(BAE) – Aun en caso de tarifazo, el sistema eléctrico necesitará financiamiento público para mejorar su calidad. Funcionarios de Energía calculan un lustro de inversiones anuales de $400 millones para volver al nivel cualitativo de principios de los 2000.

Por Cledis Candelaresi – Si por ideología o capricho Mauricio Macri quisiera marginar al Estado de la gestión del debilitado sistema eléctrico hoy no podría hacerlo. Sus hombres de más confianza en el área hace tiempo que postulan un rol público protagónico, tanto en la planificación como en el financiamiento de la red.

Después de la crisis eléctrica de fines del 2013, el consultor y actual secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, tuvo varias reuniones de asesoramiento con el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y actual Presidente.

En esos cónclaves, el experto insistió en un diagnóstico que el Gobierno no puede ignorar a la hora de dar por finalizado el sistema “subsidiario”, por el que gran parte de los usuarios pagan menos de un tercio de lo que cuesta producir la energía que consumen.

Antes de volver a poner un pie en una oficina pública – que conoció como subsecretario de Carlos Menem y secretario de Fernando de la Rúa—Sruoga ya estaba convencido de que había que dar un giro drástico a la política del sector, sobre la base de que, medida en dólares, la electricidad cuesta alrededor de 5 veces lo que a principios de los 2000 y su calidad empeoró unas 3.

Sobre este diagnóstico el Gobierno se encamina hoy a reformular un régimen que limitará el subsidio sólo para un segmento minoritario de la población, forzando al resto a pagar lo que realmente cuesta el servicio.
¿Pero cuál es ese valor realmente?…

Otro funcionario neurálgico del ministerio de Energía y Minería conducido por Juan José Aranguren, también advirtió antes de asumir sus actuales responsabilidades sobre la envergadura de ese número.

Andrés Chambouleyron, secretario de Política Tarifaria, hace apenas tres meses alertaba en público sobre la necesidad de que las empresas energéticas tengan ingresos suficientes no sólo para cubrir sus costos operativos sino para invertir.

En el mismo trabajo que presentó en septiembre en Córdoba, durante el seminario  aniversario de la Fundación Mediterránea, el especialista destacó que en electricidad, desde los 2000 el nivel de inversión derrapó un 40%, mientras que las tarifas cayeron un 74%.

El sistema cruje ante cada pico térmico porque la generación queda al límite de su aporte y porque la infraestructura de la distribución ya no puede atender tanta exigencia sin colapso. De ahí que se programen cortes para evitarlo.

El nuevo concepto de ingresos necesarios, según Chambouleyron, implica sustituir el “subsidio fiscal” (cubre la parte del costo que el usuario no afronta con su factura) por el “subsidio económico”, que incluya también fondos para obras.

De sostenerse el esquema actual de subvenciones a la generación y distribución (a través de Cammesa el Estado paga la mayor parte de lo que cuesta generar, financia expansión de redes y parte de costos operativos de las distribuidoras), el esfuerzo fiscal para este fin debería aumentar geométricamente.

Plata del Estado para recuperar calidad

Para que el sistema tenga el mismo nivel de calidad de hace tres lustros, Chambouleyron calcula que deberían desembolsarse 400 millones de dólares anuales durante los próximos cinco años.

En uno de sus últimos informes, el actual funcionario destacó que en la década que va del 2004 al 2014 la frecuencia de los cortes a los usuarios para paliar déficit del sistema aumentó 125% y su duración un 261%. Cuadro similar al que pinta Sruoga, su colega del equipo.

El mismo especialista que hizo sus primeras armas en la Fundación Mediterránea está convencidísimo de que el recorte a las subvenciones energéticas debe hacerse de manera gradual y erradicarlas llevaría no menos de cuatro años. Lo contrario resultaría contraproducente, ya que el salto tarifario sería tan abrupto que resultaría económicamente indigerible.

Sea cual fuere la fórmula elegida para eliminar los subsidios no hay posibilidades de que el Estado se libere de la carga de inmediato.

Varias de las empresas del rubro tienen sus balances tan complicados que no son sujeto de  crédito y no lo serían a corto plazo ni en el caso de un abrupto tarifazo. Eso obliga a que la caja pública siga afrontando las obras para sostener la red, incluso con un ajuste para cubrir costos operativos, per se o consiguiendo préstamos de organismos multilaterales como el Bid o el Banco Mundial.

El equipo oficial analiza otra pata de esa fórmula de asistencia financiera para que esos préstamos no estén “activados” en los balances de las compañías, a fin de no comprometerelas. Un buen desafío contable y político.

El secretario de Energía Eléctrica también postula que el Estado debe tener una presencia importante pero elaborando un plan integral y regulando.

Según le explicó más de una vez al Macri candidato, hay que darle a las empresas la oportunidad de volver a asumir riesgos empresarios, esos que el esquema de los últimos años eliminó de facto, ya que la subvención estatal asistía. Pero fijando reglas y controlando que se respeten.

La apuesta de máxima es que, por esta vía, la electricidad finalmente se abarate. No sólo en pesos sino en moneda dura.

Mientras, hay que pasar el verano con picos de demanda que no pueden atenderse sino con apagones. De los programados y de los que sobrevienen, en particular en el sector de baja tensión, y que debe superarse con las labor de plantillas escasas y caras, según los ojos oficiales.

Los trabajadores del rubro fueron migrando del gremio de la construcción (Uocra) al de Luz y Fuerza, lo que implica mejores condiciones para ellos pero mayores costos para los contratistas. El punto está lejos de ser una prioridad del momento, pero es otra preocupación del ministerio de Aranguren.

Alejandro Sruoga

* Ideas fuerza del secretario de Energía Eléctrica:
– Debe haber un Estado fuerte en el rol de planificador estratégico y regulador.
-Reformular el vínculo con las empresas, que deben asumir riesgos.
– Los usuarios deben pagar lo que cuesta el servicio.

Andrés Chambouleyron

* Tips del secretario de Política Tarifaria de Energía:
– El recorte de los subsidios debe ser gradual, en no menos de cuatro años.
-La nueva tarifa final debe contemplar cómo cubrir inversiones.
-Pero por los próximos años, el  Estado será quien las financie.