Los acuerdos firmados por los gobernadores provinciales y el Ministerio de Planificación para la convergencia de las tarifas eléctricas están planteando tensiones entre las distribuidoras privadas y las administraciones locales en relación con los pagos de la energía a Cammesa. Con las tarifas congeladas por lo menos hasta fin de año, las empresas, ya sean públicas, privadas o mixtas, deben estar al día con los pagos de la energía que distribuyen y, en caso de tener deuda anterior, pactar un plan de hasta 36 cuotas mensuales.

La cuestión quedó oficializada luego de que se publicó ayer en el Boletín Oficial la Resolución 530 de la Secretaría de Energía de Daniel Cameron que establece el marco legal de los convenios firmados entre Planificación y las provincias. La norma indica que las provincias firmantes -22 en total, menos Santa Fe- se comprometen por 365 días a retrotraer y mantener sin modificaciones los cuadros tarifarios. También afirma que esas provincias se comprometen a que las distribuidoras no mantengan deudas con Cammesa y acuerden un plan de pago en caso de tenerlas, como condición para las obras que aseguró el Ministerio de Julio De Vido.

Mientras el pedido a las distribuidoras fue retrotraer tarifas o mantenerlas congeladas un año, las distribuidoras privadas que operan en el interior no pusieron reparos porque el Estado nacional quedó a cargo de obras que, en varios casos, ellas tenían ya comprometidas con ingresos que ahora no percibirán. El tema controvertido, según la opinión de algunas empresas, es mantener sin cambios los márgenes y pagar la energía en término, lo que hasta ahora no pasaba, y además, afrontar las cuotas por la deuda anterior. Desde esa óptica se piensa que los gobiernos firmantes son los que deben afrontar total o parcialmente los pagos de la energía a Cammesa porque son los que acordaron con el Gobierno nacional.

Por lo que se advierte en la resolución de la Secretaría de Energía, el objetivo oficial es que se normalicen los pagos de la energía, con lo cual disminuye la necesidad de transferir recursos del Estado a Cammesa para pagar la energía a las generadoras y comprar combustibles líquidos.

En el primer trimestre de este año, según el último informe de ASAP, los giros a Cammesa representaron más de $ 15 mil millones, con un aumento del 136 por ciento en relación con igual período del año anterior, y esos giros forman parte de lo que comúnmente se conoce como subsidios, aunque, además, está el subsidio explícito al precio del kilovatio a nivel mayorista. El desfinanciamiento de Cammesa se debe al retraso de las tarifas en reflejar el verdadero precio de la energía, pero también a la deuda acumulada por las distribuidoras.

Entre éstas, Edenor y Edesur, ambas bajo jurisdicción del Estado nacional, son las más endeudadas, pero también lo son Epec y Edelap, que dependen de los gobiernos de Córdoba y de Buenos Aires, respectivamente.

En apariencia, el Gobierno pretende que con los actuales márgenes, más altos que los del área metropolitana, las distribuidoras del interior paguen la energía, mientras evalúa el momento para subir las tarifas de Edenor y Edesur y colocar a estas compañías en condiciones similares para pagar la energía tal como cuesta ahora.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo ayer que «no hay ninguna modificación» con respecto a los subsidios de la energía eléctrica, pero fue él mismo el que meses atrás destacó la disparidad entre las tarifas del interior y las de Capital y GBA, y la necesidad de empezar por corregir esa distorsión.

Mientras tanto, como indica la resolución, todas las distribuidoras eléctricas deberán hacer un perfil de sus usuarios, de modo de llegar a determinar quiénes están en condiciones de pagar los verdaderos costos de los tres segmentos del negocio: generación, transporte y distribución.

Ayer, el Ministerio de Planificación dijo que «perfilar a los usuarios que utilizan cada uno de los 15 millones de medidores eléctricos, incluyendo hogares, comercios, industrias y demás locaciones, va a ser un trabajo muy serio que va requerir su debido tiempo».

Para este proyecto oficial de mantener el valor actual de las tarifas en el interior, el riesgo es que las provincias desistan de sostenerlo más allá del 31 de diciembre próximo, ya que ésta es la fecha de vigencia del congelamiento según la resolución de Energía aun cuando los últimos convenios se firmaron durante este mes.