Una deuda del Gobierno bonaerense que supera los 12 millones de pesos y afecta a decenas de cooperativas eléctricas del interior pone en alerta máxima el servicio que se presta en dependencias estatales como escuelas, hospitales y cárceles.
La deuda, que afecta a la mayoría de las 200 cooperativas del interior, repercute en la electricidad, gas, telefonía y agua potable que brindan, por lo que algunas de las prestadoras amenazaron con cortar los servicios a la brevedad si es que no se efectiviza un pago. Es que, según denuncian, la mora llega hasta los ocho meses y en las entidades más pequeñas esto las pone en una situación de «asfixia financiera».
«No tenemos respuestas, no hay ninguna explicación oficial. Ante esto ya estamos evaluando el corte de servicios a dependencias provinciales como escuelas, universidades, destacamentos policiales, cárceles, hospitales y otros organismos descentralizados», dijeron a DIB desde la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia (Fedecoba).
Sin embargo, fuentes del Gobierno consultadas por esta agencia reconocieron que es muy complejo que se llegue a un corte, ya que quien debe autorizarlo es el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (Oceba), que depende el Estado.
Deuda millonaria
La deuda con Fedecoba -que agrupa a unas cien cooperativas que brindan servicio eléctrico a 290 mil usuarios y de agua potable a 90 mil- llega a los 6 millones de pesos. Pero la cifra supera los 12 millones si se suma las entidades enroladas en la Asociación de Prestadores Eléctricos de la Provincia (Apeba), que brindan servicios a unos 300 mil usuarios pero en ciudades como Olavarría, Azul, Tandil, Pergamino y Tres Arroyos.
Al respecto, el titular de Apeba, Nicolás Ambrosius, aseguró que la situación es compleja y contó que algunas cooperativas ya mandaron cartas documentos a organismo para que regularicen los pagos.
Un ejemplo es la deuda que tiene el Estado sólo con la Cooperativa Eléctrica de Olavarría y que asciende a un millón de pesos. Al respecto, su gerente, Carlos Díaz reconoció que están teniendo un atraso «por el pago de las facturas de consumo de electricidad por los meses de septiembre en adelante». Otra deuda abultada es la que tiene la Provincia con la Cooperativa de Servicios Públicos de Barker por el servicio prestado a la Unidad Penal 31, de esa localidad. «Le prestamos el 50 por ciento del servicio de la energía eléctrica pero desde mayo del año pasado no nos abonan», dijo la jefa administrativa de la cooperativa, Margarita Christensen.
