El 52% de las quejas que en la actualidad recibe la oficina de Defensa al Consumidor deriva del uso de celulares: baja señal, que el 3G no funciona, que las llamadas se cortan o los mensajes de texto no llegan a destino, entre otros reclamos.

Y si bien a nivel mundial existe una clara y permanente evolución en materia de telefonía móvil, en la Argentina no sucede lo mismo. A pesar de que la tecnología 3G lleva más de seis años en el país y que en el mercado han crecido las ventas de smartphones, todo indica que aún resta un largo camino por recorrer para llegar a brindar a los ususarios un servicio acorde a sus necesidades multimedia donde, por ejemplo, no se presenten problemas al conectarse a Internet desde el equipo.

En este escenario, diversos legisladores se han hecho eco de esta situación y han presentado distintas iniciativas parlamentarias para buscar que por ley se declare a estas prestaciones como un «servicio público» y procurar así que sean reguladas a nivel técnico, operativo, administrativo en lo que respecta a tarifas y penalidades frente a incumplimientos de las empresas que las brindan.

Un servicio con deficiencias

En este contexto, la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados convocó recientemente a las empresas prestadoras de telefonía móvil para que expliquen los motivos por los cuales suceden recurrentes cortes de servicios en distintos puntos del país.

Ante esta pregunta -formulada por los legisladores- el presidente de la Cámara de Informática y Comunicaciones de la Republica Argentina y representante de dichas compañías, Norberto Capellán, no pudo más que admitir que las firmas brindan un nivel de prestaciones que está muy lejos del ideal.

«Logramos que las compañías reconozcan la mala calidad del servicio», expresó el diputado Fabián Rogel al término de la reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.

Sin embargo, la respuesta concreta a las razones de los cortes no pudo obtenerse de forma concreta de parte de los representantes de Telecom, Movistar y Claro ya que ninguno asistió. No obstante, las declaraciones de Capellán y la innegable realidad resultaron más que suficientes para que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) haya tomado la decisión de analizar las explicaciones recibidas en los próximos días.

«Es inconcebible que se haya manifestado que la inversión de los últimos diez años ha sido superior a $23.000 millones por parte de todas las compañías y que la calidad del servicio sea la misma de hace más de veinte años», advirtió Rogel a Parlamentario.com.

Y precisó que «las excusas vertidas por el ingeniero Capellán como la falta de autorización de los municipios para colocar nuevas antenas, que permitan mejorar el servicio, resultan casi infantiles y desproporcionadas frente a un servicio que no prestan y cobran».

Según el titular de Consumidores Responsables, Henry Stegmayer, la CNC debería emitir una resolución para que las firmas prestadoras estén obligadas a fraccionar las llamadas por segundo y no por minuto, tal como ocurre actualmente al momento de facturar.

«El servicio es una pesadilla y comunicarse es, en algunos casos, una odisea», explicó.

Asimismo, remarcó que «la telefonía celular constituye la principal fuente de recursos de las telefónicas porque los precios no están regulados».

 «No existe tal regulación toda vez que la legislación no la considera un servicio público», advirtió.

Por eso, aconsejó «realizar un permanente control de las facturas porque las empresas cambian los planes de manera unilateral e inconsulta, generando mayores gastos o cobrando servicios que no prestan».

 «Si uno no ha sido fehacientemente notificado de un aumento, éste no puede llevarse adelante. Es decir, no alcanza con una solicitada en un diario porque debe ser notificado cada usuario en forma personal», aclaró.

En tanto Christian Galindo, responsable de la Red Argentina de Consumidores, denunció: «Con muy escasos requerimientos suben sus tarifas unilateralmente y siempre en bloque, lo que es muy llamativo».

Y destacó que «al igual que para los servicios públicos, para modificar tarifas debería exigirse un paso previo por el Congreso y por audiencia pública».

Telefonía móvil como «servicio público»

Los cambios de planes sin consulta, cobros indebidos, aumentos de tarifas y trabas burocráticas a la hora de realizar cualquier reclamo dentro de una compañía son ejemplos de los problemas que padecen los usuarios.

Mientras se esperan definiciones de la CNC y que avance alguna de las iniciativas que están en el Congreso, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) salió a pedir que se reconozca a la telefonía móvil como un servicio público y que se generen los mecanismos necesarios para que se declare como tal a través de una ley.

Durante una conferencia, desde la entidad tomaron como ejemplo la inundación de la ciudad bonaerense de La Plata, a principios de abril, cuyos habitantes sufrieron la virtual interrupción de las comunicaciones por celular.

De esta manera, consideraron que quedó en evidencia que el servicio presenta serias deficiencias y argumentaron que la telefonía móvil es un verdadero servicio público porque su prestación apunta a satisfacer necesidades públicas en forma continua, regular, uniforme y general; más allá de que su ejecución sea privada.

Por otra parte, también el diputado Bernardo Biella remarcó que insistirán para que no sólo se establezca un monto máximo sino también para que las llamadas sean fraccionadas por segundo.

En este escenario, también vale recordar la iniciativa del senador peronista Carlos Verna en la cual se propone que el Poder Ejecutivo fije «las tarifas máximas que podrán percibir los prestadores del servicio público esencial de telefonía móvil para todas las modalidades de prestación».

E indica que se debe «ratificar el carácter de servicio público esencial de la telefonía móvil».

Al respecto, Héctor Polino de la asociación Consumidores Libres concluyó: «Estamos de acuerdo con el proyecto que declara servicio público a la telefonía celular. Ojalá esto pudiera salir aprobado rápidamente por el Congreso ya que estamos frente a grandes empresas que han tenido ganancias escandalosas a lo largo de estos años. Hoy hacen lo que se les ocurre, nunca pagan las multas que se les aplican».