Desde que fue aprobada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en 2009, hasta el martes pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió su plena constitucionalidad, el centro de debate en torno a la normativa estuvo sujeto a los cuestionamientos judiciales que había realizado el Grupo Clarín. Pero en los últimos cuatro años, la democratización de la palabra avanzó casi silenciosamente: se adjudicaron más de 1000 nuevas licencias radiales y televisivas, y se crearon alrededor de 100 mil puestos de trabajo. Entre los beneficiados por la aplicación de la legislación se destacan las cooperativas, las radios comunitarias, los pueblos originarios, las universidades nacionales, instituciones educativas, el Estado y la Iglesia Católica. Si bien restan resolverse cuestiones importantes de la norma, es indudable que la aplicación de la Ley 26.522 está vigente.

De acuerdo a la información oficial de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) fueron adjudicadas y autorizadas 1008 licencias y autorizaciones entre radios y televisión abierta, y por cable.

En este último sector, las cooperativas y pymes recibieron 98 licencias nuevas. Es que la nueva Ley de Medios le permitió a las cooperativas salir de la clandestinidad en la que estaban sumergidas desde la última dictadura militar, cuando se decretó la Ley de Radiodifusión anterior. Desde entonces el sector sufrió la competencia feroz y desleal por parte del Grupo Clarín.

«En la nueva ley se incorporan nuevos actores con fines de lucro y sin fines de lucro, eso hace a la diversidad de voces y por supuesto a la pluralidad», afirmó a Tiempo Argentino Marcelo Tulissi, presidente de la Cámara Argentina de Cableoperadores Pymes (CAPY). «Desde su promulgación, las empresas pymes hemos aplicado la ley en su totalidad, desde el ordenamiento de la grilla, la cantidad de horas de programación local y la incorporación de los canales en donde el Estado tiene participación y producción como Paka-Paka o Encuentro», indicó.

Tulissi cree que «como en toda ley, hay cosas por mejorar, como por ejemplo establecer una unidad económica mínima sustentable ya que la actividad del cable requiere muchísimas inversiones y por lo tanto es necesario tener volumen de abonados». Respecto a esta necesidad, aseguró que están trabajando con la AFSCA. «Hemos logrado unir distintos pueblos con una misma cabecera y así optimizar recursos», aseguró.

El rubro radial fue el más prolífico. En lo que respecta al sector público, que se divide entre estatales y no estatales, se otorgaron 250 licencias a radios FM y cuatro a AM. La ley permitió que ciertos sectores que no tenían voz en los medios la adquiriesen: los pueblos originarios se beneficiaron con 34 licencias de FM, la Iglesia Católica con 25 FM y una AM, los institutos educativos con 168 FM y las universidades con seis.

La historia de Mario Enrique Valdez, representante de la Comunidad Indígena del Pueblo Tupí Guaraní, una comunidad urbana que está en Almirante Brown, representa el objetivo que impulsó la sanción de una nueva norma de Servicios de Comunicación Audiovisual. Valdez está a cargo de la FM 89.9, que le fue adjudicada tras la aprobación de la ley. Se trata de la primera radio de pueblos originarios en la provincia de Buenos Aires y está previsto que empiece a funcionar antes de fin de año. «Con el fondo que recibimos (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual –FOMECA–) estamos adecuando el estudio. Estamos capacitando a chicos en el barrio en operación y edición periodística y de sonido. Esta ley suma voces», afirmó Valdez a este diario.

En el sector privado radial, que se divide en radios con y sin fines de lucro e incluye radios comunitarias, se adjudicaron 644 licencias. Según explicaron en la AFSCA, los privados obtienen sus licencias mediante dos procedimientos: por concurso o por adjudicación directa, en el marco del artículo 49 de la Ley de Medios. Por esta vía se entregaron 23 licencias a radios de baja frecuencia en zonas de alta vulnerabilidad social.

Finalmente, la televisión abierta obtuvo cuatro nuevos medios, todos del sector público: dos fueron adjudicados al Estado, otro a una universidad nacional y el restante, a los pueblos originarios.

Otro de los méritos de la ley fue la creación de unos 100 mil puestos de trabajo, que es un resultado directo de la formación de nuevos medios, la limitación de las repeticiones en el interior del país y la consecuente promoción de productos nacionales. «Para controlar que no se infrinja la ley en este punto, creamos 36 delegaciones del organismo en el interior», explicaron en la AFSCA. El organismo contabiliza 940 nuevas ficciones y documentales en el ámbito televisivo.

A cuatro de años de su promulgación, la aplicación de la legislación también tiene sus cuentas pendientes. Y no sólo en lo que respecta a la aplicación del artículo 161 de la norma, que apunta al proceso de desmonopolización del mapa mediático nacional, y cuya entrada en vigencia fue obstaculizada por el Grupo Clarín en la justicia durante cuatro años. También resta implementar el ordenamiento del espectro radioeléctrico, que se conoce como Plan Técnico. Ocurre que es uno de los procesos más engorrosos ya que implica, de hecho, terminar de modificar la matriz del sistema de medios audiovisuales. Hasta que el plan no entre en vigencia, por ejemplo, será muy difícil otorgarle el 33% del espectro a los medios sin fines de lucro, contemplado por la Ley 26.522.

«Se necesita aplicar una tecnología para analizar la composición de cada espectro y su potencia, cuyas categorías varían desde la A (más alta) a la G (más baja). Hay que ver cómo se reparte el espectro, que es finito», explicaron desde la AFSCA. Y esa decisión también es política, ya que hay muchas radios, por ejemplo, que funcionan de forma ilegal y hay que regularizarlas. «Estamos abordando la cuestión en diversas comisiones de trabajo con organizaciones y delegaciones del Estado, con el ministerio de Planificación Federal a través de la Secretaría de Comunicación y con la Comisión Nacional de Comunicación», agregaron desde el ex Comfer.

Finalmente, el fragmento más debatido de la ley es el plan de adecuación presentado por los grupos mediáticos antes del 7 de diciembre del año pasado, el famoso 7D. Entonces, se presentaron 39 licenciatarios –algunos lo hicieron en consulta y otros fueron convocados por la AFSCA–. Según pudo saber Tiempo Argentino, hasta el cierre de esta edición, el órgano presidido por Martín Sabbatella había analizado 29 casos: 15 no necesitaron adecuarse ya que están ajustados a la ley. Y 14 fueron declarados con la admisibilidad formal de la propuesta y se encuentran dentro del plazo para ejecutar la adecuación. En este último grupo se destacan Direct TV SA y Hadad-Indalo (C5N).

Los restantes diez grupos se encuentran en tratamiento (ver aparte).

«Debemos controlar que desinvierta quien debe adecuarse pero no permitir que venda quien no debe hacerlo, ya que está prohibido (por el artículo 41) transferir licencias fuera del proceso de adecuación, sea esta voluntaria o de oficio», advirtieron desde la AFSCA. «

Las presentaciones bajo análisis

Grupo UNO (Vila-Manzano): Es el más complejo por la cantidad y variedad de acciones de adecuación necesarias. En principio, hay que tener en cuenta que Supercanal está en estado de concurso de acreedores, motivo por el cual la propuesta de adecuación presentada no puede ejecutarse en su totalidad hasta que no finalice esa instancia. Según la propuesta efectuada en diciembre, se encontrarían incompatibilidades al régimen de multiplicidad, las que el plan propuesto dice resolver en ese momento. Este punto está siendo estudiado. Las otras transferencias y desinversiones estarían dentro de lo que marca la ley, incluida la transferencia de algún medio a Barbarita Vila, conformando una unidad de negocios independiente del grupo.

PRISA: Se encuentra todavía en análisis respecto a la nacionalidad de sus inversores (empresa americana con capitales españoles).

TELEFE: Debe terminar de definirse cuáles son los canales a desinvertir hasta alcanzar el tope del 35% del mercado. La nacionalidad estaría contemplada y amparada por la ley de bienes culturales. En el caso de la incompatibilidad con servicios públicos, no es Telefónica de Argentina la licenciataria, extremo que en principio cumpliría con los criterios de admisibilidad en estudio.

TELECENTRO: Se encuentra en análisis la propuesta de transferir la participación accionaria en la licencia de UHF en Ciudad de Buenos Aires, además de encontrarse en estudio la situación de las extensiones a la licencia en aéreas no colindantes ni de menor densidad.

Inversat: Estaría en condiciones de ser aceptada la propuesta.

Aldrey Iglesias: Sería una propuesta admisible por la AFSCA.

Radio Libertad y Radio Difusora Bs.As: No tendrían motivo de adecuación, ya que no conforman un grupo económico ni sus licencias son propiedad de la misma persona física ni jurídica. Son los hijos de Moneta con empresas independientes (así lo declaran de manera explícita en la presentación de diciembre). De manera extemporánea, a principios de octubre último se presentan queriendo adecuarse, extremo que estaría siendo rechazado ya que está fuera de tiempo la propuesta y se contradice con la declaración jurada efectuada en la presentación original.