La posibilidad de que le corten la luz a la provincia de Buenos Aires se acercó peligrosamente un poco más, ya que la Asociación de Prestadores Eléctricos de Buenos Aires (Apeba) ya solicitó al órgano de control, el Oceba, la autorización para tomar esta medida de excepcional gravedad. De las concesionarias, la mayor acreedora es Coopelectric, ya que la provincia le adeuda tres millones de pesos.

El titular del Consejo de Administración de Coopelectric, Carlos Díaz, calificó al corte del servicio como «una medida extrema», pero no la descartó, si bien insistió en que «sería un bochorno tener que dejar sin luz a una escuela o una cárcel».

En los últimos días el Ejecutivo provincial saldó la mitad de la deuda que mantenía con cooperativas más pequeñas, agrupadas en Fedecoba, pero no hay noticias de que haya decidido adoptar el mismo criterio con Apeba.

La causa por la cual el consumo de luz de la Provincia es mayor en Olavarría se debe a la presencia de las tres cárceles de Sierra Chica.

Precisamente es el Ministerio de Seguridad y Justicia, de quien dependen el Servicio Penitenciario Bonaerense y la Policía, quien mantiene la mayor deuda con Coopelectric, la que actualmente se ubica en más de un millón y medio de pesos.

La cartera educativa debe otro millón cien mil pesos. El resto de la deuda es del servicio de agua.

Carlos Díaz puntualizó que «los mecanismos institucionales están prácticamente agotados. Hemos enviado cartas documento solicitando el pago de la deuda pero no han recibido ninguna respuesta».

Precisó además que «nunca nos habíamos encontrado ante esta situación que ya nos está preocupando mucho. Al principio no fue así, pero al irse acumulando la deuda las cosas comenzaron a cambiar» y que «el peso de la Provincia en la facturación de Coopelectric es de entre el cuatro y el cinco por ciento».

La presión de las cooperativas del interior para que la Provincia pague las facturas se acentuó en las últimas semanas cuando comenzaron las negociaciones paritarias por los salarios con el Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza.

Las concesionarias dicen que no pueden pagar ningún aumento de sueldos en estas condiciones y el gremio inició el trabajo a reglamento.

Pero además hace tiempo que las cooperativas vienen reclamando un ajuste de tarifas, ya que sostienen que con los valores actuales no están en condiciones de llevar adelante ni nuevas obras ni mantener en condiciones la infraestructura actual, lo que lleva inexorablemente a un deterioro en la prestación del servicio.

Fuentes cercanas a Apeba y Fedecoba aseguran que unas cuantas cooperativas pequeñas se encuentran al borde del colapso, por lo que la falta de pago de parte de la Provincia se puede convertir en el último clavo del ataúd de esas concesionarias.

Claro que la administración de Daniel Scioli no sólo ha dejado de pagar la luz. Los proveedores están comenzando a desesperar, como se advierte con las restricciones a los comedores escolares que tanto han dado que hablar en Olavarría y otras ciudades bonaerenses.

La presión de los docentes y del resto de los empleados públicos es cada vez más fuerte, ya que están completamente disconformes con la oferta salarial recibida. La paritaria docente fue cerrada sin tener en cuenta la opinión de los maestros que ratificaron las medidas de fuerza para abril y amenazaron con seguirlas durante todo el año.

Por si fuera poco, las diferencias políticas entre Scioli y el gobierno central enrarecen todavía más el clima, ya que, con razón o sin ella, cada uno de los pasos que da la administración provincial son leídos en función de esa interna. Y esto ocurre justamente en un año electoral.

Pero más allá de los chisporroteos políticos, lo cierto es que las finanzas provinciales están pasando por un momento muy complicado, ya que la recaudación es insuficiente para afrontar los gastos. La única alternativa que parece estar manejando Scioli es la emisión de nuevos títulos de deuda, aunque la experiencia argentina debería disuadir a cualquiera de adoptar ese camino.

El reclamo bonaerense de recuperar los puntos de coparticipación rebanados en los primeros años de la última etapa democrática es una quimera, ya que para cambiar la redistribución de los fondos coparticipables se requiere de la unanimidad legislativa y ninguna otra provincia se ha mostrado dispuesta a resignar parte de sus ingresos a favor de Buenos Aires.

Planteadas así las cosas, está claro que la única salida que parece estar a mano es un nuevo y cuantioso desembolso del Tesoro de la Nación, pero ya desde hace tiempo que se planteó desde el Gobierno que difícilmente habrá una ayuda extraordinaria para la Provincia y, sin medias tintas, cuestionaron la capacidad administrativa de Daniel Scioli.

En ese contexto, que a la Provincia se le apague la luz sería la corporización de una catástrofe que muchos dan como inevitable, aunque en el conjunto delos gastos provinciales el costo de la energía eléctrica es poco menos que irrelevante.

Por eso las cooperativas eléctricas del interior siguen confiando en que las Provincia les pagará antes de que ellas también lleguen a encontrarse al borde del desastre.