Mientras d efine opciones para bajar los subsidios del Estado a los consumidores de luz y gas, que se traducirán en un aumento de las facturas de ambos servicios públicos, el Gobierno avanza en caminos alternativos para evitar, al menos hasta la mitad del año, un encarecimiento aún mayor de esas prestaciones.

En los últimos días, hombres del Ministerio de Planificación, con el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el coordinador de esa cartera, Roberto Baratta, a la cabeza, volvieron a la carga con una iniciativa que parecía sepultada: convencer a los gobernadores para que no aumenten la tarifa de luz en las provincias durante los próximos seis meses.

Se trata de un objetivo que no sólo apunta a resguardar el bolsillo de los usuarios. Sucede que el nuevo índice de precios al consumidor elaborado por el Indec, el IPC-Nu, a diferencia del anterior, no sólo contempla la zona metropolitana, sino que divide el país en seis regiones.

En cada una de ellas, la electricidad tiene una ponderación distinta que termina pesando en el índice. Los aumentos en la tarifa, por lo tanto, impactan sobre la medición de la inflación, que en los dos primeros meses del año arrojó un alza de 3,7 por ciento y 3,4 por ciento en cada caso, ambas cifras muy altas.

Pese al rechazo inicial de los gobernadores, Cameron y Baratta continuaron en la búsqueda de apoyo de las provincias.

El 27 de febrero, luego de distintas discusiones, correcciones por parte de equipos técnicos y críticas de los gobernadores, elaboraron un borrador que reemplazó la versión con la que habían iniciado las tratativas, a principios de ese mes. El texto, que vio LA NACION, explicita que «las jurisdicciones firmantes se comprometen por un plazo de 180 días a partir del 1° de enero de 2014, a mantener sin modificaciones los cuadros tarifarios vigentes al 31 de diciembre de 2013». Sólo pone como excepción la posibilidad de transferir «a la tarifa los incrementos por acuerdos paritarios para el sector que se resuelvan durante este período».

Si se aplica, implicaría dar marcha atrás con algunos aumentos que aplicaron las provincias.

De acuerdo con fuentes que participan de las negociaciones, la intención está completamente alineada con el corset antiinflación que quiere establecer Kicillof para la primera parte del año, con vistas a que se diluyan paulatinamente los aumentos derivados de la devaluación de enero.

Contra lo que pensaban los gobernadores, los funcionarios de Planificación le ponen cada vez más tesón al tema, a tal punto que bajaron sus exigencias para que el proyecto permaneciera, cuando menos, en discusión.

Por caso, el borrador que circuló a mediados de febrero contemplaba la cesión al Gobierno del establecimiento de las tarifas, una potestad que hoy es de los gobernadores, salvo en los casos de Edenor y Edesur.

También ofrecía avanzar hacia una convergencia tarifaria nacional; proponía que las distribuidoras que estén por debajo del valor fijado por Energía podrán aumentar sus tarifas hasta ese nivel, mientras que las que estén por encima no podrán aumentar hasta la próxima determinación regional. Las provincias entendieron que, de esa manera, el Gobierno intentaba repartir el costo político de un eventual aumento en la zona metropolitana. Tampoco contemplaba incrementos por ajustes salariales. No hay menciones de ese estilo en el último borrador.

El Gobierno también limó las puntas del ítem que más molestaba a las provincias. El texto de febrero implicaba una cesión completa sobre el manejo del servicio de distribución. La versión de fin de mes, en cambio, hace menos hincapié en las potestades de Nación y enfatiza que la aplicación del acuerdo será «de conformidad con las respectivas normas e instituciones de la regulación provincial».

A varias bandas

El Gobierno no parece haber dejado de lado su intención de dividir el país en ocho regiones para establecer las tarifas de luz de cada una. Sin embargo, el último documento también plantea la posibilidad de aplicar un esquema de bandas.

El texto sostiene que la Secretaría de Energía definirá «de acuerdo con las provincias, las regiones tarifarias y los precios de referencia definitivos para cada una de ellas o bandas de precios de cada región».

Así, las empresas que estén por debajo de los valores de referencia por aplicar podrán aumentar los servicios, pero las que los superen no podrán retocarlos.