Más de mil medios de comunicación cooperativos, junto con los hermanos mutuales y pymes asociativos, estamos en condiciones -algunos desde hace muchas décadas- de brindar servicios de comunicación desde y para nuestras comunidades, ya sean grandes ciudades o pequeños pueblos.

Desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, emisoras radiofónicas y señales de televisión pudieron empezar a hacerlo con el permiso legal que arbitrariamente les prohibía el anterior marco normativo, sancionado durante la Dictadura cívico-militar y profundizado en los años noventa.

Tal como lo señaló nuestro representante como amicus curiae por parte del Estado en la audiencia convocada por la Corte Suprema el 28 de agosto, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, «las organizaciones de la economía solidaria eran y son conscientes de que ejercer y garantizar la libertad de expresión, en todas sus vertientes, está en la esencia del pensamiento solidario, con un criterio plural y básico para la construcción de una sociedad democrática».

Cooperar, como institución cincuentenaria y federalmente representativa del cooperativismo argentino, celebra que esta mañana el Tribunal haya declarado la constitucionalidad de esta ley, lo cual nos permite asentar junto al resto de la sociedad el compromiso por una comunicación democrática, sin monopolios e incluyente de todos los argentinos, en coherencia con nuestra esencia y trayectoria.

Proveemos energía eléctrica, agua, telecomunicaciones, salud, educación, seguros, crédito y vivienda, entre otros servicios, a unos 10 millones de argentinos, no importa dónde habiten ni quiénes sean, porque nuestro fin es económico pero también es social.

Con el mismo espíritu ampliaremos las fronteras de las comunicaciones audiovisuales para que no haya más compatriotas sin la posibilidad de escucharse, verse y conocerse, ahora sobre la base firme de una ley votada por la mayoría del Congreso Nacional.