La Justicia no puede gobernar por encima de leyes democráticas, con medidas cautelares, argucias jurídicas y direccionamiento de fallos, con el fin de favorecer a un grupo empresario”, comienza el comunicado del Cofeca, y continúa, “la argumentación de la Cámara Federal es absurda, al pretender desregular la televisión por cable, permitiendo monopolios para garantizar la libertad de expresión.

“Esa  argumentación es contraria a toda la jurisprudencia y doctrina en materia de libertad de expresión y derecho a la información, que se afirma en la obligación del Estado de asegurar diversidad y pluralidad impidiendo oligopolios y monopolios”, señala el pronunciamiento.

“Clarín, mediante una posición dominante, ha generado que un poder del Estado y todo un sector de la sociedad estén condicionados a sus pretensiones como grupo económico con un sentido político claro: tratar de seguir estableciendo su posición hegemónica”, aseguran desde el Consejo.

“La Ley N°26.522 es una norma de la democracia que fue violentada, manoseada y bastardeada en nombre de la libertad de prensa”, por eso, la declaración del Cofeca, considera necesario reconocer a «la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones”.

Finalmente, el CoFeCA, integrado por representantes de las Provincias, prestadores comerciales y sin fines de lucro, trabajadores de la Comunicación, Universidades nacionales; Pueblos originarios, medios públicos y entidades gestoras de derechos, manifestó “su expectativa de que la Corte Suprema de Justicia acabe con este absurdo y demorado proceso judicial confirmando la absoluta y total vigencia de la Ley 26.522”.