Por Alejandro Bercovich

Los casi 7 millones de hogares y empresas que cuentan con acceso a las redes de gas natural serán los primeros en sentir el impacto de la suba de tarifas que prepara el Gobierno para los próximos meses, con el doble objetivo de reducir la carga de los subsidios sobre las cuentas públicas y recomponer la delicada situación financiera de las distribuidoras. Si bien aguardarán que pase el mayor impacto inflacionario de la devaluación de enero para no sumar presión al costo de vida, fuentes oficiales adelantaron a BAE Negocios que la prioridad serán las facturas de gas, debido a que su precio está más atrasado que el de la luz y a que las decisiones sobre el mercado gasífero dependen exclusivamente del Enargas. Además, a diferencia del tendido eléctrico, la red de gas natural no cubre a los sectores más pobres de la población, que ya pagan el fluido hasta diez veces más caro envasado en garrafas.

El Gobierno trabaja desde el año pasado en una revisión tarifaria para recortar la multimillonaria cuenta de subsidios en el presupuesto, que insumieron más de 80 mil millones de pesos en 2013 sólo para mantener a raya las facturas de gas de todo el país y las eléctricas del área metropolitana. Pero la devaluación de enero cambió el escenario. Por un lado, como el fisco recaudará más pesos, ya no tiene la misma urgencia que antes por recortar esas partidas. Por otro, la inflación que desató la suba del dólar hizo que el equipo económico decidiera aplazar aumento en las facturas al menos hasta mitad de año.

La decisión de priorizar el aumento del gas responde sobre todo a que de las nueve distribuidoras de gas natural del país, sólo las dos más chicas tienen ganancias operativas con las tarifas actuales. Metrogas, que brinda el servicio a más de 2 millones de hogares y empresas en el área metropolitana, anotó resultados positivos en su último balance pero sólo gracias a que logró aplazar sus pagos de deuda hasta el año próximo. Gas Natural Fenosa, que provee a un millón y medio de usuarios en 30 partidos de las zonas norte y oeste del Conurbano, también se mantiene hace años con números rojos. La misma situación atraviesan Camuzzi, LitoralGas, GasNea y GasNoa.

Salvo Metrogas, que desechó cualquier acuerdo con el Gobierno y optó por el juicio en EE.UU. ,que la semana pasada ganaron sus ex controlantes de British Petroleum, todas las distribuidoras subieron sus tarifas por última vez en 2007. Fueron incrementos “a cuenta” de la revisión tarifaria integral (RTI) que las empresas esperan para este año y que confirmaron a este diario las fuentes oficiales. A fines de 2012, el Ministerio de Planificación creó un fideicomiso para obras de gas que se alimenta con un cargo fijo por factura de entre $6 y $60 en proporción al consumo.

Antes de ese fideicomiso (el FOCEGAS), también se cobraba una “penalidad” entre mayo y agosto a quienes superaran su consumo del año previo, pero el Gobierno la suspendió cuando empezó a importar gas para las centrales eléctricas. Las únicas boletas que aumentaron en los últimos años fueron las de los habitantes de countries, barrios privados, Puerto Madero, Barrio Parque y otros reductos de altísimos ingresos.

Bajo el esquema actual, los usuarios R1 (que consumen hasta 500 metros cúbicos anuales) pagan $0,05 por metro cúbico, mientras que los R34 (el otro extremo, con más de 1.500 metros cúbicos al año) abonan $0,15. Casi la mitad de los usuarios del sistema son R1 y su factura promedio es de $50 bimestrales. Pero el desfasaje es inédito: los sectores más pobres pagan entre $40 y $50 por una garrafa que sólo le alcanza a una familia tipo para una semana.

La luz queda para más adelante 

Aunque insumen la mayor parte de los $7.000 millones mensuales en subsidios que destina el Estado a la energía, las facturas eléctricas subirán en menor proporción y en un plazo más largo que las de gas. En Economía y Planificación buscan un acuerdo con las distribuidoras provinciales para que el recorte de los subsidios que financian la compra de gas y fueloil importados para las centrales térmicas no impacte en las facturas de los usuarios del interior, que pagan hasta cinco veces más por sus consumos que los del área metropolitana.