Cooperativas que prestan servicios de electricidad, gas, telefonía y agua potable en el interior de la Provincia advirtieron en las últimas horas que cortarán esas prestaciones en organismos públicos si el gobierno bonaerense no regulariza una deuda que mantiene con esas entidades y que ya acumula más de ocho meses, según denunciaron.

 El planteo fue presentado por la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia (Fedecoba), que nuclea a entidades del interior bonaerense, hoy afectadas por el atraso en los pagos de las facturas por parte del Ejecutivo.

 El reclamo de las cooperativas se suma al de otros sectores que facturan al gobierno provincial, como los proveedores del comedores del Servicio Alimentario Escolar (SAE), las empresas de transporte escolar y las ONG que trabajan con problemática de adicciones.

“Sin respuestas a los numerosos reclamos por el atraso en los pagos de las facturas por servicios de electricidad, agua potable, teléfono y gas, las cooperativas de servicios públicos bonaerenses han comenzado a evaluar cortar los servicios en las dependencias provinciales. Esto incluye a escuelas, universidades, destacamentos policiales, cárceles, hospitales y otros organismos descentralizados”, informó ayer Fedecoba.

Actualmente, la deuda con las cooperativas nucleadas en Fedecoba es de 6 millones de pesos y afecta a más de 100 cooperativas bonaerenses.

La cifra se duplica si se suma a las cooperativas integradas a otras entidades.

“No ignoramos las dificultades financieras por las que atraviesa la Provincia, pero no podemos resignar derechos de nuestras cooperativas y de sus comunidades. Tenemos que hacer pública esta situación ya que afecta gravemente el normal desenvolvimiento económico y financiero de las cooperativas”, expresaron los dirigentes del sector en un comunicado.

La demora de seis y hasta ocho meses que la Tesorería General de la Provincia y la Dirección General de Educación tienen, perjudica a cooperativas por las facturas de servicios de electricidad, agua potable, teléfonos y gas en las dependencias de la administración central, entidades autárquicas y organismos descentralizados provinciales (escuelas, policía, penitenciarías, hospitales y universidades, entre otros establecimientos).

“Le prestamos el 50 por ciento del servicio de la energía eléctrica a la Unidad Penal número 37 del Servicio Penitenciario Bonaerense pero desde mayo del año pasado no nos abonan. Contraria a la medida que podemos tomar con los usuarios comunes, no podemos cortar el servicio ya que iríamos en contra de la ley”, subrayó la jefa administrativa de la Cooperativa de Servicios Públicos de Barker, Margarita Christensen, sobre la empresa que reclama al gobierno provincial 400 mil pesos por los servicios prestados en la cárcel local.

El atraso acumulado en los pagos de las facturas por servicios y la desactualización tarifaria con más de diez años da cuenta del “desequilibrio entre los ingresos y egresos de las cooperativas”, dijeron desde Fedecoba.