El Gobierno pasó a controlar todos los aspectos del negocio de la generación eléctrica al convertirse en el que pagará en forma exclusiva la energía a las empresas generadoras, suspendiendo los contratos con los grandes usuarios, y en el suministrador de los insumos para el funcionamiento (gas y combustibles líquidos). Así surge de la Resolución 95 de la Secretaría de Energía, publicada ayer en el Boletín Oficial, en la cual también se incrementaron los precios que percibirán las compañías que producen electricidad.

La medida implica un aumento en los subsidios al sector eléctrico porque la mejora de precios para las generadoras no se trasladará a los usuarios finales, ya sean residenciales o industriales. Están alcanzadas por las nuevas normativas las generadoras térmicas y las hidroeléctricas, con excepción de las hidroeléctricas binacionales, las centrales nucleares y las que tienen firmados contratos con grandes usuarios por los programas de energía plus que ya aseguraban una remuneración más alta para la energía.

Para acceder a la mejora de ingresos, las empresas tendrán que cumplir con metas de disponibilidad de potencia y renunciar a recursos administrativos o judiciales por disposiciones dictadas desde 2003 para esta actividad. Al fijarse distintos porcentajes del precio (del 35 por ciento al 100 por ciento) según se cumplan determinados niveles de disponibilidad correspondientes a cada tipo de equipo, no se puede precisar a cuánto asciende la recuperación de ingresos. Para cada empresa la situación varía, además, según la inversión que deba realizar y la incidencia del endeudamiento en sus cuentas.