La Confederación Cooperativa de la República Argentina sostiene que es una señal fundamental la decisión del máximo tribunal de convocar a una audiencia pública y dictar un reglamento para que puedan participar, además de las partes y los peritos, 10 organizaciones sin fines de lucro en calidad de amicus curiae para referirse a los aspectos conflictivos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La importancia radica en dos partes. Por un lado, implica un avance concreto de la Corte en un tema que lleva cuatro años de idas y vueltas, con maniobras judiciales que dilatan la plena aplicación de una normativa esperada durante décadas y necesaria para cientos de entidades sociales, gremiales, religiosas y académicas, entre otras, y para todas las fuerzas políticas que aprobaron el proyecto de ley en 2009 en el Congreso Nacional.

Luego de esta audiencia queda abierto el camino hacia una sentencia definitiva. Por otro lado, la participación de organizaciones que aporten fundamentos es clave para enriquecer los enfoques. En este sentido, la posición de la economía solidaria es clara, y contraria al último fallo de la Cámara de Apelaciones, que confunde posición dominante con capacidad competitiva y libertad de expresión.

La democratización de la palabra no es compatible con posiciones dominantes y menos aún en el ámbito de las comunicaciones. Las cooperativas, con su mera existencia como prestadores de cable, invalidan el argumento que la Cámara utilizó para cuestionar el tope de 24 licencias de cable establecido por la ley, el impedimento de superponer un canal de aire y servicio de cable, el máximo de titularidad de señales y el tope que restringe la cantidad de abonados al 35 por ciento del mercado, con la noción de que las restricciones generan inseguridad económica para el Grupo Clarín, le restan capacidad competitiva y coartan la libertad de expresión.

La ley, sancionada en octubre de 2009 y cuya aplicación plena se hace hoy impostergable, fue producto de un debate amplio y participativo, centrado en el propósito de garantizar el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión en condiciones de equidad y la conformación de un debate público plural y diverso.