(El Cronista) – Juan Bosch, Presidente de SAESA – La reglamentación de la Ley 27.191 de Energías Renovables, contenida en el decreto 531/2016 del pasado 01 de abril, pone en agenda un tema de actualidad mundial e importancia superlativa para Argentina.

Incorporar la oferta de recursos «limpios» (eólicos o solares) ante un sistema energético en crisis, era una asignatura pendiente. Nuestro país venía rezagado al respecto, detrás de Uruguay, Chile y Brasil, por mencionar algunos casos regionales.
La reciente instrumentación de la norma abre el camino hacia una diversificación de matriz y define los primeros pasos a la transformación: a partir del 201, el 8% de la energía que consuman los Grandes Usuarios –más de 8.000 empresas, de las cuales un 75% son PyMes– deberá provenir de fuentes alternativas. Porcentaje que se eleva a 20% para 2025. La misma reglamentación incluye un punto clave: la creación de un Fondo Fiduciario de Energías Renovables por
$ 12.000 millones destinados a financiar los proyectos de generación que contemplen la venta de energías no contaminantes. A su vez, el Estado convocará de inmediato las primeras licitaciones en bloques escalonados, a fin de dar tiempo a que se sumen la mayor cantidad de oferentes con propuestas competitivas.
En el actual marco normativo, los Grandes Usuarios, tienen la posibilidad (hasta ayer no la tenían) de elegir a su proveedor, gestionando por sí mismos la compra de energía renovable a un privado –generador o trader– en condiciones más flexibles y precios más competitivos que los que ofrece el Estado. Esto les permitirá empezar a proyectar un esquema de costos previsible y prescindir de combustibles importados o escasos.
La nueva ley, sancionada en septiembre de 2015 por unanimidad en ambas Cámaras, nació fuerte: cuenta con el respaldo político que le otorga un consenso legislativo mayoritario y, a la vez, con un pulso ejecutivo dinámico desde la flamante Subsecretaría de Energías Renovables, cuyo titular, el Ingeniero Sebastián Kind, es uno de los principales impulsores de la norma.
Con precios cada día más competitivos, las energías renovables cobran aún mayor importancia en el marco de la reciente reducción de subsidios que viene aplicando la Administración Nacional. Simultáneamente, al reemplazar al gasoil (entre otros combustibles importados y costosos que implican salida de divisas) las llamadas ‘energías verdes’ aseguran un abastecimiento confiable a largo plazo, generan mano de obra calificada e inciden positivamente en el desarrollo de la industria nacional, en particular de las pymes, así como en la cadena de valor de bienes y servicios.
La ley 27.191 es ya, en rigor, una Política de Estado; expresa determinación frente al colapso energético, pero también un desafío de interés público, de cara al futuro, que apela a recursos propios, al viento y al sol argentinos, en sustitución de fuentes importadas costosas y contaminantes. Su reglamentación marca el rumbo hacia una matriz energética sustentable y competitiva, integradora del conjunto de la economía productiva, del desarrollo industrial, del trabajo y del consumo.
Finalmente, en línea con la cumbre climática de París –suscripta en diciembre de 2015 por Argentina junto a otras 194 naciones– la nueva ley canaliza una coyuntura nacional transformándola en oportunidad, a la luz de las posibilidades y responsabilidades globales del siglo XXI.