Por primera vez el Gobierno nacional abrió el debate en el Congreso para los proyectos de ley que buscan declarar a la telefonía celular como un servicio público. En la práctica significará que el Estado podría regular totalmente al sector y, entre otras atribuciones, establecer los precios que se deben cobrar a los usuarios.

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado debatirá hoy a partir de las 9:30 las cinco iniciativas, las cuales -con diferentes matices- apuntan hacia el mismo lugar. En la Argentina hay 62,5 millones de líneas de celular -6,8 veces más que fijas- y son la principal vía de comunicación por voz en todos los sectores sociales.

«El Secretario de Comunicaciones nos dio luz verde para avanzar», dijo el senador Juan Manuel Irrazábal a este medio sobre el debate.

La última presentada es la del senador kirchnerista Juan Manuel Irrazábal (FPV) y propone un marco legal mucho más estricto: que la telefonía móvil sea un ‘servicio público esencial’. «El Secretario de Comunicaciones nos dio luz verde para avanzar», dijo el legislador en diálogo con LA NACION.

Los otros cuatro proyectos en el temario son los de los de Carlos Verna (PJ) y Eugenio Artaza (UCR); Graciela Di Perna (PJ); Rubén Giustiniani (Partido Socialista) y Gerardo Morales (UCR).

Desde la oposición, los autores de los diferentes proyectos expresaron el acuerdo de lograr el pase del servicio a la órbita estatal. Giustiniani es el edecán de las negociaciones: es la tercera vez que presenta un proyecto de ley en este sentido.

El paso a servicio público significará una fuerte presencia del Estado en la estructura de ingresos de las empresas, dado que podrá establecer las tarifas que cobrará.

Un claro ejemplo podría ser el de Telecom, cuyos balances son públicos por ser una empresa que cotiza en Bolsa. Su operadora celular Personal representó el 74% de su facturación y el 83% de su ganancia neta durante el año pasado.

Precios y regulación más estricta 

A fines del año pasado el Gobierno nacional tomó la decisión de avanzar en materia regulatoria sobre las operadoras, que se rigen como un servicio privado y -al mismo tiempo- son uno de los sectores que mayor cantidad de denuncias recibe en Defensa del Consumidor.

Desde el lado de las empresas las quejas más recurrentes radican en necesidad de más espectro (3G y pedido de licitación de 4G) para mejorar la calidad de servicio y en las dificultades burocráticas recurrentes en municipios y provincias para instalar nuevas antenas.

Septiembre de 2013 fue un mes crítico para la relación entre el Gobierno y las operadoras. El 5 de ese mes la Secretaría de Comunicaciones había obligado a Personal y Movistar a dar marcha atrás en una suba de precios de entre el 7 y 12% acusándolas de tener una «rentabilidad vergonzante».

Cuatro días más tarde, el área conducida por camporista Norberto Berner impulsó un anteproyecto de resolución para establecer un nuevo Reglamento de Clientes que endurece la regulación en materia de derechos de usuarios e incluye la obligación de informar a la autoridad de aplicación cualquier actualización en los planes.

Comunicaciones realizó audiencias públicas en todo el país, pero todavía no implementó la nueva normativa que propone. Legalmente todavía las empresas se rigen con un Reglamento del año 1997.

Por estos momentos, Berner y el secretario de Comercio, Augusto Costo, analizan todos los planes de las empresas mientras preparan una suerte de acuerdo de precios.

Por su lado, La semana pasada Personal, Claro y Movistar anunciaron inversiones por $5900 millones para este año.