La Secretaría de Comunicaciones presentará el próximo lunes un proyecto de reglamento de telefonía móvil por celulares que definirá los derechos y obligaciones de las empresas prestadoras del servicio y de los usuarios. «Estamos terminando de definir algunas cuestiones formales para poder dictar la resolución correspondiente, y si logramos ajustar todos los aspectos vinculados el lunes estamos iniciando un proceso para establecer un nuevo reglamento de usuarios móvil de la Argentina», explicó ayer el secretario de Comunicaciones, Norberto Bener.

El funcionario equiparó el nuevo reglamento con el que ya existe para la telefonía fija. «En la guía telefónica las primeras hojas están destinadas al reglamento del usuario de telefonía fija, que contiene todos los derechos y obligaciones que uno tiene como usuario».

Además, Bener hizo una puntualización del reglamento por venir al señalar que «incluirá, porque lo estuvimos trabajando todos estos meses, el problema del spam». Uno de los reclamos más constantes y sentidos por parte de los usuarios de telefonía móvil es el del spam con costo para el consumidor, una práctica a todas luces ilegal e injusta pero que sin embargo persiste.

El reglamento de la telefonía móvil es un complemento del reglamento de calidad del servicio que lanzó el Ministerio de Planificación en junio pasado y que entrará en vigor a fines de octubre. Esa norma establece parámetros de calidad del servicio que las empresas deben cumplir, incluida la publicación del desempeño en las propias páginas web de las firmas. En el largo camino, de casi medio año, de la adecuación de las empresas a estos parámetros, han sucedido hasta ahora dos hechos destacados. El primero fue el rumor del retiro de la firma Nextel de la Argentina, que cada cierto tiempo se repite y que en el sector se considera que es una manera de influir en decisiones vinculadas con los servicios de banda ancha móvil completamente digitalizados (conocidos como 4G).

El otro hecho fue la decisión de las empresas de telefonía celular de aplicar un reajuste a sus precios, de entre el 7% y el 12%, para septiembre. Bener dijo que «a partir de la situación excepcional en que nos encontramos sobre la calidad del servicio y el trabajo que hacemos con las empresas a partir del reglamento de calidad, les hemos solicitado en las reuniones que hacemos periódicamente que esto que hacemos para mejorar la calidad no puede impactar en el bolsillo de la gente, sino que lo tienen que hacer con sus inversiones».

Bener explicó que si bien el Estado está en camino de regular la calidad del servicio, no interviene en la fijación de los precios. «Hablamos de precios y no de tarifas porque está desregulado y las empresas cobran lo que consideren conveniente salvo casos excepcionales», señaló. Pero en el caso del último intento de aumento, se entendió que no pueden aplicarse mientras no están avanzadas las mejoras en la calidad, de lo contrario serían vistos como la manera que encontraron las empresas para financiar sus mejoras. «