«Es un paso más que muestra que la marcha y la aplicación de la ley es inexorable porque tiene una construcción social muy sólida, con gran participación ciudadana y con un importante debate legislativo», señaló en diálogo con Télam la periodista designada por la Comisión Bicameral que sigue el cumplimiento de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El fiscal de la Cámara en lo Civil y Comercial rechazó con su dictamen el planteo de inconstitucionalidad de la norma que presentara el grupo Clarín y es considerado como una señal positiva hacia la plena aplicación de la ley que fue sancionada en 2009 por amplia mayoría en el Congreso.

De todas formas, Ottaviano ratificó que la norma «está vigente», incluso para el grupo Clarín, con la excepción de los artículos referidos a la cantidad de licencias permitidas que el multimedios apeló.

«Sabíamos que los sectores que con la ley pierden sus privilegios iban a oponerse y eso es lo que está ocurriendo», razonó la titular de la defensoría, que recibió en tres meses 95 consultas y denuncias por parte del público.

Ottaviano se refirió también a los recursos de la Defensoría y aclaró que ante los errores en la información que publicaran ayer los diarios Clarín y La Nación, el organismo «cuenta con un presupuesto fijado por los artículos 94, 95, 96 y 97 de la ley de servicios de Comunicación, aprobado por ambas cámaras».

«No es verdad que la AFSCA `reasigne´ parte de sus recursos, como afirma el artículo de La Nación, ni tampoco que es una `asignación discrecional´, como dice el diario Clarín», aseguró la defensora.

Y explicó que el inciso «e» del artículo 97 especifica que a la Defensoría del Público le corresponde «el cinco por ciento de los fondos recaudados» por la Administración de Ingresos Públicos del «gravamen proporcional al monto de la facturación bruta correspondiente a la comercialización de publicidad tradicional y no tradicional, programas, señales», abonados por «los titulares de los servicios de comunicación audiovisual».