuándo comenzarán a regularizarlos.

 El esquema de pagos varió desde la asunción de José Manuel de la Sota; hasta noviembre de 2011 la provincia mediterránea en forma más normalizada, cancelaba las facturas de servicios de las distintas reparticiones de manera centralizada a cada cooperativa, desde entonces cada ministerio es quien debe afrontar los consumos de sus dependencias. Habida cuenta que las dilaciones se concentran en las entidades educacionales, los perjuicios que ello conlleva se dan precisamente en el mayor número de medidores provinciales y, los de superior consumo.

 En la provincia de Buenos Aires la situación es aún más grave; allí la demora en la que incurren la Tesorería General de la Provincia y la Dirección General de Escuelas, acumula ya facturas de electricidad, agua potable, teléfonos y gas de 7 meses y, la deuda con las cooperativas bonaerenses asciende a $ 5.000.000.

 También en Buenos Aires es más amplio el espectro de reparticiones morosas: dependencias de la administración central, entes autárquicos y organismos descentralizados provinciales (escuelas, policía, penitenciaría, hospitales, universidades, etc.). Históricamente, la cobranza por estos servicios se materializa través de un convenio suscripto por FEDECOBA (Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires), no obstante, debido a las dificultades económico- financieras que está atravesando la gestión de Daniel Scioli, el incumplimiento se extendió en el tiempo y a los montos referidos.

 La situación planteada constituye para las cooperativas un problema mayúsculo, que se agrava aún más en las más chicas. Las sumas retrasadas son significativas por sí solo, pero mucho más complica dado el contexto en que acontece:

 Semejante demora sin reconocimiento de intereses con una inflación imperante del 25/26% anual, no resiste ningún análisis y, máxime cuando como en este caso, se trata de entidades solidarias sin fines de lucro.

 La anormalidad potencia los serios problemas ocasionados por tarifas reguladas que no contemplan los costos reales; muchas son las cooperativas que están operando a pérdida, situación que repercutirá cuando deban afrontar las aplazadas inversiones, imprescindibles para reposición de equipamiento, y por ende la prestación de servicios eficientes.

 En la medida que ocurría el abultamiento de las deudas, las cooperativas han tenido que afrontar los incrementos salariales fijado por paritarias, como así los aumentos de insumos y combustibles.

 La situación planteada no da para más, los gobiernos de Córdoba y Buenos Aires deben concientizarse que están ocasionando menoscabos a entidades solidarias, que a la postre están dando soluciones a servicios y requerimientos donde los Estados no llegan o, cuando lo hacen evidencian ineficacia.