La crisis del sector eléctrico, que recrudeció en los últimos meses, volverá a desplegar un manto de duda sobre la calidad del servicio a partir de mañana. Será cuando el gremio de Luz y Fuerza, que conduce Oscar Lescano, ponga en marcha, desde las 0 horas del miércoles, el quite de colaboración de sus afiliados a empresas de todo el país que cubren, a su vez, los tres eslabones básicos del sector, desde la generación de la electricidad hasta el transporte y la distribución, en cabeza de empresas como Edenor y Edesur en el caso de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Desde la mirada del usuario, la medida implica una enorme incertidumbre: si las condiciones climáticas se mantienen en línea con las predicciones del servicio meteorológico y no hay averías en ninguna máquina importante, es probable que casi no noten la medida de fuerza, siempre que dure poco.
Pero en caso de un brusco ascenso de las temperaturas (implica un mayor consumo eléctrico por los aparatos de aire acondicionado) o lluvias que afecten la infraestructura de las empresas, un eventual corte de luz demorará mucho más en ser reparado. Ésa es la principal amenaza del quite de colaboración: aunque no es un paro propiamente dicho (la jornada de trabajo dura seis horas), las posibles interrupciones en el suministro se atenderán con menos celeridad debido a que va a haber menos recursos.
Lescano les comunicó su decisión ayer por la mañana a las empresas. La justificó en su disconformidad con respecto a la política de ingresos del personal y, en especial, a la falta de acuerdo salarial para este año.
Aunque la medida de fuerza apunta contra las empresas, es un tiro por elevación al Gobierno. El sindicalista les reclama a las eléctricas un ajuste salarial del 27%, pero tiene claro como pocos que ellas no cuentan con los recursos. Los números públicos de las empresas parecen demostrarlo: de acuerdo con los resultados que presentó Edesur la semana pasada, perdió en 2012 nada menos que 801,60 millones de pesos, un 70% más que los $ 470,41 millones que había anotado en rojo el año anterior.
Es por eso que cualquier ajuste deberá contar con ingresos adicionales para las empresas, que luego puedan trasladar a los sueldos. El mes pasado, el propio Lescano discutió estos temas con el viceministro de Economía, Axel Kicillof, en una reunión en la que también participaron los principales ejecutivos de las compañías. El funcionario admitió que está al tanto de la compleja situación del sector y les prometió una mejora en sus ingresos, algo que hasta ahora no ocurrió.
«Lescano está perdiendo la paciencia. De lo contrario, no lanzaría una medida tan amplia y sin fecha de culminación. Va a durar hasta que lo llamen», reflexionaron en otra de las empresas.
Antes de que se apague
El vaticinio fue certero: por la tarde, la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, se comunicó con el sindicalista para pedirle que reviera su posición a cambio de una oferta oficial. Fuentes al tanto de las negociaciones explicaron a LA NACION que la funcionaria consultaría con la presidenta Cristina Kirchner la oferta que le haría a Lescano, a más tardar hoy. Entre las alternativas figura un ajuste salarial en dos tramos: una parte ahora y el resto a partir del segundo semestre.
La manera de nutrir de recursos a las empresas es otro punto que aún no está resuelto. Kicillof trabajó este año en alternativas para otorgarles un nuevo cargo fijo (como hizo en diciembre, con incrementos en las facturas desde 4 pesos), pero quedaron minadas luego de la orden de congelar precios a supermercados del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a principios de este mes.
En el caso de las distribuidoras, el Gobierno tiene otra carta para jugar: permitirles a las empresas que paguen parcialmente a Cammesa (la compañía que administra el mercado) por la electricidad que compran. Aunque es una alternativa muy poco formal, les permitiría a las compañías liberar fondos para otros destinos, como el pago de salarios.
