Un primer testeo – Por Luciana Díaz Frers *
De a poco, el Gobierno está intentando reducir los subsidios. Comenzó a hacerlo ya desde fines de 2011, con aumentos efectivos a partir de 2012, mediante una reducción de subsidios a agua y electricidad, segmentando la tarifa por barrios según su presunto poder adquisitivo. En 2013 buscó dejar congelados los subsidios y así lo plasmó en el Presupuesto. Pero a medida que avanzó el año, los movimientos de precios hicieron que el Gobierno terminara gastando el doble de lo que inicialmente había planeado gastar en subsidios a energía, combustible y minería. El crecimiento de este renglón de gasto ha sido exponencial: aumentó 62 veces en los últimos 10 años, variación casi incomparable con ningún otro rubro significativo del Presupuesto, cuyo total aumentó 10 veces en el mismo período.
Más aún, restando las transferencias de seguridad social (jubilaciones, pensiones y asignaciones), el total de transferencias o subsidios se ha convertido en uno de los ítem más importantes del presupuesto nacional al llevarse el 22 por ciento del gasto en 2013. En un contexto de creciente déficit fiscal y sin acceso al crédito, revisar este componente del gasto se torna indispensable. La mayor parte de estos subsidios se concentró en energía, combustible y minería, que insumió 12,3 por ciento del gasto nacional; transporte se llevó otro 5,3 por ciento.
Pero no son ésos los subsidios por los que el Gobierno está empezando a desenmarañar este desafío, sino por los que se dirigen a agua y gas. En agua y alcantarillado se fue sólo 1,4 por ciento del presupuesto. En gas no es tan fácil saber la cifra exacta a partir de los datos públicos, ya que figura en el rubro de energía, del cual la electricidad se lleva por lejos la mayor porción. Empezar por estos subsidios menos importantes muestra un enfoque gradual, ciertamente una estrategia adecuada en un contexto en que la inflación está al acecho.
También garantiza un enfoque de equidad, ya que disminuir los subsidios al menos no va a empeorar la situación de los hogares más desfavorecidos: según el Censo 2010, el 16 por ciento de los hogares argentinos no tenía acceso al agua de red y el 44 por ciento no tenía acceso a gas de red. Los menores niveles de acceso se encuentran en las provincias del norte del país: hay provincias como Misiones donde casi 30 por ciento de la población no tiene acceso a agua de red, mientras en las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco y Formosa hay aproximadamente un 25 por ciento de hogares sin acceso a agua de red. La falta de acceso a agua de red está altamente relacionada con los mayores índices de mortalidad infantil y otros indicadores de precariedad en la salud. De allí que sea tan importante avanzar en dar un mayor acceso al agua de red. Con respecto al gas, hay cuatro provincias (Formosa, Misiones, Chaco y Corrientes) donde no hay gas de red y ocho provincias adicionales en las que el acceso es menor al 50 por ciento de los hogares. Muchos de estos hogares, de muy bajos ingresos, se enfrentan con la desventaja de consumir gas envasado, siendo éste muchísimo más caro que el gas de red subsidiado, con diferencias que han alcanzado hasta casi seis veces según informes de la Auditoría General de la Nación (AGN). Hoy mismo la garrafa subsidiada sigue siendo el doble de cara que el gas de red.
Por supuesto, la segmentación de tarifas genera un desafío importante. En los últimos 12 años se han mantenido las tarifas principales para estos dos servicios prácticamente inalteradas. Pero se ha complejizado la cantidad de tarifas según tipo de consumo, cantidad y lugar de residencia. De allí surge el actual debate sobre si habría que continuar con la segmentación de tarifas y si ésta debería ser por nivel de ingreso del hogar o nivel de consumo. Segmentar por nivel de ingreso sería más equitativo, pero también mucho más difícil.
De todas maneras, el desafío central no son éstos sino los otros subsidios, en particular los que van a electricidad y transporte. Estos son mucho más onerosos para el fisco y más influyentes en el bolsillo de los consumidores. Por eso, comenzar por agua y gas brinda la oportunidad de medir qué ocurre con la inflación, qué impacto tiene en las cuentas públicas así como testear las respuestas de las empresas y la población. Y también servirá para ver qué hace el Gobierno con esos recursos ahorrados. Servirá entonces para ver si el terreno está preparado para que se desconecten estos costosos sostenes artificiales sobre los cuales se apoya actualmente la economía argentina.
* Economista.
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En busca de más equidad – Por Emiliano Colombo *
La decisión del gobierno nacional de reducir el monto de subsidio al consumo de gas natural y agua viene a poner un manto de mayor justicia y equidad en la política de asignación de subsidios. Desde 2003, las familias argentinas convivieron con un régimen de precios bajos para la energía debido a que se desdolarizaron las tarifas, es decir que éstas no se ajustaron a la evolución del tipo de cambio. Esto produjo que de hecho el gasto familiar destinado al pago de las facturas de gas y agua pasara a representar del 1,65 al 0,71 por ciento entre 2003 y 2012. El menor peso destinado al pago de estos servicios públicos fue reorientado directamente al consumo, incrementando la actividad económica y la creación de empleo nacional en un contexto de emergencia económica y social como la vivida en los primeros años luego del default y megadevaluación que subsumió al 50 por ciento de la población en la pobreza.
El enorme esfuerzo fiscal de estas transferencias de ingresos del Estado nacional a las familias, subsidios que totalizaron 215.000 millones de pesos en 11 años, fue acompañado de obras de infraestructura por 72.000 millones (todos aportados con los impuestos de los argentinos), que permitieron abastecer el 35 por ciento en el incremento de la demanda de gas natural como producto, no sólo de la mayor demanda proveniente del crecimiento económico nacional, sino también por la incorporación de 2,1 millones de hogares al servicio de gas natural gracias a la realización de estas inversiones. Lo mismo ocurrió para el caso del abastecimiento de agua y cloacas, donde 2 millones de hogares en todo el país pueden hoy servirse del agua corriente y 2.700.000 hogares más cuentan actualmente con el servicio de cloacas.
Sin embargo, el sostenimiento en el tiempo del régimen de subsidios se tornó inequitativo tanto a nivel de ingresos como su distribución en el territorio nacional. En el caso del agua, dado que en la mayoría de las provincias el servicio es brindado por empresas públicas o privadas, pero bajo regulación estatal provincial, éstas decidieron ir acompañando el ritmo de incremento en los costos operativos trasladándolo a la tarifa residencial. Así, la factura mínima que pagaba antes del recorte de subsidios una familia del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) era cuatro veces más baja, y hasta seis veces más barata para la factura promedio respecto de la abonada en el interior. Este fenómeno es explicado por el mantenimiento de la tarifa con subsidio por parte de la nueva empresa Aguas y Saneamientos Argentinos SA (AySA) en el AMBA.
Para el caso del gas natural, si bien los beneficios de la tarifa con subsidio desde 2003 tienen alcance nacional, dado que la mayor concentración de hogares sin acceso a dicho servicio se encuentra en las provincias con menor riqueza relativa (Formosa, Corrientes, Chaco, Misiones, norte de Santa Fe y Entre Ríos), los subsidios se tornaron regresivos a medida que la diferencia entre el desembolso por m3 de una familia de ingresos altos que es provista por gas natural era hasta diez veces más reducida que una familia de ingresos bajos que tiene que consumir gas en garrafa, cuyo precio por m3 es nueve veces más elevado que el de gas natural.
El haber tenido precios de la energía tan baratos relativamente (factura de gas promedio equivalía al valor de cuatro viajes en colectivos en la ciudad de Santa Fe) trajo aparejado un salto en el consumo residencial (en nuestro país es seis veces más alto que el promedio en Latinoamérica) y a su vez exceso o derroche que era crecientemente costoso para el Estado subsidiar (mantener una estufa prendida durante 24 horas representaba un costo de 157 pesos para el consumidor, pero el Estado debía desembolsar la suma de 757 pesos en concepto de subsidio por dicho consumo).
Es por ello que la implementación del nuevo régimen de subsidios, para el caso del gas, contempla que la quita es creciente a medida que los niveles de consumo son altos (quita de hasta el 80 por ciento de los subsidios para la clase media-alta que se traducirá en aumentos de hasta 360 por ciento), reduciéndose la quita para los consumos más bajos y eximiendo directamente a los sectores más vulnerables (sectores que cobran Asignación Universal por Hijo, jubilación mínima, entre otras).
En el caso del agua, que sólo aplica para los usuarios de AySA del AMBA, también se fijó un régimen de quita progresiva, donde las zonas de mayor poder adquisitivo verán incrementadas sus facturas hasta un 400 por ciento, y de ciento por ciento para las zonas con sectores de menor poder de compra (la factura pasa de 20 a 40 pesos) excluyendo nuevamente a los sectores protegidos de la quita de subsidios.
Esto devuelve progresividad a la asignación de subsidios diferenciando por nivel de consumo-ingreso para el caso del gas natural y una mejor distribución geográfica al reducir las transferencias desde el Estado a una sola región (AMBA) para el caso del agua. Necesitamos profundizar con la reducción de subsidios que aún subsisten en el sector eléctrico, siguiendo este mismo esquema de reducción progresiva para los sectores de mayor consumo-ingresos, al mismo tiempo que logra mejorar la equidad distributiva de las transferencias estatales.
* Economista de La Gran Makro.
