(Ambito) – Eliminación de subsidios, ajustes de tarifas por costos, e YPF autofinanciada forman parte del proyecto oficial.
Por: Silvia Peco. El Gobierno de Mauricio Macri augura un cambio drástico en todos los aspectos que tienen que ver con la energía. Tarifas, política petrolera, administración de YPF, criterios de importación y exportación, precios de los combustibles, generación de energía, son los renglones que se encaminan a un giro cuyo alcance dependerá del poder político que logre acumular la nueva administración.
Uno de los primeros ejes del Gobierno es la eliminación de los subsidios en todos los servicios públicos, pero empezando en la primera etapa con las tarifas de gas y las de energía eléctrica en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Para esos dos servicios, el plan es ir a una adecuación gradual de lo que pagan hogares y empresas, con un cronograma de ajustes semestrales.
Pero el criterio gradualista está condicionado: para funcionarios que piensan que el desfase entre tarifas y costos oscila entre diez y catorce veces el valor actual, duplicar las tarifas de gas o cuadruplicar lo que cobran Edenor y Edesur por la electricidad, es ir paso a paso. El criterio es que como un 40% de los domicilios residenciales paga $ 12 por mes por la energía en Capital y GBA, no significará un gran peso si se debe pagar $ 48, aunque el consumo de la clase media en verano cueste en promedio $ 80 por mes por el uso de aire acondicionado, y el de sectores de menores recursos roza esa cifra en invierno por la calefacción con electricidad.
En energía eléctrica, la tarifa se compone del precio que perciben las generadoras, y los márgenes para transportistas y distribuidoras. El valor de la generación está subsidiado para todo el país de modo que cuando se decida eliminar subsidios en ese tramo, el impacto será para todas las jurisdicciones. Uno de los problemas es que aun con ese precio subvencionado, varias provincias cobran tarifas entre siete y ocho veces más altas que Edenor y Edesur dependientes de la administración nacional, de modo que se achica el espacio político para eliminar el beneficio. Por otra parte, muchas de esas provincias no pagan la energía, estimándose que la deuda de las empresas del interior supera $ 8 mil millones, por lo cual es mayor el desafío de llevar el precio a un número cercano a los costos.
Con las facturas de gas, el criterio oficial es que los consumidores paguen el verdadero precio del producto, considerando la incidencia del importado en la oferta. Para la primera etapa, se duplicaría el valor del gas local y se darían mejoras a transportistas y distribuidoras, sobre todo a éstas últimas para que paguen en fecha a las petroleras.
Considerando los tres segmentos que componen la factura de gas, se estima que los valores finales terminarán prácticamente duplicados. Pero en esto tampoco el panorama es sencillo: la suba de gas que aplicó el anterior Gobierno desde abril de 2014 no alcanzó a la industria y exceptuó a los hogares de la Patagonia, más otros lugares de bajas temperaturas del interior del país. La incógnita es si la tarifa de gas para las empresas sumará un ajuste similar al que tuvieron los hogares y el que se viene ahora. También qué hará el Gobierno con la Patagonia.
Además de las presiones que pueden esperarse desde el lado industrial, el Gobierno debería llamar a audiencia pública para convalidar un aumento en el precio del gas en yacimiento. De hecho hay todavía algunas provincias y varias localidades del país donde medidas de la Justicia frenaron las subas de 2014 con el argumento de que no fueron tratadas en audiencia pública, por lo cual el Gobierno tendría que destrabar esas situaciones llamando a un debate que incluya los ajustes de 2014 y los nuevos.
PRECIO DEL GAS
Cumplido ese paso, el precio local del gas pasaría desde un promedio de u$s 2,50 a u$s 5 por millón de btu (unidad de medida), pero estaría lejos todavía de lo que el Estado reconoce a las petroleras por el gas nuevo con relación a 2012 (u$s 7,50), de lo que se paga a Bolivia por el importado (alrededor de u$s 10) y de lo que cuesta el GNL que se regasifica en los buques de Ingeniero White y Escobar (más de u$s 14).
En el mediano plazo, si se busca llegar un precio en tarifas que sea real, deberá medirse qué cantidad de cada gas participa en la oferta, y dirimirse si el valor del importado lo tienen que asumir todos los usuarios, o si debe reservarse a los hogares el gas local, considerando que la ley de marco regulatorio les da prioridad en el abastecimiento.
La política con YPF también se irá modificando de a poco. El proyecto es que la petrolera con mayoría estatal se autofinancie y no necesite medidas especiales del Gobierno para sostenerse. Pero con el precio del petróleo alrededor de u$s 40 como actualmente, ese criterio llevaría a postergar el plan del autoabastecimiento y continuar importando, o incluso hacerlo más que hasta ahora porque sería más económico comprar afuera que producir localmente, aunque esto tendría el efecto colateral de impactar fuertemente en las provincias productoras.
