La provincia de Santa Fe confirmó ayer que no se sumará a los veinte distritos que se comprometieron ante el Gobierno nacional a congelar las tarifas de energía por un año a cambio de recibir fondos para obras y, en algunos casos también, compensaciones para aumentos de salarios del sector. Tampoco confirmaron todavía su adhesión al convenio San Luis y Salta, que aún negocian las condiciones para aceptar una inmovilización de las tarifas por un año.

«No vamos a aumentar las tarifas ni vamos a firmar ningún acuerdo», dijo ayer el propio gobernador Antonio Bonfatti y buscó cerrar de esta manera la expectativa en torno a un inminente entendimiento, fruto de las intensas negociaciones que desde hace días vienen manteniendo funcionarios de su Gobierno con representantes del Ministerio de Planificación Federal.

Entre los argumentos sostiene que, a diferencia de otras provincias, la EPE de Santa Fe no tiene ninguna deuda con la mayorista de energía Camessa. En rigor, según estimaciones del gobierno socialista, las provincias que firmaron adeudan cerca de $ 8.000 millones por energía consumida.

Además, la adhesión al Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas implica en los hechos una pérdida de autonomía de los gobernadores en el manejo de la política tarifaria del servicio. Para Santa Fe la ecuación es, en términos políticos, por lo menos incómoda.

Aunque Bonfatti negó una modificación inminente de las tarifas, dejó entrever que una suba será inevitable debido a que «todos los insumos han aumentado y mucho. Todos son importados. También hemos tenido una recomposición salarial del orden del 30%. Y esto de alguna forma tiene que abonarse».

La Secretaría de Energía de la Nación fija el precio que los usuarios pagan por la generación de la energía eléctrica, valores hasta ahora subsidiados por el Estado.

La EPE, como el resto de las empresas distribuidoras del interior, compran en el mercado mayorista y deben vender al mismo precio, pero sus ingresos surgen del costo por distribución.

Por de pronto, en Santa Fe la negativa a adherir generó una inmediata reacción del Partido Justicialista. «(Bonfatti) dilapida $ 300 millones de inversión en obras energéticas», afirmó José Freyre, presidente del PJ local.

Un escenario similar presenta San Luis. Allí la negociación es de carácter netamente político. El gobierno del PJ no kirchnerista de Claudio Poggi reclama a Nación -hasta ahora sin éxito- el cumplimiento de los compromisos por distintas deudas que la Casa Rosada mantiene con esa provincia desde hace más de una década. «Hasta que no haya una señal creíble en ese sentido, el gobernador no va a firmar nada», reveló un hombre del entorno de Poggi.

Este año, la empresa de energía Edesal fue autorizada por el Estado puntano a actualizar por única vez en 2014 su cuadro tarifario. Así, desde marzo los usuarios tuvieron aumentos promedio del 22%.

En Salta, en tanto, el gobierno de Juan Manuel Urtubey dilata -tal como lo hizo el pampeano Oscar Jorge- su decisión de adherir al plan. La provincia avaló este año un aumento progresivo que terminará de aplicarse a fin de año. Si firma, deberá retrotraer el acuerdo con Edesal.