(Diario Junin) – La justicia de Pergamino ordenó a la provincia de Buenos Aires suspender el cobro de dos impuestos sobre las facturas de luz que imponen erogaciones del 15,5 por ciento sobre el total del consumo.

El fallo fue dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo de Pergamino, que estableció una medida cautelar suspendiendo el cobro de los tributos hasta analizar la cuestión de fondo.
Se trata de los impuestos creados por las leyes Nº 7.290/67 y Nº 9.038/78, y que establecen contribuciones adicionales al costo de la energía eléctrica. La primera de ellas grava el consumo eléctrico en un 10 por ciento para conformar el “Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico de la provincia de Buenos Aires”. En tanto, el decreto-ley 9038 dispone el cobro del 5,5 por ciento del total consumido para el financiamiento de la Central de Acumulación por Bombeo en Laguna La Brava-Central Luis Piedrabuena, que fue inaugurada en 1988.
El juzgado consideró que los impuestos impugnados “prima facie parecerían estar en colisión con normas superiores y principios básicos del Derecho Tributario”, hecho que “impone una protección rápida y expeditiva a través de este despacho cautelar”. En ese sentido, dispuso “disponer cautelarmente al fisco de la Provincia se abstenga de percibir –por sí o por terceros- el cobro de dichos tributos, ni exigir a los agentes de retención el importe equivalente a las sumas no percibidas por dichos conceptos”.
Para reforzar esta posición, el fallo cita el artículo 51 de la Constitución Provincial, que sostiene que “ningún impuesto establecido o aumentado para sufragar la construcción de obras especiales, podrá ser aplicado interina o definitivamente a objetos distintos de los determinados en la ley de su creación, ni durará por más tiempo que el que se emplee en redimir la deuda que se contraiga”.
Si bien en el fallo original la medida cautelar alcanzó a cuatro usuarios de la Cooperativa Eléctrica limitada de Pergamino (entre ellos un concejal) que habían realizado la presentación original, el juzgado decidió ampliarlo a toda la población bonaerense tras una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense.
De este modo, la Provincia de Buenos Aires debería dejar de cobrar en las boletas de luz los dos impuestos cuestionados, que en conjunto representan un gravamen del 15,5 por ciento sobre el total del consumo de electricidad.
Fuentes oficiales señalaron que la Provincia ya fue notificada del fallo, y aunque aún no se ha expresado al respecto, la Fiscalía de Estado analizaría apelar la decisión, pidiendo suspender la prohibición hasta tanto la justicia analice la situación de fondo. No es una cuestión menor: según cálculos extraoficiales, en 2015 el Ejecutivo bonaerense recaudó cerca de 600 millones de pesos por estos tributos.

EL CASO
La presentación que inició la demanda fue realizada por los concejales Ramiro Llan de Rosos y Carlos Elizalde (integrantes del bloque Juntos por Pergamino) junto a otros dos usuarios, a los que originalmente la justicia les concedió la suspensión del pago de los impuestos, luego ampliada al resto de la provincia.
En la demanda, los denunciantes indicaron que “la aplicación a la fecha de lo establecido en las normas impugnadas incrementan arbitrariamente facturaciones que contienen valores irrazonables, abusivos, arbitrarios y manifiestamente ilegales”. Además, recordaron que en el caso de ambos tributos “el objeto/fin para el cual fueron implementados esos tributos a la fecha no resultan vigentes, circunstancia esta que hace a la irrazonabilidad de las mismas”.
El cobro de los impuestos fue cuestionado durante años por organizaciones defensoras de los consumidores, teniendo en cuenta que los destinos para los que fueron creados ya no existen, y que los fondos pasan a formar parte de “Rentas Generales”.
En los últimos meses, diputados del kirchnerismo y del Frente Renovador presentaron proyectos para derogar los impuestos, pero las normas no prosperaron hasta la fecha.
Los reclamos se inscriben también en la movida iniciada por clubes de barrio e instituciones comunitarias que reclaman la aplicación de una “tarifa social” que los resguarde de los aumentos en las tarifas de luz y de gas.
En esa línea, ayer la jueza federal de San Martín Martina Forns dispuso una medida cautelar que frena el aumento del servicio eléctrico al Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced, ubicado en la localidad bonaerense de Martín Coronado.