La crisis económica por la que atraviesa la administración bonaerense podría dejar sin servicios básicos a entidades bonaerenses. Sucede que el gobierno de Daniel Scioli mantiene una deuda de hasta ocho meses con cooperativas que brindan servicios de electricidad, gas, telefonía y agua potable, según señala la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Fedecoba).

“Sin respuestas a los numerosos reclamos por el atraso en los pagos de las facturas por servicios de electricidad, agua potable, teléfono y gas, las cooperativas de servicios públicos bonaerenses han comenzado a evaluar cortar los servicios en las dependencias provinciales. Esto incluye a escuelas, universidades, destacamentos policiales, cárceles, hospitales y otros organismos descentralizados”, informó ayer Fedecoba.

Según cifras difundidas por la entidad que agrupa a las cooperativas bonaerenses, la deuda actual es de $6 millones y afecta a más de 100 empresas. La cifra se duplica si se suma a las cooperativas integradas a otras entidades.

“No ignoramos las dificultades financieras por las que atraviesa la provincia, pero no podemos resignar derechos de nuestras cooperativas y de sus comunidades. Tenemos que hacer pública esta situación ya que afecta gravemente el normal desenvolvimiento económico-financiero de las cooperativas”, expresaron los dirigentes del sector en un comunicado.

La demora de 6 y hasta 8 meses que la Tesorería General de la Provincia y la Dirección General de Escuelas tienen, perjudica a cooperativas por las facturas de servicios de electricidad, agua potable, teléfonos y gas en las dependencias de la administración central, entidades autárquicas y organismos descentralizados provinciales (escuelas, policía, penitenciarías, hospitales y universidades, entre otros establecimientos).

“Le prestamos el 50% del servicio de la energía eléctrica a la Unidad Penal número 37 del Servicio Penitenciario Bonaerense pero desde mayo del año pasado no nos abonan. Contraria a la medida que podemos tomar con los usuarios comunes, no podemos cortar el servicio ya que iríamos en contra de la ley”, relató la semana pasada a Ansol la jefa administrativa de la Cooperativa de Servicios Públicos de Barker, Margarita Christensen, sobre la empresa que reclama al gobierno provincial $400 mil por los servicios prestados en la cárcel local.

El atraso acumulado en los pagos de las facturas por servicios y la desactualización tarifaria con más de diez años da cuenta del “desequilibrio entre los ingresos y egresos de las cooperativas”.