El Gobierno planea presentar en los próximos días cambios normativos y regulatorios para el castigado sector eléctrico. Dentro del nuevo esquema que se plantea, el Estado pasará a ser el intermediario de la comercialización de electricidad para las grandes industrias, pasando a tener el control total de su funcionamiento. Las inminentes modificaciones afectarán puntualmente a las generadoras eléctricas, entras las que se encuentran Pampa Energía, Central Puerto, Endesa Costanera, AES, entre otras, que en la actualidad manejan este negocio.

De este modo, se formalizará lo que ya había prometido el viceministro de Economía, Axel Kicillof, que en agosto pasado a empresarios del sector: reformular de cuajo el modelo energético. Ya en ese momento, había trascendido la posibilidad –que ahora se hará efectiva–, de una virtual desaparición del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) tal como funciona hoy en día, donde las dueñas de las principales usinas y centrales comercializan la venta de energía a grandes usuarios, que abarca contratos con un universo de más de 5.000 grandes clientes de todo el país.

Según el nuevo esquema, el Estado se transformaría en el controlante de estas operaciones, siendo Cammesa la única autorizada para comprar energía a las generadoras y a revenderla a los grandes usuarios. Las operaciones, así, se harán a través del Organismo Encargado del Despacho (OED) .

Según informó el portal especializado El Inversor Online, la resolución, que presentará el equipo del viceministro y que ya está lista, “consta de 14 artículos y tres anexos y se publicaría después de Semana Santa”. El sitio detalla que en el artículo 9 de la norma se establece que se suspende “transitoriamente, a partir del dictado de la presente resolución, la incorporación de nuevos contratos en el Mercado a Término del MEM para su administración por parte del Organismo Encargado del Despacho y cuya parte compradora sean Grandes Usuarios del MEM”. De esta manera, detalló El Inversor Online, quedarán por fuera del alcance de la normativa los contratos de Energía Plus firmados bajo la resolución 1281 la Secretaría de Energía, que autorizó a los generadores a vender a mayores precios la nueva oferta de generación construida después de 2006. Al mismo tiempo, la norma resuelve que “una vez finalizados los contratos del Mercado a Término celebrados entre los Grandes Usuarios del MEM y los Agentes Generadores Comprendidos, será obligación de los Grandes Usuarios adquirir su demanda de energía eléctrica al Organismo Encargado del Despacho conforme las condiciones que establezca esta Secretaría de Energía a tal efecto”.

Según fuentes del sector consultadas por El Cronista, “se llevará a la práctica formal lo que ya sucedía en los hechos”. Y es que el trasfondo de este punto de la resolución es poner por escrito la pérdida de independencia de las generadoras al tener que venderle ahora exclusivamente al Estado, aunque se estima que recibiría un precio mejor. “Con este nuevo régimen se transparenta un modelo que ya estaba existiendo en la práctica cotidiana porque tanto Cammesa como la Secretaría de Energía son las que hoy por hoy, y hace mucho tiempo, fijan los precios en la industria”, evaluaron desde una empresa. No obstante, las generadoras cobran a sus clientes por la energía además del valor spot, un fee adicional, en el que el Gobierno no tenía injerencia hasta ahora.

En la normativa también se modificará la manera de medición de los precios en base a los costos. “El principal problema es cómo las empresas enfrentaremos los enromes costos laborales que se han pactado. De alguna manera a través de los cambios normativos se reconocen los costos que tenemos, pero hay que ver cómo se implementa igual porque en un año electoral no dejarán transferirlos a tarifas”, sostuvo otra fuente de una de las compañías afectadas.

Un borrador de resolución elaborado por el equipo del viceministro de Economía, Axel Kicillof, mantiene en vilo a los empresarios del sector eléctrico. El texto, que el funcionario le hizo llegar a un grupo reducido de empresarios el miércoles de la semana pasada, fija pautas nuevas para el negocio eléctrico, como la estatización de los contratos de abastecimiento de electricidad de las grandes empresas, que anunciará en los próximos días.

De acuerdo con el documento, en el momento en que caduquen los contratos de venta de energía entre las generadoras (los principales grupos son Pampa Energía, Endesa, Sadesa y Duke Energy) con las grandes industrias, el Estado se hará cargo de la venta de energía a los principales complejos fabriles, entre los que se encuentran siderúrgicas, cerealeras, cementeras, alimentarias, automotrices y petroleras, entre otras. El Gobierno, además, se encargará de pagarles a las empresas privadas que producen la electricidad.

Kicillof anticipó los cambios el miércoles de la semana pasada. Estuvo rodeado por sus colaboradores Patricia Charbay y Cristian Girard; el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el coordinador del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta. Lo escuchaban Gustavo Mariani y Rubén Turienzo, de Pampa Energía; José María Hidalgo, de Endesa; José María Vázquez, de Sadesa, y Patricio Testorelli, de AES. Para los empresarios, la estatización de los grandes contratos es una mala noticia porque las grandes empresas son la «crema» de un negocio flaco. No tanto por los precios que pagan, sino porque son buenos pagadores. Un empresario del sector apuntó que el movimiento le permitirá al Gobierno quedarse con otra pequeña caja.

El borrador que circula, sin embargo, trae en el reverso una medida favorable para las eléctricas. Contempla un mayor pago por la potencia (así se denomina en el sector a la disponibilidad de la energía, es decir, que las usinas estén en condiciones de funcionar) y por los costos de operación y mantenimiento. No circularon números precisos con respecto a esa mejora, pero diversas fuentes estipulan que podría reportarles una mejora incluso por encima del 50% con respecto a sus ingresos actuales