En diciembre próximo, las naciones de todo el mundo se volverán a comprometer con el objetivo de salvar al mundo del calentamiento global. Tras el fallido protocolo de Kyoto, que no fue ratificado por el mayor emisor del mundo, Estados Unidos, y lo que muchos consideraron el fracaso de Río+20, cayeron las expectativas. No obstante, la encíclica leída por el Papa Francisco en Nueva York colocó el tema en una inusual agenda mediática. Lo que sí dejó la cumbre de Naciones Unidas en su paso por tierras cariocas es el lema que adoptaron los países en vías de desarrollo que no tienen en sus manos un gran volumen de emisiones, entre los que se encuentra la Argentina: «tenemos responsabilidades comunes pero diferenciadas».

El plan argentino para reducir un 15% las emisiones para 2030 y otro 15% según la ayuda financiera internacional, se explica en la línea de tiempo- que acompaña este artículo, junto con una síntesis de lo hecho hasta ahora.

El caso argentino es paradigmático: representa solo el 0,88% de las emisiones mundiales, está en el puesto 22º, pero su creciente desarrollo industrial, económico y, por ende, de consumo, coloca al país en una disyuntiva que resulta clave para el futuro: crecer con energías limpias o hacerlo como el resto de los países que encontraron su crecimiento desde la Revolución Industrial a la fecha.

El plan diseñado por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación se apoya en la penetración social de las energías renovables y los biocombustibles; la construcción de represas hidroeléctricas; el Plan Nuclear; el cambio nodal del transporte de carga y el desarrollo de los bosques. Esta última es, tal vez, la materia más pendiente de los gobiernos provinciales.

La Fundación Vida Silvestre consideró que una meta del 15% sobre las emisiones proyectadas al 2030 no demuestra un compromiso y una voluntad por encarar este problema a la escala que éste merece. Mediante un comunicado, afirmaron que la «Argentina cuenta con un potencial mucho mayor para lograr reducciones significativas a través de la inversión en políticas de eficiencia o energías renovables». «Nuestra publicación Escenarios Energéticos para la Argentina (2013-2030) con políticas de eficiencia demuestra que si la Argentina implementara políticas de eficiencia energética en los cinco sectores principales de consumo (Eléctrico, Industrial, Transporte, Hábitat y Gas), se evitaría generar 6000 MW, lo que equivale a dos represas hidroeléctricas similares a Yacyretá y un ahorro en costos de capital de U$S 31 mil millones a 2030. Esta afirmación cobra relevancia si se tiene en cuenta que solamente en 2013 la Argentina tuvo un déficit energético de U$S 6500 millones», detalló el escrito.

«Asimismo –continúa– hace falta priorizar la generación eléctrica de fuentes renovables como la eólica y solar, y el reemplazo de combustibles fósiles por biomasa. Hoy la Argentina cuenta con menos del 1% de su matriz eléctrica basada en energías renovables y, si bien se ha planteado a través de la reciente sanción de la Ley de Fomento a las Energías Renovable, subir ese porcentaje al 20% para 2025, esta meta se torna inalcanzable bajo los niveles actuales de inversión en el sector.»

Días atrás, el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) brindó una charla con periodistas en la que revelaron la importancia del papel de Francisco en el potencial cambio de actitud que tienen que asumir los gobernantes.

«Plantearlo como parte de la planificación es el compromiso de Argentina», analizó Daniel Tomasini, coordinador de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas en Argentina. Y alertó: «En el último siglo se emitieron las 2/3 partes de los gases que podíamos lanzar a la atmósfera; si agotamos la parte que nos queda, los daños podrían ser irreversibles». Esto es, pérdida de vidas humanas, extinción de especies, pérdida de ecosistemas únicos y un costo total global estimado, si continúan las tendencias actuales, que ascenderá al 3.6% del producto interno bruto (PIB) con un valor de 2,7 billones de dólares anuales, según datos del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, de 2008. «