El problema es la forma. Una actualización de las tarifas eléctricas casi no tiene detractores. Pero ha sido postergada varias veces por las resistencias de la población. Hay una forma sin embargo de avanzar en la actualización y los costos políticos transformarlos en beneficios políticos, haciendo que el impacto no recaiga exclusivamente en los usuarios. Esa forma es concentrarse en la catarata de impuestos que recaen sobre el consumo de electricidad en la mayoría de las jurisdicciones, consecuencia de que los tres niveles de gobierno (Nación, Provincias y Municipios) gravan su consumo en mayor o menor medida, de forma tal que la carga tributaria total puede llegar en muchos casos a un 60 o 70 % de la facturación básica. Una reducción de los impuestos nacionales, provinciales y municipales sería el esfuerzo que el fisco podría ofrecerles a las familias para que ellos también soporten un aumento de la tarifa, algo así como el todos ponen de la perinola para avanzar en la actualización de la tarifa, imprescindible para recomponer el deteriorado sistema eléctrico. Si la factura de electricidad representa una mayor proporción del ingreso de las familias menos pudientes, la reducción de los impuestos asimismo mejora la equidad de la distribución del ingreso.
La Nación por ejemplo podría renunciar a algo de lo que recauda con los tres impuestos que gravan el servicio eléctrico: el recargo sobre las compras del mercado eléctrico mayorista derivados de las leyes 24065 y 26078 y los dos impuestos sobre el consumo final de electricidad de los hogares argentinos: IVA (21 %) y el impuesto ley 23681 (0,6 %), un impuesto que data de 1989 y cuyo producido se destina a la provincia de Santa Cruz, …cuya finalidad única y exclusiva es la atención de la obra de interconexión de la Provincia de Santa Cruz con el Sistema Argentino de Interconexión. Hace ya mucho tiempo que Santa Cruz está interconectado al sistema nacional, aunque sigue todavía recibiendo parte de la recaudación del 0,6 %. Sin reducir el IVA, algo no aconsejable, ¿podría la Nación contribuir con la eliminación del 0,6 %? Más aún, ¿podría la Nación eliminar el recargo sobre las compras en el mercado eléctrico mayorista, más de $ 600 millones anuales que se distribuyen entre la Nación y las provincias?
Muchas provincias por su parte gravan el consumo eléctrico con elevados y múltiples impuestos. Las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos encabezan este ranking; con variantes, integran también este grupo San Juan, Chaco, Córdoba y Mendoza. La provincia de Buenos Aires por ejemplo grava el consumo residencial con: 5.5% por la ley 9038 del año 1978 y modificatorias (Fondo Especial Grandes Obras Eléctricas Provinciales), 10% por el decreto 7290 del año 1967(Fondo de Desarrollo Eléctrico Provincial), 6,424% por la ley 9226 (para los municipios), 0,6424% por la ley 11969 art. 72 bis (para rentas generales) y 6% para el Fondo de Compensaciones Tarifarias. Casi el 30% del cual sólo 6,424% va a los Municipios. ¿Podría la Provincia contribuir con alguna reducción?
Los municipios finalmente podrían en muchos casos reducir la carga tributaria. Gravan el consumo eléctrico en muchos casos con tasas y contribuciones que hasta pueden sobrepasar el 20%. A veces aplican una única tasa, muy elevada como en algunos municipios de Entre Ríos; en otros casos apelan a un múltiples tasas, como en el Municipio de Luján, que de acuerdo a un estudio de la Secretaría de Energía de la Nación les cobraba a los vecinos, además de la tasa por alumbrado público, el Fondo Comunitario para Obras de Infraestructura (2%), la Tasa por Servicios Públicos de Seguridad ante Siniestros y Emergencias (5%) y la Tasa por Servicios Asistenciales y de Acción Social (5%).
